Nacional - Finanzas
El gobierno recibió mil 592.1 millones de pesos por la venta de Aeroméxico
Juan Antonio Zúñiga, Roberto Garduño y Enrique Méndez
Organismos y dependencias del gobierno federal recibieron algo más de mil 592.1 millones de pesos por la venta de su participación accionaria en Aeroméxico a Banamex y un grupo de 14 empresarios, según versiones de la Secretaría de Hacienda y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
El pago por la participación directa del gobierno federal en el capital social de la principal línea aérea del país se realizó el pasado lunes 29 de octubre, informó Miguel Messmacher, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública; es decir, 11 días después de cerrada la operación. Mientras que al IPAB, los recursos ingresaron el 18 de octubre, al día siguiente de la designación de la oferta ganadora.
Según esos informes, la participación directa del gobierno federal en Aeroméxico era de 10.16 por ciento en acciones propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las cuales eran administradas por la Secretaría de Hacienda, y el pago recibido por ellas fue de 273.8 millones de pesos.
Con el 3.54 por ciento de los títulos de la aerolínea en poder, Nacional Financiera recibió 95.4 millones de pesos por su venta al grupo encabezado por Banamex, la marca con la cual opera Citigroup en México.
El IPAB recibió mil 222.8 millones de pesos por la venta de 45.37 por ciento de las acciones que integran el capital social de Aeroméxico, los cuales "se canalizarán a reducir el costo fiscal asociado a los programas de apoyo a ahorradores".
Inversionistas particulares y minoritarios tenían en su poder 40.93 por ciento del capital social de la aerolínea pero, al menos hasta el pasado 27 de octubre, menos de la mitad había sido adquirida por el nuevo grupo de control encabezado por Banamex, por un monto de 412.9 millones de pesos.
De acuerdo con informes de Aeroméxico, 25 por ciento de su capital social aún se encuentra en poder del público inversionista que no ha decidido vender sus títulos al nuevo grupo mayoritario, el cual, según el IPAB, presentó la mayor oferta pública de adquisición el pasado 17 de octubre.
El pasado viernes 26 de octubre, la compañía aérea reportó a la Bolsa Mexicana de Valores que "la liquidación de la oferta se llevó a cabo el día de ayer, el número total de acciones compradas por el oferente fue de 738 millones 282 mil 129 acciones, lo que representa 74.39 por ciento del porcentaje del capital social de Aeroméxico".
El grupo encabezado por Banamex pagó 2 mil 4.6 millones de pesos por casi tres cuartas partes del capital social de la compañía aérea, pero los propietarios de 25 por ciento de las accionistas se resistían a venderle sus títulos al precio que el IPAB, la Secretaría de Hacienda y Nacional Financiera evaluaron como la mejor oferta.
Por otra parte, Miguel Messmacher afirmó la presencia de 10 mil millones de dólares al año en que el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, calcula el lavado de dinero en México, no tiene mayor impacto en la economía.
Durante su participación en la conferencia de prensa sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda, el titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública relativizó: "Si uno llega a calcular lo que representar estos recursos como proporción del producto, o del consumo, de la demanda interna o de la inversión total en la economía, etcétera, son montos relativamente limitados".
Opiniones divididas
El proceso de venta de Aeroméxico dividió las opiniones entre las diversas fuerzas que integran la Cámara de Diputados. La mayoría de partidos representados en San Lázaro demandó al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa hacer transparente la operación que ha sido cuestionada ante las evidencias crecientes que llevaron a favorecer la postura del grupo financiero Banamex asociado con un conglomerado de empresarios. Por el contrario, la fracción del PAN calificó la desincorporación como un acto de transparencia y legalidad poco antes visto.
A dos semanas de la comparecencia de María Teresa Fernández Labardini, secretaria ejecutiva del IPAB, quien habrá de explicar el desarrollo de la compraventa de la aerolínea, los diputados del PRD, PRI, Partido Verde, Convergencia, PT, Alternativa y Nueva Alianza la emprendieron contra las autoridades federales, por haber favorecido a los empresarios, entre ellos José Luis Barraza quien presidió el Consejo Coordinador Empresarial el año pasado, y dio forma a una campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador, al cederles Aeroméxico en menos de la mitad del costo real de la aerolínea.
Fue el diputado Gustavo Pedro Cortés, de Convergencia, quien denunció desde tribuna la desincorporación que coloca al país en un grave riesgo, porque, "muchos países conocen la importancia estratégica de mantener el control de su espacio aéreo, pero el gobierno con una ligereza que da mucho qué pensar, entregó el patrimonio del pueblo de México al capital extranjero, pues como todos sabemos, Banamex no es más que una fachada".
En ese tono, Pablo Arreola, del Partido del Trabajo, advirtió que desde hace tiempo en el proceso de venta de la empresa "se percibía que pudiera haber conductas constitutivas de tráfico de influencias y demás de corrupción por tal razón solicitamos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) audite el proceso de venta de Aeroméxico".
Tocó entonces el turno al priísta Jesús Ramírez Stabros, quien insistió en el incremento de la polémica generada por la venta de Aeroméxico. El representante del Revolucionario Institucional, quien también es piloto activo de Mexicana, alertó en torno al probable tráfico de influencias que prevaleció en todo el proceso de compra venta.
"Nos ha sorprendido y preocupado el argumento de que se otorgó mandato a Nacional Financiera, para que junto con el IPAB se llevara a acabo la enajenación de Aeroméxico, lo que se vendió la semana pasada no fue una tienda departamental, sino una concesión otorgada por el Estado mexicano que ocupa y opera el 40 por ciento de la aviación en este país".
Ramírez Stabros solicitó también la intervención de la ASF a que transparente el proceso de venta de la aerolínea.
Con dureza, el perredista Pablo Trejo advirtió que nos es coincidencia que el grupo encabezado por José Luis Barraza fuera objeto de la adjudicación de Aeroméxico. Y acusó que la mayoría de los accionistas que ganaron con la desincorporación tienen detrás de sí un largo historial de beneficios concedidos por los gobiernos en turno con recursos del erario.
"Todos los accionistas ganadores son beneficiarios del subsidio federal. Varios funcionarios de la Junta de gobierno del Banco de México laboraron o mantuvieron negocios con Banamex. Se adquirieron acciones a nombre de terceros y nuevamente una empresa fue adquirida sin que la cabeza visible del grupo beneficiado cuente con la solvencia técnica, financiera y moral para la adquisición".
También su compañero Erick López Barriga refirió que entre los 105 aviones de Aeroméxico, una de las aeronaves de más reciente adquisición tiene un precio que oscila entre 200 y 225 millones de dólares.
EEM
