La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México enfatizó hoy que deben agotarse todas las líneas de investigación sobre la desaparición de 43 alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa, tras el anuncio de la Fiscalía de que tiene pruebas sobre el móvil del crimen.
La audiencia que puso cierre al 167 periodo de sesiones trató el indulto de Fujimori y en ella la comisionada de la CIDH, Margarette May Macaulay, dijo entender que las víctimas del expresidente peruano perciban su indulto como "una bofetada" propinada por el Estado.
El fiscal mexicano Alfredo Higuera, responsable de la investigación del caso Ayotzinapa, dijo hoy en Bogotá tener pruebas que aclaran las razones del crimen de 43 estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, si bien aclaró que no puede hacerla pública todavía.
El Gobierno mexicano participará este viernes en dos audiencias públicas del 167 periodo de sesiones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra en Bogotá, en las que se tratarán los temas de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y de la Ley de Seguridad Interior.
El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, fue elegido en el cargo durante nueve años (2016-2025) para llevar algo de luz a un lugar quebrado socialmente, donde cientos de madres recorren cada día hospitales, morgues y las casi 400 fosas abiertas, en busca de sus hijos.
Francesco Russo negó que su padre, Raffaele, de 60 años, utilizara documentos falsos durante su permanencia en México, y reiteró que los tres napolitanos se encontraban en ese país para vender generadores eléctricos. "Que Italia se mueva, que nos digan en dónde están.
Una juez ordenó el 8 de febrero la detención de 31 personas -toda la cúpula policial del Estado- al conocer las pruebas, principalmente notas internas entre los policías, las declaraciones de arrepentidos y el testimonio de la única persona que escapó de la siniestra Academia.
Las cifras colocan al mes pasado con un incremento del 13,6% en las víctimas de homicidios respecto al mismo mes de 2017, según las estadísticas publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la instancia que mide la incidencia delictiva.
Policías de la comunidad mexicana de Tecalitlán están bajo investigación a raíz de que familiares de tres italianos denunciaron que desaparecieron después de que los detuvieron uniformados de esa región, informó este martes la fiscalía regional.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se siguieron sin esclarecer el paradero de 34.656 personas, aunque la cifra real es más alta, porque se excluyeron casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas, apuntó AI.
"Se están pidiendo antecedentes a Italia de todos ellos, no solamente de los tres desaparecidos, sino de las tres personas que andaban con ellos, tenemos conocimiento que (en total) eran seis", dijo el fiscal estatal, Raúl Sánchez, en conferencia de prensa.
Sostuvo que todavía no se puede "descartar ni afirmar" si la desaparición de los italianos se relaciona con el crimen organizado que opera en el sur de Jalisco, zona donde se ha decomisado droga y desmantelado varios laboratorios clandestinos en los últimos meses.
La oficina del fiscal general no mencionó si sospechaba de un asesinato. La organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras (RSF) ha señalado a México como el país más peligroso para los periodistas en el Hemisferio Occidental.
Estas listas fueron la esencia de un importante debate, resuelto esta semana en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un debate sobre la legalidad y, más aún, la constitucionalidad de la norma que las ampara, un artículo del Código Fiscal de la Federación.
Fueron 87 casos del fuero común y 58 federales en los que se indagó la participación de oficiales del Estado en la desaparición de personas, de acuerdo con documentos oficiales de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría General de la República (fiscalía nacional).
En este reporte los investigadores citan los registros de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que revelan que, entre 2011 y 2016, al menos 106,000 armas fabricadas en Estados Unidos estuvieron vinculadas con actividades delictivas en México.
En seis años, las autoridades periciales han hallado más de 343 fosas clandestinas en la entidad enclavada a lo largo del Golfo de México. Allí, enterrados sin nombre y con marcas de la inmutable violencia, han sido encontrados 225 cuerpos. Solo 111 personas han sido identificadas por sus familias.
Los primeros datos públicos que hay en la página del Secretariado Ejecutivo sobre homicidios son de 1997. En ese año se contaron 16.866, unos 46 al día. Aquella cifra subió sin piedad hasta llegar a los 61 asesinatos al día de 2011. Muchos creían entonces que la violencia había tocado techo.
"El asesinato del periodista y profesor de periodismo Carlos Domínguez nos entristece a todos. Para cambiar esta historia en Tamaulipas -uno de los estados más mortíferos para comunicadores en México- debe investigarse en línea con su actividad periodística", indicó Lanza en Twitter.
México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En 2017, fueron asesinados 12 comunicadores, lo que elevó a 39 los homicidios de periodistas en lo que va de la Administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
