Editorial
Cd. Juárez, bajo fuego: político y criminal
Inmersa en si es constitucional o anticonstitucional el traslado de poderes estatales de Chihuahua: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a Ciudad Juárez, la guerra político-electoral ha desplazado en los últimos días a la guerra del narcotráfico del espectro mediático que ha olvidado el verdadero reclamo social.
La situación que viven hoy los juarenses es de verdad grave, a grado tal que los partidos políticos deben dejar de lado la rebatinga para atacar el problema en forma y dar una solución de fondo, pues, las acusaciones mutuas entre actores de la vida pública sólo conducen al vacío.
La historia de esta localidad fronteriza no es de hace unos días sino de años, y la verdad es absoluta: los cárteles han impuesto su ley muy por encima de los 15 mil soldados, cinco mil policías federales y fuerzas de seguridad estatal y municipal.
El hilo reventó por lo más delgado, unos jóvenes celebraban un triunfo deportivo y al mismo tiempo el cumpleaños de uno de los presentes, cuando, de pronto, un grupo de sicarios irrumpió, separó a las mujeres y prácticamente fusiló a los muchachos: 16 murieron y otros se encuentran graves.
El presidente Felipe Calderón, de gira por Japón, recibió los elogios del Primer Ministro nipón por su "valiente" y "decidida" guerra contra el crimen organizado y fue reconocido por ir ganando la batalla, lo que sin duda lo coloca como ejemplo mundial.
Al tiempo que el albazo ocurría en la "tierra del Sol Naciente", los medios nacionales e internacionales daban cuenta en sus titulares de sus portales on line, de la masacre calificada hoy como "juvenicidio", lo que sin duda evidenciaba la verdad de un Estado fallido ante el crimen organizado.
Avisado del hecho, Calderón tuvo el affair de deslizar que se había tratado de un ajuste de cuentas entre bandas criminales y no de una ejecución masiva -que convirtió una fiesta juvenil en una orgía de sangre-, lo que desató la indignación social en Ciudad Juárez, en todo México y en muchas partes del mundo.
Su ligereza conllevó a que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, saliera a enmendarle la plana a su "jefe" y a condenar el repudiable hecho y a disculparse con las familias de las víctimas.
La imprudencia presidencial fue pronto caldo de cultivo: los empresarios de la región, irritados, conminaron al Ejecutivo federal a ir a gobernar al país desde Ciudad Juárez, centro de la violencia nacional; pero eso fue lo menos, pues la "guerra sucia" se inició en el terreno político.
Ante el escenario electoral para el 2010, en que se elegirá nuevo gobernador, se renovará el Congreso local y los 67 ayuntamientos, el actual mandatario José Reyes Baeza Terrazas anunció que trasladaría, el sí y no como el Presidente de la República, los poderes del estado a esa localidad.
De inmediato vino el PAN a denunciar que se trata de un acto ilegal e inconstitucional, y acusó al gobierno tricolor de actuar mediáticamente y con fines electorales; acusación a la que se sumó su nuevo aliado, el PRD, que demanda fincar juicio político al Ejecutivo estatal.
El PRI, por su parte, aclaró que no se trata de un acto propiamente "constitucional" sino de "solidaridad" con los habitantes de Ciudad Juárez, de un asunto de carácter moral y no electoral, como lo quieren hacer ver PAN y PRD, en un afán de desprestigiarlos y con ello ganar votos.
De pronto el asunto ha llegado al Congreso de la Unión y al seno mismo de las sedes nacionales partidistas, donde, al igual que, en las barras de abogados y entre las ligas mayores de los mejores doctores en derecho se desgarran las vestiduras por determinar la legalidad o ilegalidad, si es constitucional o anticonstitucional.
Como si eso de verdad importara ante la ola de violencia. Olvidan los políticos que el asunto del narcotráfico en este caso particular, debe ser analizado en forma para lograr una solución de fondo; y eso será sólo posible si sus intereses les permiten ver que se trata de sumar y no de restar, de multiplicar y no de dividir.
Mucho se escribe sobre el punto, como si de verdad importara el traslado de poderes a una Ciudad Juárez que hoy se encuentra bajo fuego, a dos fuegos, a fuego cruzado, y en donde a sus habitantes lo que menos importa es cuánta tinta se derrame, sino que no se derrame más sangre ya sobre un pueblo, flagelado hoy, por políticos y narcotraficantes.
EEM
