La Procuraduría General de la República Mexicana (PGR, Fiscalía) informó hoy que asume la investigación sobre la desaparición forzada de 28 personas, presuntamente cometida por miembros de la Marina en el noreste de México.
La ONU tiene "fuertes indicios" de que las fuerzas de seguridad mexicanas estuvieron involucradas en la desaparición de veintitrés personas en la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado norteño de Tamaulipas.
Una noche de marzo, Daniel Trejo, un mecánico de autos que vivía en una zona de México fronteriza con Estados Unidos, fue sacado violentamente de su casa por presuntos marinos armados. Aquella fue la última noche en que su esposa lo vio.
La Unesco condenó hoy los asesinatos de los periodistas mexicanos Héctor González Antonio y Alicia Díaz González y manifestó su esperanza en que las autoridades investiguen lo sucedido y lleven ante la justicia a los responsables.
El Gobierno mexicano anunció hoy que reunirá las investigaciones vinculados a la denuncia del Alto Comisionado de la ONU sobre la presunta desaparición de al menos 23 personas en Nuevo Laredo, noreste del país.
El Gobierno mexicano afirmó hoy que abrió una investigación por la ola de desapariciones forzadas en el estado de Tamaulipas denunciada por la ONU, y defendió su actuación porque no se puede atender la inseguridad "al margen de la ley".
Jessica Molina, una ciudadana estadounidense, y su marido, José Daniel Trejo García, viven en Laredo, Texas, pero en marzo cruzaron la frontera para que él se sometiera a una intervención quirúrgica.
La Organización de las Naciones Unidas condenó hoy el asesinato de la reportera Alicia Díaz González e instó a las autoridades mexicanas a determinar el motivo del homicidio, que podría haber por su labor periodística o por ser mujer.
Las conmemoraciones por el primer aniversario del asesinato de Javier Valdez, reconocido periodista especializado en narcotráfico, se vieron empañadas hoy por un nuevo homicidio contra un reportero, lo que incrementa la sensación de impunidad y de falta de protección de los informadores en México.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en 2014, volvió a enfrentar al gobierno de México y a la Organización de las Naciones Unidas, cuyo exrelator Juan Méndez lo calificó como un "caso envenenado".
El gobierno de México chocó de nuevo con las Naciones Unidas sobre el tema de los derechos humanos, como lo ha hecho varias veces en los últimos meses, pero ésta vez el tema es altamente sensible, porque se trata del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.
"El proceso ha sido marcado no solo por la falta de voluntad política de investigar debidamente, sino también por las acciones violatorias del Estado mexicano para alejar la justicia y la verdad acerca de lo ocurrido", cita la organización con sede regional en Costa Rica.
El informe de la ONU que denuncia que al menos 34 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron torturados expone el "uso generalizado" de esta práctica en México, así como la manipulación de pruebas, señaló hoy Amnistía Internacional
Según el comunicado, en varias reuniones con esta oficina de las Naciones Unidas, el Gobierno de México compartió "consideraciones y puntualizaciones importantes" sobre el contenido del reporte, tanto por su "metodología" como por los "vacíos de información" que contiene.
"Estaba como unos cinco o diez metros se encontraba el Chiquis, igual lo estaban torturando con la bolsa hasta que escuché ya valió madre, ya valió madre, este no aguantó, se me ahogó'", refirió Eury Flores López, uno de los detenidos, en su declaración del 31 de octubre de 2015.
En estos cinco años, los grupos de autodefensa que se formaron en ese y otros estados han sido cooptados, desmovilizados y varios de sus integrantes detenidos, con contadas excepciones. ¿Tomar las armas sirvió para cambiar algo?
"En los artículos mencionados se establece la obligación de proporcionar la información que genere la CDHDF, administre o tenga en posesión", criticó la presidenta, quien alertó que ello puede poner en riesgo a víctimas de vulneraciones de derechos humanos.
Los primeros datos públicos que hay en la página del Secretariado Ejecutivo sobre homicidios son de 1997. En ese año se contaron 16.866, unos 46 al día. Aquella cifra subió sin piedad hasta llegar a los 61 asesinatos al día de 2011. Muchos creían entonces que la violencia había tocado techo.
Para el grupo de expertos, la creación de fiscalías especializadas debe dar lugar en adelante a "estrategias eficaces y no fragmentadas" de investigación para que los responsables respondan ante la justicia y se termine con la impunidad.
La extradición de Roberto Borge, exgobernador del estado de Quintana Roo acusado de corrupción, es positiva pero despierta sospechas entre la ciudadanía, que relaciona el suceso con el afán de limpiar la imagen del oficialismo previo a los comicios de mediados de 2018.
