Un magistrado del Supremo Tribunal de Brasil negó hoy un "habeas corpus" colectivo para impedir la prisión de condenados en segunda instancia, un recurso que, en caso de ser aprobado, podría haber beneficiado también al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, sentenciado a 12 años de cárcel.
La intervención en la seguridad de Río de Janeiro decretada por el Gobierno brasileño y que dejó en manos del Ejército el manejo del orden público completó hoy un mes en medio de críticas por el asesinato de la concejala Michelle Franco, opositora de la medida, y el aumento de la criminalidad.
Miles de personas reclamaron hoy justicia y clamaron contra la barbarie de la violencia en un emotivo homenaje a la concejala y activista brasileña Marielle Franco, asesinada anoche en el centro de Río de Janeiro.
Marielle Franco, de 38 años y una estrella en ascenso del Partido Socialismo y Libertad, murió junto a su conductor en el norte de Río alrededor en la noche del miércoles. Su secretaria de prensa sobrevivió al tiroteo en la peligrosa zona norte de la ciudad.
"El crimen no quedará impune", dijo Temer en un mensaje en las redes sociales en el que expresó su solidaridad con familiares y amigos de Franco, asesinada cuando regresaba de un acto político y después de denunciar los excesos de la policía en las favelas de Río de Janeiro.
El desenlace del juicio a Cruz dependerá de la capacidad que tenga su defensa de demostrar su supuestas alteraciones psiquiátricas. Hasta ahora ha trascendido que el joven recibió al menos durante un año atención psiquiátrica y que la abandonó semanas antes de perpetrar la matanza.
El policía es sospechoso de recibir beneficios de la trama, ya que para la época era socio de la empresa de asesoría Finder Executive Consulting, sospechosa de actos de lavado de dinero en favor de la organización criminal encabezada por Sérgio Cabral.
Río de Janeiro continúa en medio de una espiral de violencia, que este fin de semana volvió a dejar muertos, tiroteos y asaltos, en medio de la intervención federal que dejó en manos del Ejército brasileño el control de la seguridad de ese estado.
La policía brasileña emitió el viernes nuevas órdenes de allanamiento en una nueva fase de la investigación conocida como Operación Lava Jato, que apuntan a un ex ministro de gabinete y a un consorcio acusado de corrupción vinculada a la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte.
El dispositivo involucra 900 hombres, apoyo de blindados, aeronaves y equipos pesados de ingeniería, para la "estabilización" y la "desobstrucción de calles" en la Comunidad Vila Kennedy, al oeste de Rio, informó el comando a cargo de la seguridad en el estado.
El presidente brasileño, Michel Temer, dijo hoy que la seguridad es el tema dominante en su agenda y propuso un accionar coordinado con estados y municipios donde la población colabore con la policía en la lucha contra la delincuencia.
La medida, avalada en pleno por el Congreso Nacional, se tomó por la ola de violencia que azota a Río y que causó el año pasado 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y diez niños alcanzados por "balas perdidas".
Hace dos semanas Temer designó al general Walter Braga Netto, jefe del Comando Militar del Este, como responsable de la seguridad carioca ante la impotencia de la policía frente al poder de fuego del narcotráfico y su control de zonas estratégicas en las favelas.
Con la decisión, la seguridad en Río quedará hasta finales de este año en manos de oficiales del Ejército, con el objetivo de reducir los altos índices de violencia que en 2017 alcanzaron los 6.731 homicidios, entre ellos más de 100 policías y una decena de menores por "balas perdidas".
El presidente de Brasil, Michel Temer, defendió hoy el uso de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública, como lo hacen actualmente en Río de Janeiro, y pidió que se acabe con el prejuicio de que "no pueden hacer nada" ya que, como los civiles, prestan un "servicio excepcional".
Al menos un millón de habitantes de Río de Janeiro viven bajo un "régimen de excepción" en áreas controladas por narcotraficantes, afirmó hoy el ministro de Seguridad Pública de Brasil, Raúl Jungmann, al justificar la intervención del Ejército en la seguridad del estado.
Los habitantes de Coreia, una favela de Río de Janeiro que recibió refuerzos militares este martes, tienen miedo. "La ley de silencio" que impera en sus calles les ordena tácitamente callar, por lo que se limitan a mirar por las rendijas de las puertas o asomarse sigilosamente a las ventanas.
"Sabemos que los recursos son limitados", dijo el juez al aludir a la magnitud de casos como Java Lato. Por ello, "siempre es importante saber entregarlos bien", apuntó Moro, quien visita México por invitación de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
"La seguridad es una cosa seria que afecta a la vida de las personas. No puede ser una jugada", expresó Veloso en un vídeo publicado en las redes sociales por el movimiento 342, integrado por distintas personalidades del mundo de la cultura y diversos líderes de opinión.
En un mensaje de apenas dos minutos, que no admitió preguntas, el portavoz de la Presidencia, Alexandre Parola, anunció la creación de un ministerio destinado a "coordinar la integración de los servicios de seguridad pública en todo el territorio nacional en colaboración con las autoridades".
