Destaca Gobernación correcto funcionamiento de Plan Sismo

Fabiola Martínez, Periódico La Jornada

Cuando en México ocurre un sismo de gran magnitud se activa un plan en el que los altos mandos del Poder Ejecutivo y gobernadores se reúnen para definir las acciones inmediatas, desde autorizar más recursos para hacer frente al eventual desastre hasta decretar toque de queda.

El plan de acción está diseñado para operar en tres niveles: el "estratégico" (Consejo Nacional de Protección Civil), encabezado por el Presidente de la República; el "táctico" (Comité Nacional de Emergencias), en el que acuden de inmediato a un búnker subsecretarios, coordinadores y otros funcionarios de nivel similar que hacen posible las medidas tomadas, incluido el manejo restringido de cierta información; el tercer nivel es el "operativo" (Centro Nacional de Operaciones), encargado del despliegue en la calle, con la colaboración de las fuerzas armadas y las entidades federativas.

México es un país con alto riesgo sísmico y concentra la mayor parte de esta actividad en las regiones de la Brecha de Guerrero, el Istmo de Tehuantepec, Falla de San Andrés y Brecha de Michoacán.

La probabilidad más alta de que exista un sismo de gran magnitud e impacto es particularmente en la Brecha de Guerrero, donde no ha ocurrido un terremoto desde 1911 y, debido al continuo movimiento de la placa de Cocos –subduciendo a la placa norteamericana–, hay energía acumulada como para esperar un sismo de 8.2 grados o varios de entre 7.8 y 8 grados, alerta la Secretaría de Gobernación (SG).

En la actualidad no se puede determinar el momento y el lugar en el que ocurrirá un movimiento de gran magnitud, por lo que el "Plan Sismo" se basó en la construcción de un escenario, a partir de un temblor postulado para esa zona, sin demérito de que el mismo ocurra en otras regiones.

En una situación de emergencia, ocasionada por un sismo de gran magnitud, el auxilio a la población constituye una función prioritaria del Estado, se advierte en el documento Estrategia de preparación y respuesta de la administración pública federal ante un sismo y tsunami de gran magnitud.

La escala Richter indica que un movimiento de entre 7.0 y 7.9 grados causa graves daños. De 8 grados o mayor, se considera gran terremoto con destrucción total de comunidades cercanas al epicentro.

Alertar a la población

Ante el sismo del mes pasado de 7.4 grados en la escala de Richter, este plan, también con previsiones para casos de tsunami, funcionó en el margen de lo esperado, en particular porque no fue superada la capacidad de respuesta de las entidades afectadas; no obstante, los especialistas advierten que definitivamente debemos estar atentos a la ocurrencia de un sismo mayor.

Los tres niveles de gobierno ya están poniendo en marcha mecanismos nuevos para alertar a la población; el Distrito Federal, por ejemplo, compró 50 mil radios-despertador que trabajan bajo frecuencias de FM, para distribuirlos en escuelas y algunos edificios públicos. La función de estos aparatos es recibir la alarma sísmica. De igual forma poner centros de alertamiento de tsunamis.

José Issac Olivas Vega, responsable de la coordinación de este plan, desde su función como director de Vinculación y Seguimiento de la Coordinación de Protección Civil de la SG, detalló la forma en que al momento mismo del movimiento telúrico deben programar el traslado, apenas se calme la tierra, al búnker ubicado en el Centro de Inteligencia de la Policía Federal, ubicado en avenida Constituyentes.

Los protocolos están definidos, de repliegue a una zona segura y, hasta que pare el movimiento, proceder a la evacuación, indicación de suma importancia, en especial para quienes se encuentren en edificios; posteriormente los funcionarios o sus relevos se trasladan al búnker, sin esperar la llamada de nadie. Todos, tres o cuatro personas de cada dependencia, deben llegar ahí a través de cualquier medio e incorporarse a los trabajos de análisis y operación.

Por ejemplo, en el sismo del mes pasado se informó de la evacuación de algunos hospitales aunque este búnker –de apoyo a entidades federativas– podría definir otras estrategias como pedir ayuda a la iniciativa privada.

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