De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se siguieron sin esclarecer el paradero de 34.656 personas, aunque la cifra real es más alta, porque se excluyeron casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas, apuntó AI.
Pero la diferencia más importante es que, en contraste con lo ocurrido hace 11 años, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó su fallida operación anticrimen, ahora no participan ni el ejército y ni la marina, cuyo rol ha sido cuestionado enfáticamente por organizaciones humanitarias.
El Gobierno mexicano negó hoy que haya condiciones para retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, al presentar los resultados del despliegue de policías federales en puntos conflictivos del país desde el pasado lunes.
El gobierno mexicano vuelve a la carga para lanzar una nueva ofensiva contra el crimen, más afinada y precisa que la de 2006, en las ciudades más violentas del país, mediante el despliegue de unos 5,000 efectivos.
La mayoría de los efectivos han sido desplegados en Tijuana, fronteriza con la estadounidense San Diego, y el corredor que une el resort de Los Cabos con La Paz, en el Estado de Baja California Sur que, junto a Cancún, son los destinos turísticos mexicanos que atraen a más extranjeros.
El secretario mexicano de Gobernación, Alfonso Navarrete, informó hoy que más 5,000 integrantes de las fuerzas federales fueron desplegados desde el lunes en distintos puntos conflictivos del país para disminuir los niveles de violencia, sin la participación del Ejército ni la Marina.
México se ha convertido en un verdadero paraíso de tráfico de datos personales, que se venden a diestra y siniestra al mejor postor, lo que ha generado una gran inquietud social y un debate sobre la necesidad de adoptar medidas para enfrentar el tema.
"En los artículos mencionados se establece la obligación de proporcionar la información que genere la CDHDF, administre o tenga en posesión", criticó la presidenta, quien alertó que ello puede poner en riesgo a víctimas de vulneraciones de derechos humanos.
Los primeros datos públicos que hay en la página del Secretariado Ejecutivo sobre homicidios son de 1997. En ese año se contaron 16.866, unos 46 al día. Aquella cifra subió sin piedad hasta llegar a los 61 asesinatos al día de 2011. Muchos creían entonces que la violencia había tocado techo.
México cerró 2017 con 25.339 homicidios dolosos, una cifra insólita en dos décadas que supone un aumento del 18,91 % respecto al año anterior y que muestra, de acuerdo con expertos consultados por Efe, la debilidad del modelo de seguridad y de las instituciones del Estado.
Cientos de personas se manifestaron hoy en diferentes puntos del mexicano estado de Guerrero para pedir la puesta en libertad de los policías comunitarios detenidos tras los hechos de violencia ocurridos en el sureño municipio de Acapulco que dejaron 11 muertos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México admitió hoy a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el municipio de San Pedro Cholula, en el central estado de Puebla, contra la polémica Ley de Seguridad Interior, por considerar que viola su autonomía.
La extradición de Roberto Borge, exgobernador del estado de Quintana Roo acusado de corrupción, es positiva pero despierta sospechas entre la ciudadanía, que relaciona el suceso con el afán de limpiar la imagen del oficialismo previo a los comicios de mediados de 2018.
Las armas entran a un ritmo vertiginoso y creciente a México, sin que nadie sea castigado, a pesar de que, a diferencia de Estados Unidos, donde rige un sistema legal permisivo, en este país hay una restricción casi absoluta en la materia.
Así lo adelantó el senador Luis Sánchez, coordinador de la bancada perredista, quien dijo que incluso apelará a los senadores del Partido de Acción Nacional e independientes que votaron contra esa legislación, cuyos detractores afirman militariza el país.
Este mismo martes, José Antonio Meade, aspirante a la candidatura presidencial del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó la "inconsistencia de quienes le regatean a las Fuerzas Armadas su apoyo y regatean a los gobernadores el apoyo a las Fuerzas Armadas".
El impacto de la violencia fue de 156.234 millones de dólares en 2016 que en su mayor representa el negocio del narcotráfico, lo que equivale a cerca del 18 % del PIB en México o lo que es lo mismo a 1.279 dólares por persona, según el informe Índice de la Paz México 2017.
