Reportajes

Berlusconi, contra las cuerdas

2009-10-06

Berlusconi, de 73 años, no ha encajado los dos golpes judiciales que se dirimen con la misma...

Carmen Postigo

Roma,  (EFE).- Al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, el otoño le ha puesto contra las cuerdas, pues hoy comienza la vista del Constitucional para ratificar o no su inmunidad judicial, cuando tiene varios procesos pendientes, y además su grupo Fininvest ha sido condenado a pagar 750 millones de euros al conglomerado CIR.

Cuando parecía que amainaba el escándalo que causó la presencia de chicas y prostitutas en sus fiestas y en sus residencias de Cerdeña y Roma, a pesar de repuntes como la reciente entrevista a la meretriz Patrizia D'Addario en el canal de televisión RAI2, los frentes judiciales han apuntado con ímpetu contra la figura del primer ministro.

La manifestación por la libertad de prensa del pasado fin de semana en Roma, a la que asistieron más de 100,000 personas, tras dos demandas del presidente del Consejo contra dos medios de comunicación italianos, puede ser manejada por "Il Cavaliere", pues entra dentro de su capacidad de despeje y oratoria.

Sin embargo, Berlusconi, de 73 años, no ha encajado los dos golpes judiciales que se dirimen con la misma socarronería que mostró durante los episodios de las chicas, de los que incluso llegó a hacer alarde.

Ya presenta prematuros síntomas de desplome al comentar a sus allegados que le dan "ganas de abandonar Italia", aunque -según dice- por ahora no tirará la toalla.

El pasado día 3, el Tribunal Civil de Milán condenó a su grupo Fininvest a pagar 750 millones de euros a CIR (Compañías Industriales Reunidas), del italiano Carlo de Benedetti, por los daños patrimoniales derivados del control de la editorial Mondadori.

Ayer, el tribunal divulgó los argumentos de la sentencia, en los que hace "corresponsable" a Berlusconi de la corrupción que llevó a su grupo a controlar Mondadori, al acceder a un paquete de acciones clave tras sobornar su ex abogado Cesare Previti a un juez.

Una sentencia que va a recurrir, según la primogénita de Berlusconi, Marina (presidenta de Mondadori), y que para el presidente del Consejo es "una barbaridad jurídica".

Además de la multa millonaria, que le produce al magnate mucho escozor como ayer reconoció al decir que estaba "literalmente desconcertado", hoy comienza la vista del Tribunal Constitucional de Italia para estudiar la polémica "Laudo Alfano".

El llamado "Laudo Alfano" es la ley aprobada en Parlamento en verano de 2008 que otorga inmunidad judicial a los cuatro mayores cargos del Estado y que hasta ahora blindaba a "Il Cavaliere" ante posibles procesos judiciales, como el caso del abogado inglés David Mills, condenado el pasado 17 de febrero a 4 años y 6 meses de cárcel por haber mentido a cambio de dinero en un juicio contra el mandatario.

El "Laudo Alfano" deberá ser ratificado por el Constitucional italiano y el primer ministro es consciente de que su derogación supondría la posibilidad de que su imputación por supuesta corrupción pudiera seguir adelante en el proceso por el caso Mills.

El pasado 16 de septiembre la prensa italiana filtraba el contenido del texto presentado por la Abogacía del Estado ante el Constitucional para exigir, en base a "daños irreparables", que no se derogue el "Laudo Alfano", que establece también la suspensión de los procesos penales anteriores a la llegada al cargo.

El Estado basa su defensa de la ley de inmunidad en que, si se derogase, "se provocarían daños a los cargos elegidos, que no podrían ejercerse con el compromiso debido, pudiéndose producirse, incluso, dimisiones".

La Fiscalía de Milán considera que el "Laudo Alfano" es inconstitucional porque viola la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

El pasado 2 de octubre, uno de esos beneficiarios del "Laudo Alfano", el presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini, que además es la segunda figura más destacada del PDL y aparece cada vez más alejado de Berlusconi, anunció su renuncia a la ley de inmunidad para que siguiera adelante la querella interpuesta por un antiguo fiscal por difamación.



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