Nacional - Seguridad y Justicia
Llama ONU a seguir combate a delitos contra periodistas
* Consideran legisladores ciertas modificaciones a Ley de Víctimas
México, (Notimex).- Es vital combatir la impunidad para abatir los delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos en México, afirmó Frank La Rue, relator de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión.
El funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que pese a los esfuerzos de México para castigar y erradicar los delitos contra la prensa y defensores de derechos humanos, el problema permanece debido a la impunidad.
Al reunirse con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, insistió que "el factor más importante es erradicar la impunidad y que haya una justicia pronta y segura".
Consideró que esto es el factor más importante para garantizar la seguridad, pues el mensaje que se da es que a nadie le importa, ni a los medios ni a los mismos gremios periodísticos, así como a las autoridades.
El relator de la ONU señaló la importancia de crear en la Cámara baja una Comisión Especial que dé seguimiento a los casos de agresión contra periodistas y defensores de derechos humanos.
También indicó que el Congreso de la Unión debe elaborar una ley reglamentaria para que opere la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada en abril de 2012.
Dicha normatividad pretende garantizar la protección rápida y efectiva de los defensores de garantías individuales y comunicadores que se encuentren en riesgo por el ejercicio de su labor.
La ley prevé mecanismos para aplicar medidas de prevención y protección para disminuir los factores de riesgo cuando éstos enfrenten actos de agresión en su contra, explicó el diplomático de la Organización de las Naciones UNidas (ONU).
Frank La Rue también consideró importante que los estados homologuen sus leyes en materia penal y constitucional para federalizar los delitos.
Señaló que para brindar protección, las medidas materiales de emergencia, legales y de justicia, así como políticas públicas representan la mejor forma de prevención.
"La tarea de informar requiere una protección especial, no es por la persona, es por la función que abona a la democracia porque dan un servicio de información a la población", puntualizó.
Por separado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Miriam Cárdenas Cantú, indicó que los avances de la Ley General de Víctimas, en vigor desde este viernes, no se pueden desestimar y afirmó que existe voluntad de corregir inconsistencias.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estableció que esta normatividad recoge la "doctrina internacional" sobre este tema.
En entrevista, dijo que las críticas que se han vertido sobre la supuesta falta de operatividad serán solucionadas en los siguientes meses, con reformas a la propia Ley General de Víctimas y con la expedición de una normatividad secundaria.
Recordó que el Congreso de la Unión aprobó esta ley el 30 de abril de 2012, pero no fue publicada por el anterior gobierno federal presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de que fuera devuelta a los legisladores por sus presuntas inconsistencias.
Entre las bondades de la legislación que hoy entra en vigor, mencionó que por primera vez se reconoce a las víctimas directas e indirectas, estas últimas como las personas que alrededor del agraviado directo padecen el sufrimiento.
A su vez, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, celebró que luego de una lucha desde el Poder Legislativo y los organismos defensores de los derechos humanos, México cuente con una Ley General de Víctimas.
Por ello, refrendó la disposición del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para enriquecerla y lograr su correcta aplicación.
"Estamos conscientes que las víctimas además de padecer en la actualidad el flagelo de la delincuencia tienen que lidiar con la parsimonia de los órganos encargados de hacer justicia", expuso.
Ahora, dijo, lo que sigue es que el gobierno federal haya posible la aplicación de esta ley y que entable un diálogo permanente con organizaciones civiles, incluso con legisladores para mejorarla y hacer los cambios que sean necesarios para su mejor ejecución.
PCesar
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