Internacional - Seguridad y Justicia

Piden incluir a ex magistrado en lista de más buscados

2012-04-21

De acuerdo a las autoridades de Costa Rica, Aponte el martes dejó ese país para...

CARACAS (AP) — La Fiscalía General anunció el viernes que solicitó a Interpol incluir a un ex magistrado en la lista de los más buscados luego de ser removido por supuestos vínculos con un sospechoso de narcotráfico y que acusó a altos funcionarios del gobierno de inmiscuirse en las decisiones de los tribunales locales.

El Ministerio Público en un comunicado indicó que se trata del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte, quien fue destituido recientemente por la Asamblea Nacional por sus nexos con el presunto narcotraficante Walid Makled.

De acuerdo a las autoridades de Costa Rica, Aponte el martes dejó ese país para viajar a Estados Unidos, transportado por funcionarios de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA por sus siglas en inglés).

El viernes, el portavoz de la DEA, Dawn Dearden, declinó comentar sobre Aponte.

La Fiscalía General destacó en el escrito que el Tribunal de Caracas, que dictó la orden de aprehensión presentada ante Interpol, también "acordó la medida de enajenar y gravar bienes, y el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias del ex funcionario".

El anuncio se produjo dos días después que Aponte, en una entrevista difundida por la televisora SOiTV, indicó que no sabía de las actividades ilícitas de Makled, aunque admitió que durante su desempeño en la Fiscalía Militar y luego en el máximo tribunal, recibió llamadas telefónicas de funcionarios, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y la presidenta del Tribunal Supremo, Luisa Estella Morales, para "que interviniese en algunas decisiones".

Aponte al ser preguntado si alguna vez recibió una llamada de un funcionario público para solicitarle "algún tipo de manipulación" de un caso judicial, respondió: "Cierto. Desde el presidente para abajo".

Agregó que el presidente Hugo Chávez le llamó "para que condujera de una manera conveniente hacia el gobierno las investigaciones" de un caso del 2004, en el que más de cien colombianos fueron arrestados en una hacienda en las afueras de Caracas, a quienes acusaron de conspirar para desestabilizar el país y asesinar al presidente.

La mayoría de los colombianos fueron liberados más tarde y en 2007, Chávez perdonó a 41 presos colombianos restantes que habían sido acusados de rebelión militar.

Líderes oficialistas rechazan las acusaciones, mientras sus adversarios exigen una investigación.

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado oficialista Diosdado Cabello, rechazó las acusaciones del ex magistrado, afirmando que es una "infamia" esgrimida por un "delincuente".

El presidente "nunca ha llamado a nadie para que decirle que haga tal o cual cosa", dijo Cabello en un discurso en el estado oriental Monagas.

Las acusaciones buscan desprestigiar a "hombres y mujeres que están al frente de instituciones venezolanas absolutamente honestas", dijo en la víspera el canciller Nicolás Maduro.



gilberto