Pero la diferencia más importante es que, en contraste con lo ocurrido hace 11 años, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó su fallida operación anticrimen, ahora no participan ni el ejército y ni la marina, cuyo rol ha sido cuestionado enfáticamente por organizaciones humanitarias.
México, Canadá y Estados Unidos acordaron hoy dar prioridad al combate a las organizaciones criminales trasnacionales en una reunión en la que defendieron además que no pueden permanecer "indiferentes" ante la crisis de Venezuela.
El Gobierno mexicano negó hoy que haya condiciones para retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, al presentar los resultados del despliegue de policías federales en puntos conflictivos del país desde el pasado lunes.
El gobierno mexicano vuelve a la carga para lanzar una nueva ofensiva contra el crimen, más afinada y precisa que la de 2006, en las ciudades más violentas del país, mediante el despliegue de unos 5,000 efectivos.
La mayoría de los efectivos han sido desplegados en Tijuana, fronteriza con la estadounidense San Diego, y el corredor que une el resort de Los Cabos con La Paz, en el Estado de Baja California Sur que, junto a Cancún, son los destinos turísticos mexicanos que atraen a más extranjeros.
El proceso que devuelve a Javier Duarte a la sala de audiencias es solo el primero de más de 60. La Procuraduría General de la República ha recibido decenas de denuncias en su contra durante el último año y medio, la mayoría de parte de la Auditoría Superior de la Federación, ASF.
En seis años, las autoridades periciales han hallado más de 343 fosas clandestinas en la entidad enclavada a lo largo del Golfo de México. Allí, enterrados sin nombre y con marcas de la inmutable violencia, han sido encontrados 225 cuerpos. Solo 111 personas han sido identificadas por sus familias.
Los agentes, que podrían estar encubiertos en un principio, portarían armas conocidas como "taser", que emiten una fuerte descarga eléctrica inmovilizadora, y sólo viajarían en vuelos comerciales y de aerolíneas estadounidenses, precisó Sales.
El secretario mexicano de Gobernación, Alfonso Navarrete, informó hoy que más 5,000 integrantes de las fuerzas federales fueron desplegados desde el lunes en distintos puntos conflictivos del país para disminuir los niveles de violencia, sin la participación del Ejército ni la Marina.
El portavoz estatal de Seguridad, Roberto Álvarez, explicó que alrededor de las 23.00 hora local del domingo fue reportado un supuesto ataque a una patrulla de la Policía Municipal de Chilpancingo, capital de Guerrero, en cuyo interior había dos personas sin vida.
Migrantes económicos y refugiados por la violencia se enfrentan a constantes violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas y, a menudo, se ven abocados a un limbo económico al disponer de una visa humanitaria que les impide trabajar legalmente.
Desde el lunes, Reynosa, en el Estado de Tamaulipas, sufre los embates de la guerra que mantienen grupos criminales por el control de la plaza. Es una situación que se repite periódicamente, camionetas llenas de hombres armados, agarrándose a tiros por toda Reynosa.
"Si ustedes prometieron no dañar a las familias, éste es uno de los daños más grandes que puede existir después de no saber de nuestros seres amados", dijeron los autores del texto, difundido a través de los medios de comunicación.
Pemex no respondió a preguntas detalladas de Reuters sobre los cárteles y el robo de combustible. Reuters preguntó sobre el impacto de los cárteles en las refinerías, las medidas de seguridad de Pemex y cómo la empresa responde a la extorsión y la violencia contra sus empleados.
"El 75 % de esos homicidios fueron ejecuciones del crimen organizado, relacionados con la lucha de 'plata y plomo' por el control de territorios. 2017 cierra con 18.989 ejecuciones del crimen organizado, un alza de 55 % con respecto del año anterior", destacó la ONG en un comunicado.
Los primeros datos públicos que hay en la página del Secretariado Ejecutivo sobre homicidios son de 1997. En ese año se contaron 16.866, unos 46 al día. Aquella cifra subió sin piedad hasta llegar a los 61 asesinatos al día de 2011. Muchos creían entonces que la violencia había tocado techo.
México cerró 2017 con 25.339 homicidios dolosos, una cifra insólita en dos décadas que supone un aumento del 18,91 % respecto al año anterior y que muestra, de acuerdo con expertos consultados por Efe, la debilidad del modelo de seguridad y de las instituciones del Estado.
"Es un pueblo agradable. Puedes recorrerlo caminando durante el día o la noche. Es muy bonito", comentó en agosto Guillermo Valdés, exdirigente de la agencia nacional de inteligencia mexicana. "Se encargan ellos mismos".
En junio del 2016 se acabó de instaurar esta normativa -acompañada de una inversión solo a nivel federal de unos 20,000 millones de pesos que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, celebró como un logro decisivo para cambiar la cara de la justicia en el país.
El principal organismo de derechos humanos en México dijo el jueves que pidió investigar la detención, desaparición y ejecución extrajudicial de cuatro personas, presuntamente a manos de efectivos de las fuerzas de seguridad en un violento estado del norte del país.
