Internacional - Seguridad y Justicia
Garzón espera sentencia del Tribunal Supremo de España por investigar delitos del franquismo
Armando G. Tejeda, La Jornada
El caso contra el juez Baltasar Garzón quedó visto para sentencia. En su derecho a ejercer el turno de la última palabra, el magistrado, acusado de prevaricación por investigar violaciones a los derechos humanos durante el franquismo, aseguró: "sólo puedo decir que mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creí ajustadas a derecho para investigar, perseguir y sancionar a quien correspondiera, por crímenes masivos de desaparición forzada de personas y detenciones ilegales. Creo que esto se le debe a las víctimas para que no se produzca el olvido".
Con las palabras de Garzón se cerró uno de los procesos más polémicos y de más interés en todo el país, al tratarse de un caso que profundiza en la herida de la Guerra Civil (1936-1939), la represión del régimen fascista de Francisco Franco (1939-1975) y la pasividad de la justicia española para responder a las peticiones de familiares de las víctimas.
Garzón, el único juez que investigó e intentó poner algo de luz sobre el paradero de los miles de enterrados en fosas comunes o de los niños robados a sus madres por su ideología, se sentó en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de prevaricación y de ser encontrado culpable podría ser condenado a 20 años de inhabilitación y a una multa millonaria.
El magistrado fue acusado por el sindicato ultraderechista, Manos Limpias, vinculado a sectores franquistas.
Después de escuchar durante cuatro días testimonios de víctimas y de familiares que hasta la fecha siguen luchando por sepultar dignamente a su padre, abuelo o hermano fusilados, tocó el turno de hablar a Garzón y a sus abogados.
Los siete magistrados que integran la sala del Tribunal Supremo escucharon de nuevo lo que Garzón ya había afirmado en su primera comparecencia: que en su actuación "no hubo prevaricación" y siempre actuó "acorde a la ley. Mi conciencia está tranquila". Añadió que su investigación pretendió "dar protección a las víctimas frente a hechos delictivos, lo cual se puede compartir o discrepar, pero creo que es defendible".
El abogado del sindicato ultra, Joaquín Ruiz Infante, centró su intervención en ratificar su petición de 20 años de inhabilitación con el argumento de que Garzón no investigó también cientos de ejecuciones perpetradas por republicanos en Paracuellos del Jaramá, en noviembre de 1936. A esto, el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, respondió: "las víctimas de Paracuellos fueron identificadas, honradas, se les reparó en la media de lo posible, aunque no hay reparación para una muerte, pero fueron indemnizadas. Aquí ocurre exactamente lo contrario. No se sostiene desde el punto de vista jurídico."
gilberto
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