Derechos Humanos
Quince años después, las víctimas del gas sarín claman contra el olvido
Yoko Kaneko / EFE
Tokio.- Cuando se cumplen 15 años de los atentados con gas sarín cometidos por la secta Verdad Suprema en el metro de Tokio, los familiares de los 13 muertos y casi 6.300 intoxicados pidieron hoy que el caso no quede en el olvido.
Como cada 20 de marzo, empleados, pasajeros y familiares de las víctimas guardaron silencio en cinco estaciones de metro a las 8.00 hora local (23.00 GMT del viernes), la misma hora y lugar donde en 1995 los seguidores de Shoko Asahara, jefe de la secta Verdad Suprema, diseminaron el gas sarín y sembraron el caos.
"Estos quince años he vivido en la injusticia. Pero al final el esfuerzo ha dado fruto", dijo a Efe Shizue Takahashi, representante de un grupo de 160 víctimas que, tras años de lucha, ha logrado que sus derechos sean reconocidos.
El marido de Takahashi trabajaba en la estación de Kasumigaseki y murió al tratar de apartar las bolsas con el gas letal, pero han tenido que pasar años para que su viuda recibiera algún tipo de compensación.
El grupo de Takahashi consiguió que la Verdad Suprema fuera declarada en bancarrota en marzo de 1996.
Ello impulsó una nueva ley que entró en vigor en diciembre de 2008, que permite al Gobierno nipón distribuir compensaciones procedentes del fondo de la secta.
Hasta ahora se han otorgado 2.342 millones de yenes (19 millones de euros) a unas 5.000 víctimas, cerca del 76 por ciento del total.
Sin embargo, para los que vivieron el 20 de marzo de 1995, aquél aún sigue siendo un día eterno.
Algunos arrastran problemas de salud, como mareos y pérdida de visión, y otros no han sido capaces de volver a tomar el metro, lo que les ha obligado a dejar sus empleos.
El objetivo del atentado de 1995 era confundir a la Policía, que tenía previsto inspeccionar los locales de la secta el 22 de marzo.
Dos días antes de ese registro, cinco miembros de la Verdad Suprema ("Aum Shinrikyo" en japonés) subieron a varios trenes con dirección a Kasumigaseki, corazón del Gobierno de Japón, y rasgaron con las puntas de sus paraguas las bolsas con el sarín.
Al principio en Tokio se extendió el rumor de que había habido una explosión en el metro. Pronto las calles se llenaron de ambulancias, bomberos y coches de Policía que se dirigían a las bocas del metro para atender a una multitud ahogada por el gas.
Para Japón, uno de los países más seguros del mundo, aquél fue uno de sus días más trágicos desde la II Guerra Mundial.
La Verdad Suprema también estuvo detrás de otros ataques anteriores con sarín, como los que en 1994 acabaron con la vida de siete personas en la ciudad de Matsumoto (centro de Japón), donde dos jueces tramitaban denuncias contra la secta.
Según el último informe policial, dado a conocer este mes, las víctimas de la secta a lo largo de los años ascienden a 6.564, entre fallecidos y heridos.
Tras aquellos atentados, el Metro de Tokio, que transporta a 6,3 millones de pasajeros al día, colocó más cámaras de vigilancia y sólo recientemente ha vuelto a instalar papeleras después de que fueran retiradas por seguridad, explicó a Efe un portavoz de la empresa.
Pero hasta hoy se mantiene el aviso a los viajeros para que informen de cualquier anomalía en trenes o en las estaciones.
"Desde entonces mi vida perdió la paz, ya que no me dejaron ni guardar luto tranquilamente. Después me enteré de que no había ningún sistema de asistencia a los familiares de víctimas, e incluso en los juicios no tuvimos asientos reservados, mientras los miembros de la secta sí", explicó Takahashi.
La Verdad Suprema está considerada una organización terrorista en EU y la Unión Europea, pero no en Japón, que no ordenó su disolución ni la prohibió a pesar de las denuncias de las víctimas del ataque.
En la actualidad subsiste bajo el nombre de "Aleph" y sus responsables aseguran que sus enseñanzas se basan en el budismo y el yoga.
La Justicia japonesa ha condenado a muerte a diez de sus antiguos miembros, entre ellos su líder Asahara, aunque ninguna de las penas ha sido aún ejecutada y el proceso por aquellos ataques sigue abierto.
"De ninguna manera se puede justificar un atentado con un arma química que cambió la vida de unas 6.000 personas y dejó 13 muertos. Merece la pena máxima", concluyó Takahashi.
EEM
