Internacional - Finanzas
Argentina calcula cuánto le costaría hacer las paces con los acreedores
Shane Romig, The Wall Street Journal
BUENOS AIRESSi la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, optara por llegar a un acuerdo con los dos fondos de cobertura de Nueva York que ganaron un fallo judicial por más de US$1.500 millones, casi seguro daría lugar a otros reclamos que le costarían al gobierno alrededor de US$13.000 millones, afirman economistas.
Kirchner y sus principales asesores económicos han luchado para no pagar el valor total de los bonos que los fondos compraron a precios baratos, en su mayor parte tras la gigantesca cesación de pagos de Argentina en 2001. El gobierno argentino, que califica de "buitres" a estos acreedores y de "extorsión" sus reclamos, dice que pagarles a los fondos abriría las compuertas para una ola de demandas que le costaría US$120.000 millones y llevaría al país a la bancarrota.
Si bien los economistas y ex funcionarios del gobierno de Kirchner coinciden con la presidenta respecto al enorme costo que enfrenta el país, estiman que el monto probablemente será mucho menor de lo que han afirmado las autoridades. El gobierno, señalan, podría reducir el impacto al negociar un cronograma de pagos y ofrecer bonos a cambio.
"Podría ser una suma considerable, pero todos entienden que no pagarán de inmediato y en efectivo", dice Claudio Loser, economista argentino y ex director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.
Kirchner defendió el miércoles la pelea del gobierno con los fondos durante un discurso en Brasilia. "Argentina está sufriendo un fuertísimo ataque especulativo", dijo en la cumbre de las naciones que integran el llamado Brics, que incluyó a Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica, además de países invitados como Argentina, Venezuela y Colombia.
Argentina está en una encrucijada desde que el juez del distrito sur de Nueva York, Thomas Griesa, ordenó al gobierno pagar US$1.500 millones a tenedores de bonos liderados por Aurelius Capital Management LP y Elliott Management Corp. Ante la negativa argentina, Griesa bloqueó en junio pagos que el gobierno intentó hacer a inversionistas que aceptaron los canjes ofrecidos en 2005 y 2010 por los US$100.000 millones en bonos en default. La deuda fue reestructurada a 33 centavos por dólar.
Eso llevó al gobierno a apelar la decisión ante la Corte Suprema de EE.UU., que en junio no quiso escuchar los argumentos de Argentina. Ahora, las opciones del país son crudas: pagar o entrar en cesación de pagos al final de julio, por segunda vez en 13 años.
Algunos economistas que conocen el accionar del gobierno y su presente situación económica consideran que Argentina llegará a un acuerdo, en parte porque tiene alternativas para pagar.
"El gobierno siempre lleva los temas hasta el precipicio, pero no da un paso más", afirma Martín Redrado, quien fue presidente del Banco Central primero durante la gestión de Néstor Kirchner y luego con Cristina Kirchner, hasta que fue destituido en 2010 al resistirse a los planes del gobierno de usar reservas internacionales para pagar deuda.
Redrado señala que el gobierno está preocupado "con razón" por el acuerdo que firmó con casi 93% de los bonistas que habían reestructurado su deuda tras el default. Esos bonos contenían una cláusula que estipulaba que cualquier pacto voluntario con los holdouts, como se conoce a los acreedores que no aceptaron canjes de deuda, les otorgaría a los que sí lo hicieron el derecho a recibir el mismo pago. Argentina sostiene que esos costos destruirían sus finanzas.
Los holdouts "pretenden hacer caer la reestructuración", dijo Kirchner el miércoles. A fines de junio, Argentina depositó unos US$900 millones para pagos de interés sobre esos bonos reestructurados en cuentas de intermediarios de su banco central, pero la mayor parte del dinero quedó congelada por la orden de Griesa. La presidenta se mostró desafiante, al decir que el país ha cumplido sus obligaciones y no podía ser considerado en default.
Economistas que han seguido de cerca el caso dicen que la llamada cláusula RUFO, o Right Upon Future Offers (algo así como Derechos Sobre Ofertas Futuras), impide al gobierno de Kirchner concretar de forma voluntaria un acuerdo con los holdouts.
No obstante, sería difícil convencer a un tribunal de que el acuerdo es voluntario, después de que Argentina ha empleado durante más de una década recursos diplomáticos y legales para evitar pagar.
Redrado apunta que Argentina podría negociar un acuerdo que le permita no pagarles a los tenedores de bonos reestructurados. Y debido a que la cláusula RUFO vence a fin de año, Argentina podría lograr un pacto que postergue los pagos a los holdouts hasta Año Nuevo, lo que suprimiría esa amenaza.
"Necesita tener un acuerdo", dice Redrado sobre el gobierno. "Es crucial dejar de lado las negociaciones finales para un acuerdo hasta enero, así no tenemos más sorpresas futuras y finalmente podemos poner fin a esto".
Hay decenas de miles de personas, así como muchas empresas, que aún conservan los bonos incumplidos de Argentina con la esperanza de recibir la totalidad de la deuda, como fondos de cobertura de jubilados en Italia que vieron cómo sus ahorros se desvanecieron con el default.
Existen tres categorías diferentes de acreedores holdouts, explica Arturo Porzecanski, economista uruguayo y experto en Argentina de la American University.
Una vez que se realicen los pagos a Aurelius y Elliott, otro grupo que también ha obtenido fallos judiciales favorables la mayoría del juez Griesa estará en condiciones para cobrar otros US$5.000 millones, afirma Porzecanski. Los pagos a esos holdouts tendrían que hacerse rápidamente ya que se prevé que los acreedores le pidan al juez que haga cumplir esas decisiones, agrega.
Hay un segundo grupo, conformado por miles de personas y empresas, que tendrían derecho a otros US$5.000 millones. Ese grupo, sin embargo, tendría que presentar sus reclamos ante la corte y ganar un fallo, dice Porzecanski. La duración de ese proceso le daría algo de tiempo a Argentina mientras otros acreedores de bonos no reestructurados en todo el mundo preparan demandas judiciales.
El otro grupo está compuesto por unos 50.000 bonistas italianos que compraron un reclamo que exige otros US$2.700 millones en un tribunal de arbitraje del Banco Mundial, que se prevé que decida pronto. Nicola Stock, presidente de la Task Force Argentina, un grupo de Roma que presiona por los pagos, dice que "están abiertos a la negociación, como siempre, pero que de lo contrario llevarán sus reclamos hasta el final".
Hay otros miles de jubilados e inversionistas particulares en Argentina y en otros países que compraron pequeñas sumas de bonos del país antes de la cesación de pagos de 2001. En su momento, se vieron tentados por unas de las tasas de interés más altas en circulación y la falsa creencia de que no podían perder. Algunos han ganado fallos contra Argentina en el tribunal de Griesa y mantienen el optimismo de que cobrarán, indica Pietro Adami, un abogado italiano que representa unos 30 bonistas.
"Es sólo cuestión de tiempo", dice Adami, que tiene varios clientes que reclaman entre US$10.000 y US$1 millón. "Estos no son buitres. Son personas reales".
Pier Giorgio Pagliani, un inversionista italiano de 69 años y ex capitán de la Armada que se jubiló en diciembre, invirtió US$20.000 en Argentina en 2001, meses antes del colapso económico del país. Pagliani rechazó los canjes y ahora espera ansioso poder cobrar toda la deuda.
"Era dinero que había ganado de forma honesta", dice Pagliani desde su casa en Magliano Sabino, a unos 70 kilómetros de Roma. "Y lo quería todo de vuelta".
Hay indicios importantes de que Argentina, desde hace tiempo un paria en los mercados financieros internacionales, se acerca a un acuerdo por su deuda.
En mayo, Argentina acordó pagar US$9.700 millones que debía al Club de París, un grupo de países acreedores, en efectivo y bonos con un interés de entre 3% y 3,8% durante los próximos siete años. En abril, Argentina pagó cerca de US$5.000 millones en bonos a la petrolera española Repsol por expropiar su participación controladora en la estatal argentina YPF. El gobierno también pagó unos US$500 millones en octubre para cerrar un litigio con un grupo de empresas extranjeras por disputas contractuales.
Sin embargo, pagarles a los holdouts traería un beneficio importante: el regreso de Argentina a los mercados globales de bonos.
Eso podría aliviar las dificultades financieras de un país duramente golpeado por la recesión, una inflación galopante y una escasez de dólares que ha afectado el tipo de cambio. La economía se contrajo 0,8% en el primer trimestre y la mayoría de los economistas prevén una caída del Producto Interno Bruto este año. Tomar prestado del exterior le permitiría traer los dólares que necesita urgentemente. El país tiene una carga de deuda relativamente baja, de alrededor de 46% del PIB anual, frente a 166% en 2002, antes de reestructurar su deuda incumplida.
EEM
