Es una tendencia que, para el presidente Enrique Peña Nieto, representa mucho más que un vapuleo de la estrategia para combatir al crimen organizado. También es un reto fundamental a la narrativa principal de su gobierno: que México se mueve en el sentido opuesto a la violencia y la inseguridad.
El crimen organizado ha diversificado sus formas de reclutamiento. Las autoridades en Jalisco descubrieron que un cartel del narcotráfico publicaba anuncios a través de Facebook donde ofrecía trabajo como encuestadores, escoltas, guardias de seguridad o policías locales.
De figura alta y voz parsimoniosa, el doctor Mireles desarrolla una suerte de radiografía de uno de los principales problemas que vive día con día la población mexicana: el contubernio de las autoridades de la clase política con diversos grupos y sectores del crimen organizado.
La burbuja ha estallado y la mayoría de los consultados para este reportaje exige el anonimato. Es el caso de la propietaria de otro establecimiento de lujo que resume así la situación: "Antes esto era como una isla. Ahora estamos como en el resto de la República. Ya llegaron".
"En coordinación con la Secretaría de Marina se aseguraron armas de fuego, como resultado del enfrentamiento en casa de seguridad del Bukanas en Esperanza", agregó, mientras una fuente de la Fiscalía de Puebla adelantó que entre los muertos no estaría el líder de la banda.
Cinco personas fueron asesinadas en dos tiroteos el domingo en la Ciudad de México, según datos de autoridades, en medio de un creciente número de muertes en la capital, que se había mantenido relativamente aislada de la violencia criminal que azota a otras partes del país.
La violencia sigue en ascenso. En mayo se registraron 2.191 asesinatos y un mes más tarde, 43 casos más. El récord se batió por segundo mes consecutivo. El incremento también se ha reflejado en el número de secuestros: 100 casos en mayo frente a 108 de junio. Las extorsiones disminuyeron.
La encarnizada guerra entre las organizaciones delictivas que luchan por el control de las rutas del narcotráfico ha alcanzado a la capital de México, en medio de inusuales hechos de violencia y cifras récord en homicidios. Entre abril y junio casi 300 personas fueron asesinadas en la Ciudad.
Ocho presuntos delincuentes han muerto, entre ellos su líder. En un comunicado divulgado por la tarde, la Marina ha explicado que los criminales les atacaron y ellos se limitaron a contestar. A falta de conocer el listado completo, las autoridades han confiscado "diversas armas largas".
El Observatorio Nacional Ciudadano, que en mayo pasado informó que el primer trimestre de 2017 se había convertido en el más convulso desde que se tiene registro, señaló que la situación no tiene precedente en los últimos 20 años, desde que se contabilizan las estadísticas criminales.
"Prepárense porque miles de presos estarán de vuelta a las calles en los próximos días", dijo el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. En una ciudad con graves problemas de seguridad, la advertencia sonó como una amenaza y la llegada del Agamenón delincuencial a la capital.
El espionaje forma parte de lo que los investigadores califican como una campaña de acoso e interferencia que, acusan, obstaculizó sus indagatorias sobre el caso de 43 estudiantes que desaparecieron tras enfrentamientos con la policía en 2014 y cuyos cuerpos fueron presuntamente incinerados.
Abonados al discurso de la culpa no es solo mía', el Gobierno de México y el del Estado de Guerrero tratan de imponer su relato en la masacre de la cárcel de Acapulco. Este jueves, 28 internos murieron en el penal de la ciudad costera. Los mataron otros reos a cuchillazos, navajazos, tablazos.
En tanto, agentes de la fiscalía local realizan trabajos de investigación y de levantamiento de cadáveres en área de la cocina del penal, en un patio y en el área de visitas conyugales, precisaron las autoridades, que en un principio habían informado de cinco muertos.
Cada poco tiempo, una riña o un motín se salen de control. El número de muertos es demasiado alto y las autoridades prometen cambios y reformas. La última vez fue en Nuevo León, en la cárcel de Topo Chico. En febrero de 2016, una riña acabó con casi un centenar de muertos.
La carnicería del penal de Acapulco ocurre apenas un mes después de la última masacre penitenciaria. En junio, internos y custores acabaron a tiros en una cárcel del norte del país. Cuatro reos y tres policías murieron y otros 13 resultaron heridos tras casi un día de enfrentamiento.
Según reportes de prensa, el suceso ocurrió alrededor de las 06:00 hora local en una zona cercana al Triángulo Dorado, un área de difícil acceso aprovechada por narcotraficantes para sembrar, cosechar y procesar marihuana y amapola, situada entre los estados Chihuahua, Sinaloa y Durango.
Hay una explicación de por qué la policía llegó pronto a una región rural y montañosa en la frontera entre Chihuahua y Sonora. La Policía Estatal lleva a cabo, desde hace algunas semanas, un operativo en la zona. En diciembre pasado seis policías del municipio desaparecieron en la comunidad.
Mientras los gobernadores estatales, aglutinados en la Conago, achacan al nuevo sistema penal el aumento de la delincuencia en el país y preparan un paquete de reformas, los magistrados han respondido con contundencia a quienes consideran que se trata de un sistema laxo que favorece el delito.
Los hechos ocurrieron la noche del viernes al sur del estado de Sinaloa, uno de los más violentos del país y sede de uno de los cárteles de la droga más poderosos de México, que en los últimos meses se ha visto debilitado tras la detención y extradición de su líder Joaquín "El Chapo" Guzmán.
