Migración

Obama pide fondos y busca acelerar audiencias para resolver crisis de inmigración

2014-07-09

Uno de esos críticos, el gobernador de Texas, Rick Perry, tenía previsto reunirse con...

Por Steve Holland y Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos presentó el martes una iniciativa para frenar el flujo de niños inmigrantes procedentes de Centroamérica que cruzan la frontera y pidió al Congreso 3.700 millones de dólares en fondos de emergencia para tomar medidas que aceleren las audiencias de deportación de menores.

Se trata de la respuesta más sustancial hasta el momento del presidente Barack Obama, quien enfrenta problemas para controlar la crisis humanitaria a lo largo de la frontera entre Texas y México y recibe las críticas del Partido Republicano, que demanda una respuesta más severa.

Uno de esos críticos, el gobernador de Texas, Rick Perry, tenía previsto reunirse con Obama el miércoles en Dallas durante una mesa redonda programada por el presidente sobre la crisis, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.

El domingo, Perry acusó al Gobierno de tardar demasiado en reaccionar ante el asunto y pidió el despliegue de tropas de la Guardia Nacional a la frontera.

Si no se toman medidas, el Gobierno proyecta que más de 150.000 menores de 18 años, sin compañía, podrían estar huyendo de la extrema pobreza, de bandas criminales y de la violencia vinculada al narcotráfico en Honduras, El Salvador y Guatemala.

Más de 52.000 menores de estos tres países han sido detenidos desde octubre mientras intentaban cruzar ilegalmente la frontera, el doble de la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior.

El dinero solicitado por la Casa Blanca, bajo el concepto de gastos de emergencia, se destinaría tanto a pagar asistencia a los niños como a acelerar el regreso a sus países de origen.

El pedido de financiación pondrá a prueba la capacidad de Obama de negociar de manera efectiva con los legisladores republicanos, quienes han bloqueado gran parte de su agenda de cara a una elección en noviembre en la que esperan retomar el control del Senado estadounidense.

ACELERAR DEPORTACIONES

El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Harry Reid, dijo que pensaba que la Cámara alta podría aprobar la ley de financiamiento de emergencia este mes, antes del comienzo del receso de verano. Pero la Cámara baja y los líderes republicanos en el Senado podrían insistir en bloquear los fondos pidiendo a cambio recortes en otros ítems del presupuesto.

Obama se comprometió a regresar rápidamente a sus países a las decenas de miles de niños menores de 18 años que han ingresado a Estados Unidos en los últimos meses.

Con esa iniciativa, el mandatario se arriesga a perder la confianza de sus aliados latinos en Estados Unidos, quienes pretenden que actúe flexibilizando -y no endureciendo- las reglas de inmigración.

Buscando que el pedido a los legisladores sea más aceptable en términos políticos, la Casa Blanca sumó 615 millones de dólares que requiere con urgencia para ayudar a combatir los incendios forestales típicos del verano boreal, que han estado afectando a los estados del oeste del país.

Esto lleva el total de fondos solicitados a 4.315 millones de dólares, una cifra que algunos republicanos probablemente se negarán a ceder fácilmente.

Funcionarios de la Casa Blanca que dieron una conferencia de prensa dijeron que la mayor porción del financiamiento, 1.800 millones de dólares, irían al Departamento de Salud y Servicios Humanos para que brinde cuidados adecuados a los niños mientras permanecen en custodia en Estados Unidos.

Otros 1.100 millones de dólares se destinarían al Departamento de Seguridad Nacional para pagar el transporte de los niños, ampliar las investigaciones sobre las pandillas que tramitan las inmigraciones ilegales y el pago de la detención y deportación de adultos indocumentados que viajan con niños.

Además, 433 millones de dólares se gastarían en aumentar la seguridad en la frontera, incluidos incrementos en los controles por aire. El Departamento de Justicia recibiría 64 millones de dólares para contratar alrededor de 40 jueces especializados en inmigración que agilicen los procesos de deportación.

Finalmente, 300 millones de dólares se destinarían al Departamento de Estado para pagar la repatriación y reintegración de los inmigrantes en sus países de origen y para "ayudar a los gobiernos en la región a controlar mejor sus fronteras", dijo la Casa Blanca.



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