Internacional - Política

Pelea Clarín y gobierno afecta periodismo

2012-12-07

Martín Sabbatella dijo que

ALMUDENA CALATRAVA, AP

BUENOS AIRES  — El conflicto que sostienen desde hace cuatro años la presidenta Cristina Fernández y el Grupo Clarín, ha puesto al descubierto una lucha despiadada por dominar a la opinión pública y el deterioro de la calidad del periodismo argentino.

El enfrentamiento, que se había agudizado en los últimos meses, quedó en suspenso con la decisión de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, de extender la medida cautelar solicitada por el multimedios, que había suspendido la aplicación de dos artículos de una ley de medios que lo obligaba a desinvertir en el mercado audiovisual.

La suspensión estará vigente hasta que se decida la constitucionalidad de dichos artículos.

El hombre clave del gobierno en la pelea, Martín Sabbatella, titular del organismo público que regula a los medios audiovisuales, dijo a Télam que "el fallo lesiona a la democracia" y que "la justicia argentina no está preparada para pelear con las corporaciones porque gran parte está colonizada por esas mismas corporaciones".

En el conflicto, que ya lleva cuatro años, ambos bandos dicen defender el interés público, aunque pareciera que se esmeran más en proteger sus posturas cada vez más crispadas.

La ley busca, según el gobierno, defender la pluralidad de voces en el mercado al obligar a desconcentrar la propiedad de los grandes medios.

Clarín y los medios críticos con el oficialismo dicen que la verdadera intención de la presidenta es desguazar al grupo, atentar contra la libertad de prensa y alentar la creación de un bloque de medios obsecuentes con el gobierno.

Quienes cuestionan a Clarín, en tanto, dicen que su lucha enconada con Fernández ha afectado los estándares periodísticos del grupo.

Los dos artículos de la ley en debate obligan la venta de licencias que superan un límite y que, según Clarín, atentan contra el derecho constitucional a la propiedad privada.

Uno de los límites consiste en que ningún grupo puede tener más de 10 licencias de canales de televisión de aire, más de 24 de cable, ni más de tres licencias de radio por cada ciudad.

Quienes tengan un servicio de televisión por cable sólo podrán tener una sola señal de TV abierta, mientras que los prestadores de televisión satelital no podrán tener otras señales audiovisuales. Los grupos también deben cumplir con el límite de 35% de llegada a la población o a los suscriptores, según la característica del medio y con un máximo de 30% de inversión extranjera.

Para Roberto Guareshi, quien fue jefe de redacción del diario El Clarín entre 1990 y 2003, la norma está "hecha para perjudicar a Clarín y para permitir al gobierno crear un grupo de medios propios".

"Están destruyendo el periodismo entre el gobierno y los diarios principales en Argentina", dijo a The Associated Press Guareshi, quien fue profesor de periodismo en la Universidad de Berkeley, y que ahora escribe y edita columnas para Project Syndicate, una agencia internacional.

Esta crispación "ha conllevado una disminución de la calidad del periodismo en general", dijo a la AP Andrés D'Alessandro, director del Foro del Periodismo Argentino, espacio de debate que reúne a cientos de periodistas.

Señaló que esta última pelea entre Clarín y el gobierno muestra cómo se ha agudizado la polarización entre el bando contrario a Fernández, liderado por el multimedios, y el que es afín al oficialismo.

"Hay temas de la agenda diaria que son eliminados porque benefician o afectan al gobierno o a los grupos periodísticos", dijo D'Alessandro. "Muchas fuentes se cierran a hablar con cierta prensa y hay medios que sólo buscan fuentes que coinciden con su línea editorial".

Las portadas de Clarín y de medios que critican abiertamente al multimedios se han centrado en los últimos tiempos en esta batalla y ofrecen menos espacio a temas que mayormente preocupan a la gente, como la inflación o la inseguridad.

Una encuesta hecha por el Foro entre 1.000 periodistas realizada en septiembre arrojó que la segunda preocupación de los reporteros, luego de sus condiciones laborales, "es la falta de rigor en el ejercicio de la profesión. Sólo tres de cada diez analizan positivamente el compromiso ético de los periodistas argentinos. El resto lo considera regular, malo o muy malo".

El gobierno había informado que 14 grupos de los 20 que deben desinvertir ya presentaron sus planes para hacerlo, que serán revisados para su aprobación o corrección. Esa veintena de grupos excede en unas 500 licencias al tope establecido por la ley.

A excepción de Clarín, todos han expresado su voluntad de desprenderse de las inversiones.

Sabbattella ha dicho que Clarín debe adecuarse respecto de sus licencias de cable ya que "puede tener 24 y hoy tiene 237".

Clarín afirma que tiene "siete licencias de radio y cuatro de TV abierta". Respecto de la operadora de cable Cablevisión dijo que posee "158 licencias locales (una por ciudad o pueblo) y la ley pretende que sólo pueda tener 24 y por lo tanto llegar sólo a 24 localidades. Mientras, permite a sus competidores directos (DirectTV o las empresas telefónicas) llegar a 2.200 ciudades con una sola licencia".

La lucha contra el grupo mediático se ha vuelto central para el gobierno de Fernández.

La presidenta sostiene que Clarín quiso sacarla del poder en 2008 cuando el multimedios apoyó a productores agropecuarios en sus protestas por el frustrado intento oficialista de aumentar los impuestos a las exportaciones de algunos granos, que provocaron desabastecimiento de alimentos y cortes de rutas en todo el país.

También acusa al grupo de haber sido funcional a los intereses de la última dictadura militar (1976-1983) y haber presionado a los siguientes gobiernos democráticos para preservar su poderío económico. También de mentir en contra de Fernández.

"El 7 de diciembre es la razón de Estado de Cristina y una cuestión simbólica porque significa demostrar que se atrevió contra Clarín, que recortó algo su poder y no se quedó en las meras palabras", dijo a la AP el analista Ignacio Fidanza, director del sitio lapoliticaonline.com

A medida que se aproxima la fecha límite, el cruce verbal entre las dos partes se exacerbó y se instaló en la opinión pública.

En el marco de esa suerte de "circo", como lo denominan algunos analistas, el gobierno difundió avisos en los programas de mayor audiencia de la televisión pública, como "Fútbol para todos" donde se emiten los partidos de la liga nacional, para destacar la trascendencia del "7 D" (7 de diciembre).

Clarín contestó con avisos televisivos en los que afirmó que "el 7 de diciembre no debe suceder nada" y publicó en su diario homónimo, avisos acusando al gobierno de mentir cuando dice que no hay inflación o inseguridad.

Para Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona, "hay una pelea política de fondo" relacionada con la intención oficialista "de avanzar en la reconfiguración del mapa de medios a partir de la reducción de la posición de Clarín".

Subyace una disputa "por la influencia en el espacio público", señaló a la AP Becerra, profesor en la Universidad Nacional de Quilmes. Según el analista, tanto Clarín como el gobierno están "sobreactuando" para hacerse las víctimas ante la sociedad.

El analista también cuestionó que el gobierno haya aplicado aspectos de la ley de medios "beneficiando a algunos actores ligados al oficialismo" y dejando de lado aquellos puntos que asegurarían verdaderos avances en el derecho a la comunicación.

Según el analista Fidanza es difícil discernir "cuánto hay de pelea personal, de apuesta política y de interés económico" en esta guerra. Coincidió con Becerra en que al gobierno le conviene todo este ruido mediático porque le sirve para no abordar temas que le incomodan.

El gobierno intentó recusar a jueces de la Cámara en lo Civil y Comercial que hoy extendieron el plazo de la medida cautelar reconocida a Clarín hasta que se defina su constitucionalidad.

El multimedios denunció ante la justicia la "incitación a la violencia colectiva" contra el grupo por parte de funcionarios, así como a varios periodistas afines a Fernández "como propagadores" de la misma. Clarín decidió retirar esta última acusación de los tribunales porque fue muy cuestionada en medios periodísticos.

La situación de tensión ha trascendido las fronteras argentinas. Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa inició el jueves una visita a Buenos Aires para evaluar el estado de la libertad de expresión. Los representantes de la organización se reunirán con legisladores, intelectuales y periodistas.



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