Reportajes

Agua, tema pendiente en México

2014-09-09

No está claro si estos planes lograrán los efectos deseados, pues no es probable que...

Economist Intelligence Unit

La escasez de agua ha sido un problema de larga data en México, debido al clima, la exposición a desastres naturales y una desigual distribución geográfica de recursos de agua dulce en relación con los principales centros de población. En los meses pasados, el presidente Enrique Peña Nieto ha resaltado planes de su gobierno para construir infraestructura y otras medidas destinadas a elevar el suministro. Sin embargo, no está claro si estos planes lograrán los efectos deseados a corto plazo, pues no es probable que se aborde el delicado asunto de las tarifas, pese a la afirmación de Peña de que la era del agua fácil y abundante ha llegado a su fin en México y el mundo.

El 25 y 26 de junio México fue anfitrión de una asamblea de la junta de gobierno del Consejo Mundial del Agua, con vistas al séptimo Foro Mundial del Agua, que se llevará a cabo en Corea del Sur en abril de 2015. El acto coincidió con la Semana Latinoamericana del Agua, que tuvo lugar en la ciudad de México, con participación de cientos de especialistas y funcionarios relacionados con la política hidráulica en la región. Peña Nieto sostuvo que realizar ambos actos en el país mostraba el compromiso de proteger el ambiente y buscar la seguridad del agua en todo el planeta.

Cambio climático y crecimiento poblacional

Según cifras oficiales, en 1950 la disponibilidad de agua per cápita era de 18 mil 35 m3, en tanto en 2013 llegó apenas a 3 mil 80. Hoy unos 35 millones de habitantes del país padecen falta de agua. El informe de la OCDE Hacer posible la reforma de la gestión del agua en México, publicado en 2013, subrayó que 77 por ciento de la población vive en zonas que disponen de apenas 32 por ciento de los recursos hídricos del país. La presión sobre esos recursos es particularmente severa en Baja California, Chiapas, el estado de México, Jalisco, Puebla y Veracruz.

El problema se origina en la falta de infraestructura, pero también en la exposición a eventos meteorológicos extremos, como sequías y huracanes, cuyo impacto ha crecido sobre todo por efecto del cambio climático. Esto se demostró en la temporada de huracanes de 2010, que afectó numerosos estados en la costa del Golfo de México y en una amplia gama de regiones del centro, el sur y el norte del país. De manera similar, si bien en 2013 sólo dos huracanes importantes golpearon territorio mexicano, lo hicieron al mismo tiempo y causaron severas perturbaciones y daños extendidos en dos terceras partes del mismo. Según el informe de la OCDE, unas 200 poblaciones de más de 10 mil habitantes son vulnerables, pues están ubicadas en cuencas de ríos, con alto riesgo de inundación.

Además de la insuficiencia de agua potable, la falta de servicios sanitarios es un gran problema. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), publicado el 29 de abril, 92 por ciento de la población tiene acceso al agua potable, en tanto las instalaciones sanitarias sólo llegan a 90.5 por ciento. Esto es resultado en parte del crecimiento de la población, que también explica por qué algunos de los acuíferos más severamente afectados están ubicados en el valle de México.

Agotamiento, desperdicio, contaminación

Según el estudio, alrededor de 41 por ciento del agua extraída se desperdicia y 59 por ciento del consumo no se paga. Esta situación es particularmente dañina, pues el consumo se vuelve insostenible, en particular cuando 101 de los 653 de los acuíferos del país están sobrexplotados.

La agricultura representa más de tres cuartas partes del uso del agua en México. Según cifras de la Conagua, de los 85 mil 588 millones de m3 usados para beber, para la agricultura, la industria y las plantas termoeléctricas, la gran mayoría (50 mil 974 millones) proviene de fuentes superficiales y el resto de acuíferos. Jesús Reyes Heroles, director del comité del agua de la Fundación Gonzalo Río Arronte, que cabildea por políticas hidráulicas sustentables, señala que 70 por ciento del agua usada en la agricultura no tiene costo, lo cual conduce a un gran dispendio (según él, de 55 por ciento).

A su vez, este desperdicio contribuye a la sobrexplotación de acuíferos. Además, gran parte están contaminados por fertilizantes y pesticidas (62 por ciento del desperdicio de agua es generado por el sector agrícola, que afecta una porción significativa de los recursos superficiales).

Para complicar las cosas, poca atención se pone a las descargas residuales, y se carece de infraestructura de tratamiento. Reyes Heroles señala que 45.7 por ciento del agua no es tratada, o no en forma apropiada. Según cifras del Inegi, el problema es aún más grave, pues en 2012 más de 80 por ciento del agua usada en diferentes actividades económicas no fue tratada antes de ser devuelta al ambiente. El IMTA calcula que se requiere infraestructura para tratar más de 7 mil millones de m3 de agua residual municipal y 2 mil millones de agua residual industrial.

Medidas del gobierno podrían no bastar

La política hidráulica del gobierno actual se levanta alrededor de dos pilares:

Desarrollo de infraestructura para suministrar agua potable e identificar nuevas fuentes. Infraestructura de extracción para agricultura, modernización de los sistemas hidráulicos y cuidado de acuíferos. Suspensión de la extracción libre de agua del subsuelo en varias regiones. Fortalecimiento de la seguridad del agua mediante el Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas y el Programa Nacional Contra la Sequía.

De éstos, el único al que el gobierno ha dado realce ha sido la construcción de infraestructura. El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 comprende proyectos por 415 billones de pesos. Sin embargo, por necesarios que sean el gasto público y la construcción de obras para incrementar la oferta, distan de ser suficientes. De hecho, durante los dos gobiernos pasados el presupuesto de la Conagua casi se triplicó en términos reales, sin que ello produjera una expansión proporcional de la disponibilidad del recurso.

Según el informe de la OCDE, lo que hace cada vez más falta es mejorar el marco regulatorio e impulsar la coordinación y efectividad en todos los niveles, desde los consejos locales de cuencas de ríos hasta los gobiernos municipales y estatales, y las diversas dependencias federales involucradas. En este aspecto, es positivo el anuncio de Peña Nieto de que su gobierno elabora una reforma legal que clarifica la función de cada nivel de gobierno para ampliar el acceso a los recursos hídricos.

Uno de los aspectos más importantes en los informes de la OCDE y del IMTA es la necesidad de eliminar subsidios y elevar tarifas para que el consumo sea más sostenible a largo plazo. Resulta importante que, si bien hay tarifas para el consumo en volumen, para riego, para agua potable e instalaciones sanitarias, la contribución de los usuarios en el gasto total del sector sigue siendo baja, de alrededor de 45 por ciento. Sin embargo, en este aspecto la perspectiva de reforma no es muy prometedora, al menos a corto plazo. Aunque Peña Nieto ha demostrado que no teme adoptar medidas controversiales, elevar el costo del agua para consumidores en un momento en que su gobierno sólo ha producido resultados decepcionantes en crecimiento económico y creación de empleos podría tener un alto costo político. Hasta ahora no hay indicación de que el gobierno planee atacar de frente este problema. Por tanto, pese a los pasos dados para elevar la disponibilidad, el consumo de agua en México seguirá siendo insostenible, lo que significa que la oferta insuficiente continuará siendo un problema en el futuro previsible.



ROW