Gobierno lanza ofensiva para evitar nuevos asesinatos en Amazonia brasileña

Javier Tovar, AFP

Nova Ipixuna. - El gobierno de Brasil movilizó a la militarizada Fuerza Nacional (FN) para evitar nuevos asesinatos de campesinos en el violento estado amazónico de Pará (norte), donde los conflictos agrarios cobraron cinco vidas desde mayo y la impunidad cobija a los responsables.

La operación Defensa de la Vida fue ordenada por la presidenta Dilma Rousseff a principios de junio, poco después de que una pareja de campesinos ecologistas fuera muerta a tiros en la pequeña población de Nova Ipixuna, un caso que sigue impune.

"Es una acción importante y significativa con el objetivo claro de permitir no sólo que no ocurran nuevos homicidios, sino también acelerar las investigaciones de aquello que ya ha ocurrido", señaló el ministro de Justicia, José Cardozo.

La operación incluye una acción coordinada de las policías Militar y Civil del estado de Pará con la Policía Federal, la de carreteras y las Fuerzas Armadas. Hasta ahora, se ejecuta sólo en Pará, pero el gobierno no descarta que se extienda a otros estados amazónicos.

En Marabá la presencia de las fuerzas de seguridad es discreta. En la carretera que comunica a esta ciudad -la segunda en importancia en Pará- con Nova Ipixuna, periodistas de la AFP encontraron un único punto de control de la policía de carreteras.

"Nosotros no estamos en labores de patrullaje aquí, tenemos instrucciones desde Brasilia de proteger a las familias amenazadas", explicó una fuente de la Fuerza Nacional a la AFP bajo condición de anonimato.

Este cuerpo armado dispone de 30 efectivos en Marabá para la 'Defensa de la Vida'.

En un operativo sorpresa, las fuerzas de seguridad retiraron la madrugada del pasado sábado a dos familias que habían recibido amenazas de muerte en el mismo asentamiento rural ubicado en una área ambiental protegida donde los esposos ecologistas Maria do Espírito Santo Ribeiro y José Claudio Ribeiro fueron asesinados.

Las autoridades evalúan ahora "el riesgo que corren en el lugar" y decidirán "si permanecerán en sus antiguas casas con protección policial o serán trasladados a otro estado", explicó el fiscal Márcio Cruz.

La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), un organismo vinculado a la Iglesia Católica que monitorea los casos de violencia contra labriegos en Brasil, publicó una lista con los nombres de 125 activistas y líderes campesinos amenazados de muerte en el país.

Del ese total, 30 viven en Pará, estado en el que "reina un alto grado de impunidad", por lo que los campesinos asentados no confían en las autoridades locales, explicó José Batista, abogado de la CPT, que monitorea desde hace décadas los conflictos agrarios.

Aunque el gobierno anunció medidas de protección urgentes para los amenazados, ya advirtió que será imposible custodiarlos a todos.

"En las últimas cuatro décadas, fueron más de 800 asesinatos en Pará, la mayoría por sicariato. Del total, sólo conseguimos ir a juicio contra nueve supuestos responsables, logrando condenar a ocho, de los cuales sólo uno está en prisión", lamentó Batista, en entrevista con la AFP.

Por eso, las últimas amenazas que llevaron al operativo de retiro y custodia de las dos familias en Nova Ipixuna fueron denunciadas directamente ante las autoridades federales en Brasilia y no en la comisaría de Conflictos Agrarios de la Policía Civil en el pueblo.

"Nosotros tenemos un equipo 24 horas en Nova Ipixuna y no entendemos por qué las amenazas no fueron comunicadas en la comisaría, sino en Brasilia. Ahora estamos recolectando el mayor número de datos posibles para investigar y verificar la veracidad de estas amenazas", dijo el comisario José Humberto de Melo, de la Policia Civil.

"La verdad es que no creemos mucho en ese caso porque la persona que dicen que es el autor de esas amenazas ni siquiera está en la zona", comentó el funcionario, consultado por AFP, sin revelar nombres.

En las últimas tres semanas, fueron asesinados, además de José Claudio y Maria, otras tres personas en zonas rurales de Pará, aunque las autoridades locales desestiman que la motivación de estos crímenes esté relacionada a conflictos agrarios.

"Están relacionados a tráfico de drogas o ajustes de cuentas, no todas las muertes en el campo están relacionadas a conflictos agrarios", subraya De Melo, cuya comisaría registró en 2011 sólo cinco denuncias de casos de enfrentamientos por tierras.

Esta ola de asesinatos en la Amazonia coincide con la aprobación en la Cámara de Diputados del nuevo Código Forestal, un polémico proyecto de ley que suaviza la protección de la selva ante el avance de la producción agrícola, y que aún requiere de la aprobación del Senado.

En Brasil, un país de tamaño continental, el 1% de la población controla el 46% de las tierras aptas para cultivos.

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