Una noche de marzo, Daniel Trejo, un mecánico de autos que vivía en una zona de México fronteriza con Estados Unidos, fue sacado violentamente de su casa por presuntos marinos armados. Aquella fue la última noche en que su esposa lo vio.
La investigadora Carolina Robledo Silvestre afirmó hoy que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa permitió "abrir los ojos" sobre el tema de la desaparición forzada en México, y permitió comprender el fenómeno con más precisión.
El Gobierno mexicano anunció hoy que reunirá las investigaciones vinculados a la denuncia del Alto Comisionado de la ONU sobre la presunta desaparición de al menos 23 personas en Nuevo Laredo, noreste del país.
El Gobierno mexicano afirmó hoy que abrió una investigación por la ola de desapariciones forzadas en el estado de Tamaulipas denunciada por la ONU, y defendió su actuación porque no se puede atender la inseguridad "al margen de la ley".
Jessica Molina, una ciudadana estadounidense, y su marido, José Daniel Trejo García, viven en Laredo, Texas, pero en marzo cruzaron la frontera para que él se sometiera a una intervención quirúrgica.
El 70% de las desapariciones de menores de edad en México durante la "guerra" al narcotráfico iniciada en 2007, ocurrieron durante la administración del actual presidente, Enrique Peña Nieto, según un informe publicado con motivo del Día Internacional de Niños y Niñas.
Una fría noche de diciembre de 2009, tres integrantes de una familia fueron secuestrados en el estado de Chihuahua por un grupo de hombres armados que vestían uniforme militar, y nunca se les volvió a ver.
Los familiares de tres supuestas víctimas de desaparición forzada a manos de aparentes militares en el marco de la lucha contra el narcotráfico en México pidieron hoy justicia, en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El movimiento estudiantil que surgió tras la desaparición y posterior asesinato de tres estudiantes de cine en Jalisco, oeste de México, ha sensibilizado al país por la gravedad de la crisis de desapariciones de miles de personas.
La tragedia de los tres estudiantes de cine que murieron a manos del crimen organizado en Jalisco pone a México de nuevo ante una de sus peores pesadillas. Los jóvenes aspirantes a cineastas fueron secuestrados, torturados, asesinados y disueltos en ácido mientras grababan una tarea escolar.
Los tres estudiantes desaparecidos en marzo, cuyos cuerpos fueron disueltos en ácido, son las últimas víctimas de la lucha entre distintos grupos del crimen organizado en México y la violencia resultante ha provocado la desaparición de más de 30,000 personas en todo el país en la última década.
Organizaciones de derechos humanos y el Gobierno mexicano condenaron y lamentaron hoy la noticia de que los tres estudiantes de cine desaparecidos en el estado de Jalisco hace poco más de un mes, fueron asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido.
"En esta película de infierno que estamos viviendo no vamos a jugar el papel de víctimas pasivas ni nos vamos a quedar de brazos cruzados", dijo el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina en una conferencia de prensa.
En su informe anual sobre Derechos Humanos elaborado por el Departamento de Estado, Estados Unidos volvió hoy a denunciar la corrupción y la violencia de las fuerzas de seguridad mexicanas, aunque alabó al actual Gobierno por la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.
El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina, denunció en una rueda de prensa que Susana Carolina Gutiérrez Flores, César Ulises Arellano Camacho y Misael Alejandro "no han sido localizados por sus familiares y se desconoce su paradero".
"Estaba como unos cinco o diez metros se encontraba el Chiquis, igual lo estaban torturando con la bolsa hasta que escuché ya valió madre, ya valió madre, este no aguantó, se me ahogó'", refirió Eury Flores López, uno de los detenidos, en su declaración del 31 de octubre de 2015.
Los ministros que integran el máximo órgano de justicia aprobaron por mayoría de votos que las revisiones a personas y vehículos por parte de agentes de la Policía sin que haya una orden escrita son constitucionales.
El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, fue elegido en el cargo durante nueve años (2016-2025) para llevar algo de luz a un lugar quebrado socialmente, donde cientos de madres recorren cada día hospitales, morgues y las casi 400 fosas abiertas, en busca de sus hijos.
Una juez ordenó el 8 de febrero la detención de 31 personas -toda la cúpula policial del Estado- al conocer las pruebas, principalmente notas internas entre los policías, las declaraciones de arrepentidos y el testimonio de la única persona que escapó de la siniestra Academia.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se siguieron sin esclarecer el paradero de 34.656 personas, aunque la cifra real es más alta, porque se excluyeron casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas, apuntó AI.
