Internacional - Seguridad y Justicia
Washington interviene en Ferguson ante los fallos de las autoridades locales
MARC BASSETS, El País
El Gobierno federal de Estados Unidos se implica con todo su peso en la crisis por los disturbios raciales en Ferguson (Misuri). Los fallos de las autoridades locales y estatales tras la muerte, el 9 de agosto, de un negro desarmado tiroteado por un policía blanco, han llevado a la Administración Obama a reforzar la investigación y a presionar para que cambie la actitud de las fuerzas del orden ante los afroamericanos.
El fiscal general Eric Holder, titular del Departamento de Justicia, viajó este miércoles al área metropolitana de San Luis para informarse de primera mano sobre las pesquisas de los 40 agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) centradas en posibles violaciones de los derechos civiles y varios fiscales expertos en derechos civiles desplegados en la región.Holder, que como el presidente Barack Obama es afroamericano y ha experimentado, él y su familia, la discriminación racial en EE UU, quiere abordar uno de problemas que explican las protestas de estos días: la percepción, por parte de muchos negros, de que la policía les es hostil.
"Entiendo esta desconfianza. Soy el fiscal general de Estados Unidos. Pero también soy un hombre negro", dijo Holder en una reunión en una universidad local. Holder, que también se reunió con líderes comunitarios, agentes del FBI y cargos electos, recordó varios episodios, de joven y adulto, en que la policía le paró por el color de su piel.
"Como les he dicho a estos jóvenes, el cambio es posible", dijo. "El mismo chaval al que pararon en la autopista de Nueva Jersey ahora es fiscal general de Estados Unidos. Este país es capaz de cambiar. Pero el cambio no ocurre por sí solo. Así que empecemos. Pongámonos a trabajar". Su esperanza: que su presencia en Ferguson tenga un "efecto calmante" en la zona.
La visita coincidió con el primer paso hacia la posible inculpación de Darren Wilson, el agente que disparó seis tiros como mínimo a Michael Brown, de 18 años. Wilson está suspendido de empleo con sueldo de forma cautelar.
La fiscalía del condado presentó las primeras pruebas a un gran jurado, una institución que en EE UU se encarga de decidir si inculpa a un sospechoso.
El ambiente de desconfianza en Misuri amenaza con contaminar este proceso. El fiscal del condado de San Luis, Robert McCulloch, es blanco e hijo de un policía que murió en acto de servicio por los tiros de un afroamericano. Su primo y su tío son policías. Políticos y activistas han exigido al gobernador, el demócrata Jay Nixon, que lo retire del caso y nombre a un fiscal especial. Sostienen que la visión de McCulloch sobre el caso será sesgada.
La intervención del Gobierno federal en Ferguson no afecta a la gestión policial de las protestas que, tras días de disturbios, se calmaron en la noche del martes al miércoles: la Administración Obama se centra en las causas de estas protestas. Primero, la confusión sobre la muerte de Brown y la culpabilidad de Wilson. Y segundo, el abismo entre un cuerpo policial mayoritariamente blanco y una población mayoritariamente negra. Esto no sólo ocurre en Ferguson sino en otros municipios cerca de San Luis que, en las últimas décadas, han asistido al éxodo de los ciudadanos blancos pero donde estos siguen copando la administración.
La presencia de Holder en Ferguson, enviado por el presidente Obama, es un gesto fuerte, con antecedentes históricos: en los años cincuenta y sesenta, el Gobierno federal, con el peso de la Constitución de EE UU, se enfrentó a los Estados del Sur para proteger a la minoría entonces segregada.
El conflicto actual no es comparable, pero ver al fiscal general aterrizando en San Luis es una manera de decir a las autoridades locales que ellos solos son incapaces de garantizar una investigación creíble y de asegurarse que en esta parte del país las libertades civiles se respeten plenamente. Porque, medio siglo después del fin de la segregación legal en EE UU, otras formas de discriminación persisten. Una es el sesgo del sistema de justicia contra los afroamericanos; otra, según ha denunciado el propio fiscal general, las leyes electorales que disuaden a los negros y otras minorías de votar y les hurtan la representatividad.
La urgencia para los manifestantes que piden justicia es aclarar qué ocurrió el 9 de agosto: si el policía disparó al muchacho porque éste se le había encarado o si se ensañó. Los testimonios han ofrecido versiones divergentes. El funeral de Michael Brown se celebrará el lunes en San Luis, más de dos semanas después de su muerte.
ROW
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