Vox Populi
Cuando toda una protesta camina fuera de la ley
Autor: SALVADOR I. REDING VIDAÑA
Como en la mayoría de los países, en México existe el derecho de huelga. Se puede ejercer bien o mal, pero está en la Ley. También existe el derecho constitucional a la libre expresión de las ideas, que igualmente se puede ejercer bien o mal. Ambos casos son importantes en estos días para México.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación, la CNTE, acordó no iniciar clases en el ciclo escolar 2013-2014, en un paro indefinido de labores, unilateralmente y sin ningún sustento legal para hacerlo.
Cabe hacer una diferencia entre los maestros mexicanos en el sector público. Alrededor de un millón y medio de ellos están afiliados a un sindicato "oficial", el SNTE, mientras que la CNTE afilia a alrededor de cien mil profesores, es decir el equivalente al 6.25 del total de maestros (como 1'600,000).
La gran mayoría de los profesores imparten normalmente sus clases, mientras que una minoría de la CNTE abandonó a sus alumnos.
Si estos maestros ejercieran su derecho a la huelga, podrían suspender labores en tanto la autoridad laboral decide a quién asiste la razón. Si ésta estuviera del lado laboral, los maestros podrían recibir el pago de salarios caídos, que no habrían recibido durante la huelga. Pero no es así.
Los maestros en paro ILEGAL reciben algunos indebidamente su sueldo y otras prestaciones en efectivo, mientras que a otros su pago les ha sido retenido por no trabajar, por lo que elevan furiosas protestas. Por supuesto que las autoridades, legalmente hablando, deben suspender el pago por el trabajo no realizado: impartir clases, y hasta rescindir sus contratos de trabajo y sustituirlos.
Por otra parte, maestros en paro ilegal, no en huelga legítima, han viajado a la Ciudad de México para protestar en contra de los cambios en materia de educación, constitucionales y en leyes secundarias.
Ejercen su derecho de manifestarse, pero en base a incumplir las labores docentes que por contrato (y a cambio de sueldo y prestaciones) tienen obligación de llevar a cabo: presentarse en sus aulas y dar clase a los niños y jóvenes de México.
En principio todo el proceso de protesta en la Capital está mal hecho; mientras que tenían la posibilidad y libertad de hacer protestas y manifestaciones en sus horas libres y sin incumplir sus obligaciones docentes, pasan por encima de la ley. Quizá con menos impacto mediático, pero ordenadamente.
Algo más, y es lo que tiene enfurecidos a los ciudadanos en el Distrito Federal, es el de los diversos daños que les han causado con movilizaciones que pudiendo hacer en orden y con respeto a los demás, lo hacen causando intencionalmente el mayor caos posible.
Todavía más: han cometido delitos en contra de personas y sus bienes, y daños a propiedad pública. Por supuesto que injustificadamente. Ni siquiera en plan de rebeldía, resistencia civil u otros posibles intentos de justificación "moral".
Aquí aplica el sabio principio, se tenga o no la razón: el fin no justifica los medios.
¿Cuál ha sido el resultado de todo esto, del actuar fuera de la ley incumpliendo obligaciones contractuales, y violando reglamentos de buen gobierno y diversas leyes? El repudio social de la mayor parte de la población y la resistencia oficial a sus exigencias.
Otra parte de los mexicanos han manifestado su simpatía por el movimiento de los maestros disidentes, compartiendo su posición respecto a rechazar la reforma educativa. Algunos sin embargo no comparten la forma en que protestan y se manifiestan, olvidando a sus alumnos y violando leyes y reglamentos. Otros más sí los apoyan perdonándoles todo esto último.
Pero hay que insistir: el fin no justifica los medios. La transgresión de los derechos de terceros es inaceptable; la violación de las obligaciones contractuales es también inadmisible. Y la verdad es que no pueden justificar de manera alguna estos actos amenazantes y violentos de protesta, estando abierto el cauce legal.
Los maestros disidentes de la CNTE han pedido que se les escuche, pero ya se les ha escuchado, sin que sus propuestas hayan sido aceptadas. Esto les ha llevado a un posible callejón sin salida, cuando al final amenazan al país: o se aceptan sus exigencias o se aceptan, de otra manera continuarán con lo que llaman su "movimiento", que incluye la ilegalidad, cuando bien pueden actuar dentro de la Ley.
Todavía más: que aun enderezando el camino de rectificación en sus formas de protesta y manifestación ya dentro del orden legal, los daños causados ya están hechos.
En cuanto a daños patrimoniales y a personas, hay denuncias penales y los responsables tendrán que responder por ellos ante las autoridades judiciales. A menos que por debilidad, complacencia o connivencia, los responsables de aplicar la ley y consignar responsables en los gobiernos capitalino y federal, se abstengan de hacerlo, como ya ha pasado en otras ocasiones.
Para todos estos actores sociales y sus simpatizantes: el fin no justifica los medios, sea para protestar violentamente en la calle o para, por motivos políticos, dejar de aplicar la ley y evitar más daños a los ya hechos a la población capitalina y a los niños sin clases.
JMRS
