Cadáveres sin nombre avivan impunidad del crimen organizado en México

Por Lizbeth Díaz

MAZATLAN México (Reuters) - Para leer una versión en PDF haga clic en: bit.ly/1tU8Mhr

Una sencilla lápida adornada con flores de plástico asegura que Carlos Montaño está enterrado en un cementerio de Mazatlán, en el estado mexicano de Sinaloa.

Por eso el delgado ayudante de carpintero de 42 años está atrapado en un limbo legal, librando una batalla para que las autoridades mexicanas reconozcan que el cadáver acribillado que su familia sepultó en junio del año pasado no era el suyo y le devuelvan su identidad.

"Pues legalmente yo estoy muerto", dijo Montaño a Reuters con ironía en una calle de la ciudad fronteriza de Tijuana donde, según dice su acta de defunción, fue asesinado. "Ya me habían enterrado hasta con la banda".

Su "muerte" pinta el caos administrativo en torno a las víctimas del crimen organizado en México, donde miles de cadáveres y restos humanos no identificados llenan morgues y fosas en un problema que ha desbordado a las autoridades.

Para los familiares de los desaparecidos es una pesadilla sin fin.

Elvira García lleva casi una década intentando recuperar los restos de su marido secuestrado, asesinado y enterrado en una fosa común en Tijuana. Desesperada, llegó incluso a pagar 50,000 pesos (3,800 dólares) de su bolsillo para excavar una fosa. Pero fue en vano.

"Hemos tenido que pasar por toda clase de cosas, hasta humillaciones", dijo la mujer, que trabaja de contadora en una maquila de Tijuana. "En todo este tiempo terminas devastada como familia. Lo único que queremos es saber dónde está, por qué hubo tantos errores".

De la misma forma difícilmente se sabrá la identidad del cadáver que la familia de Montaño recibió desde Tijuana en un ataúd y enterró una sofocante mañana de primavera.

Más de 100,000 personas han sido asesinadas desde que el ex presidente Felipe Calderón lanzó a finales de 2006 una ofensiva militar contra el narcotráfico que fragmentó los cárteles, desencadenando una ola de violencia extrema que algunos comparan con países en guerra.

Falta de recursos, mala coordinación de las investigaciones forenses entre los estados y graves omisiones en las fiscalías amenazan con perpetuar la impunidad de los sanguinarios cárteles del narcotráfico, cuyas incursiones han  golpeado la economía en varias regiones del país.

Reuters solicitó reiteradamente a la Procuraduría General de la República (PGR) cifras sobre la cantidad de cadáveres no identificados, pero no obtuvo respuesta.

Datos parciales ofrecen sin embargo una idea de las dimensiones del problema. La estatal Comisión Nacional de los Derechos Humanos calcula que, por ejemplo, más de la mitad de los 40,000 muertos en enfrentamientos armados entre 2006 y 2011 están sin identificar.

Según datos proporcionados por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a solicitud de Reuters, apenas fue establecida la identidad de 336 de los 2,000 cadáveres hallados en fosas clandestinas desde el 2006.

Sin embargo algunas de estas cifras no coinciden con las reportadas por las autoridades de los estados. Es el caso de Durango, donde la fiscalía local informó el hallazgo de más de 300 cadáveres en fosas comunes en el 2011 pero las cifras de la PGR proporcionadas por el IFAI mencionan apenas 20 cuerpos.

MASACRES Y ERRORES MACABROS

Expertos internacionales dicen que México usa protocolos de investigación forense demasiado precarios. Además, en la segunda mayor economía de América Latina no existe una base de datos centralizada que permita cruzar información sobre los desaparecidos en diferentes estados con los restos no identificados hallados.

"El problema no es la tecnología, que sí la hay, sino la manera como se recaban los datos", dijo a periodistas el relator de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias, Christof Heyns.

Una de las mayores dificultades, explicó, es que en México no existe un sistema forense nacional. El registro, recolección y resguardo de cadáveres y restos humanos es realizado por las autoridades de los estados, generalmente de manera no coordinada.

Con su capital político invertido en sacar adelante cruciales reformas del sector de energía y telecomunicaciones, varias fuentes dijeron que modernizar el sistema forense y dedicar más recursos a la búsqueda de desaparecidos no figura entre las prioridades del presidente Enrique Peña Nieto.

Más de un año y medio después de llegar al poder, Peña Nieto cumplió a finales de agosto la promesa electoral de crear la Gendarmería, una nueva división de la Policía Federal para combatir la violencia de los narcos que, sin embargo, se concentrará en proteger actividades económicas afectadas por los robos y extorsiones del crimen organizado como la agricultura, la minería y el petróleo.

La ineficiencia de los sistemas de identificación llevó a las autoridades a cometer errores macabros como enviar cadáveres a familias equivocadas, incluso en el extranjero, o dar por muertas a personas vivas.

Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recoge, por ejemplo, el testimonio de una mujer hondureña cuyo hijo fue asesinado en una masacre de 72 inmigrantes ocurrida en agosto del 2010 en un rancho del estado de Tamaulipas, en el norte de México.

Tres meses después recibió un ataúd sellado. Dentro del cajón había un maletín negro, 17 bolsas plásticas de distintos colores y un pedazo de carne con tierra y gusanos.

En el caso de Montaño, su familia nunca pudo ver su presunto cadáver, que tuvo que reconocer a través de fotos. Y aunque admiten que tenían dudas, terminaron dándolo por muerto para evitar que el cuerpo fuera a parar a una fosa común.

"Miraba las fotos y aunque no lo veía en 10 años sabía que no era él", dijo Anselmo Mora, su medio hermano. "Pregunté que si al cadáver le faltaba un testículo, como a Carlos. Me dijeron que sí. Esa fue la prueba definitiva".

El Gobierno de Peña Nieto ha dicho que depuró una lista de la época de Calderón y como resultado hay 22,322 personas desaparecidas, pero nadie ha tenido acceso al listado y el IFAI dijo a Reuters que esa base de datos no existía.

"Yo no he visto algo parecido", dijo Rupert Knox, un investigador de Amnistía Internacional. "México representa un reto ante las autoridades (...) No es un conflicto armado, pero tiene rasgos parecidos en este sentido".

UN PERRO Y UNAS VARILLAS

La realidad sobre el terreno es precaria. Durante un reciente operativo al que Reuters asistió en las afueras de la ciudad de Mexicali, cerca de la frontera con Estados Unidos, un pequeño grupo de investigadores de la PGR perforaba la superficie del desierto con unas varillas de metal en busca de cadáveres.

Un perro entrenado para rastrear restos humanos olfateaba cada agujero, pero parecía desorientado por el hedor de basura, animales descompuestos y aguas servidas.

Tras horas de trabajo bajo un sol abrasador, uno de los agentes halló lo que parecían ser huesos de dedos humanos. Los tomó sin guantes y guardó en una pequeña bolsa de plástico, sin seguir los estrictos protocolos aconsejados por la CIDH en su informe.

Los cuerpos que un detenido confesó haber enterrado en la zona no aparecieron ese día.

Organismos internacionales calculan que en las morgues y cementerios de México existen entre 17,000 y 25,000 fragmentos humanos sin identificar.

Para complicar más las cosas, los criminales a veces disuelven los cadáveres de sus víctimas en ácido para que sea imposible su identificación o mezclan los restos con huesos de animales. Los Zetas, uno de los carteles más brutales, es conocido por descuartizar a sus víctimas.

La dimensión del problema es tan grande y la capacidad del Estado para atenderlo tan escasa, que  el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García, renunció en mayo diciendo sentirse incapaz de ofrecer soluciones a los familiares de las víctimas.

CEMENTERIOS CLANDESTINOS

El problema es particularmente grave a lo largo de la frontera con Estados Unidos, escenario de los peores capítulos de la guerra antinarco durante el gobierno de Calderón.

Desde el año pasado las autoridades mexicanas cuentan con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que ayudó a identificar a cientos de personas desaparecidas durante la dictadura militar en su país, para establecer la identidad de víctimas de masacres de centenares de inmigrantes centroamericanos en Tamaulipas y Nuevo León, también en el norte.

"Hay muchos cementerios clandestinos en la frontera", dijo a Reuters la investigadora argentina Mercedes Doretti. "Para poder identificar todos los restos y poder responder a todas las familias se requiere de un esfuerzo muy grande, que seguramente va a llevar años".

Las familias de algunos desaparecidos se niegan a tirar la toalla: guardan para ellos un lugar en la mesa, festejan sus cumpleaños y hasta les compran regalos en Navidad. Hay quienes aseguran, aferrados a una cruel esperanza, que los desaparecidos están vivos y que el narco los mantiene como esclavos en campos de cosecha de amapola y marihuana.

Pero la mayoría se resigna a que están muertos y sólo espera encontrar los restos, aunque esa búsqueda les lleve años.

García, la mujer que llegó a pagar una excavación con sus ahorros, descubrió en el 2010 la foto de su marido en la página web del Servicio Forense pero con un número de expediente equivocado. Tras mucho insistir, la fiscalía admitió el error y autorizó a excavar la fosa donde, según los registros, su marido había sido sepultado con otras 15 personas. Pero sus restos no aparecieron.

Y aunque investigadores federales reabrieron recientemente los casos de personas desaparecidas en Tijuana, a estas alturas García perdió las esperanzas.

"Ni siquiera te contestan el teléfono", dijo la mujer a Reuters. "La verdad no creo que el Gobierno vaya a hacer algo por nosotros. Todo es una apariencia".

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