Ecología y Contaminación
Código forestal de Brasil provocará deforestación en Amazonía
DURBAN, (AFP) - La ex ministra de Medio Ambiente de Brasil y ex candidata presidencial verde, Marina Silva, denunció el miércoles que la reforma de la ley forestal aprobada por el Senado provocará deforestación en la Amazonía y pidió el veto de la presidenta, Dilma Rousseff.
"La ley que fue aprobada ayer en el Senado reduce la protección de los bosques, amnistía a los que deforestaron y aumenta la deforestación", dijo la reconocida ecologista en una rueda de prensa al margen de la conferencia de la ONU contra el cambio climático que se celebra en Durban (Sudáfrica).
"Nos queda la presidente Dilma (Rousseff), que asumió el compromiso -en la campaña presidencial brasileña- de que vetaría cualquier dispositivo que supusiese aumento de la deforestación y amnistía a quienes deforestaron. Es un compromiso asumido con todos los brasileños", añadió la que fue ministra del ambiente del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
"El 80% de la sociedad brasileña no quiere esos cambios" en la legislación, afirmó Silva, nacida en una comunidad de colectores de caucho en el corazón de la Amazonía y quien en las pasadas elecciones presidenciales consiguió 20 millones de votos, convirtiéndose en la tercera más votada del país.
Silva dijo que los compromisos de Brasil en la lucha contra el cambio climático "están en riesgo" con esa ley.
Brasil se comprometió ante la conferencia del clima de la ONU en 2009 a reducir su deforestación amazónica en 80%. Brasil es el sexto mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta, principalmente debido a las emisiones provocadas por la deforestación.
El Senado brasileño aprobó la noche del martes una reforma del Código Forestal, la ley de bosques de 1965, que establece el porcentaje de cobertura vegetal originaria que los propietarios rurales tienen que conservar en sus propiedades, y que llega a 80% en la Amazonía.
La reforma fue un reclamo del poderoso sector agropecuario que domina el Congreso y que consideraba la legislación demasiado exigente, en un país que tiene 537 millones de hectáreas de cobertura vegetal.
ROW
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