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El caso de estudiantes desaparecidos en Guerrero revela otros horrores

2014-11-06

Aún no han encontrado a los estudiantes, que se cree que fueron secuestrados por...

Por Dudley Althaus, Juan Montes y Santiago Pérez, The Wall Street Journal

IGUALA, México- Todos los días, miles de soldados, policías y voluntarios civiles en el estado sureño de Guerrero escarban basurales, se internan en ríos y exploran tupidas laderas de montañas en busca de 43 estudiantes universitarios que desaparecieron hace casi seis semanas.

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Aún no han encontrado a los estudiantes, que se cree que fueron secuestrados por policías corruptos y entregados a un cartel del narcotráfico, probablemente para ser asesinados. Pero los investigadores han encontrado muchos otros horrores, como fosas comunes con 50 víctimas no identificadas que según los análisis de ADN no son de los estudiantes. La mayoría de esas víctimas fueron cortadas en pedazos y echadas al fuego.

Como muestra el descubrimiento de otras fosas, el misterio de los estudiantes desaparecidos no es un caso aislado. El gobierno estima que unas 23.000 personas "han desaparecido" en los últimos ocho años de violencia espantosa aquí entre pandillas rivales que se pelean entre sí y contra las fuerzas del orden. Grupos de derechos humanos dicen que el saldo podría ser mucho mayor.

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Si la mayoría de los desaparecidos están muertos, como temen los grupos defensores de derechos, eso elevaría en 20% el ya abrumador saldo de muertos 100.000 muertos en México por homicidios relacionados con el narcotráfico en los últimos ochos años.

"Las desapariciones son una crisis de derechos humanos de grandes proporciones para México", dice José Miguel Vivanco, director para el continente americano de Human Rights Watch.

Se cree que muchos de los desaparecidos han sido asesinados por cárteles o fuerzas de seguridad y enterrados en fosas comunes. Algunos quizás nunca sean encontrados. El "cocinero" de un cártel en Tijuana confesó haber disuelto unos 300 cuerpos en ácido antes de ser apresado.

En 2011, la policía desenterró más de 331 cuerpos cerca de la capital del estado occidental de Durango, muchos de los cuales habían sido arrastrados de los jardines de hogares suburbanos. Sólo 120 de las víctimas fueron identificadas, en parte porque algunos de los restos estaban demasiado descompuestos, dijo Raymundo Enríquez, vocero de la oficina del fiscal estatal.

Seis meses antes, la policía encontró 60 cuerpos en una mina abandonada cerca de Taxco, la famosa ciudad platera a pocas decenas de kilómetros del lugar donde desaparecieron los estudiantes. La policía cree que las víctimas fueron atadas y amordazadas, y arrojadas vivas a la mina.

Las desapariciones forzadas tocan un punto sensible en América Latina, donde decenas de miles de personas percibidas como comunistas o enemigos del estado desaparecieron durante la época de la Guerra Fría a manos de las fuerzas de seguridad o sus aliados paramilitares en Chile, Argentina y Brasil, y en la prolongada guerra civil de Colombia. La palabra desaparecidos es desde hace tiempo parte del léxico político de la región.

Las desapariciones de México son un fenómeno algo distinto. Aquí, los crímenes suelen estar más relacionados con el dinero que con la ideología. Y las bandas del narcotráfico y de secuestradores han perpetrado la mayoría de las desapariciones de México, sostienen los funcionarios. Pero como muestra el caso de Iguala, la línea entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad del gobierno puede ser delgada.

Las desapariciones son desde hace tiempo una estrategia de las bandas, que obtienen la mayor parte de sus ingresos con el tráfico de marihuana, metanfetaminas, heroína y cocaína para consumidores en Estados Unidos. Pero hasta hace poco tuvieron un rol secundario frente a una campaña terrorista muy pública en la cual se colgaban de puentes los cuerpos de las víctimas, se tiraban cuerpos decapitados en importantes avenidas, o aparecían víctimas sin algunos miembros en videos subidos a Internet.

Esa brutalidad resultó contraproducente, sin embargo, y a menudo llevó a represalias del gobierno en medio de la indignación pública. En los últimos años, en especial desde que Enrique Peña Nieto asumió en diciembre de 2012, los asesinos se han tomado más molestias para esconder sus crímenes.

Eso ha ayudado a que el gobierno afirme que la situación de seguridad en México está mejorando, ya que el conteo oficial de asesinatos de pandillas cayó casi 28% en la primera mitad del año frente al mismo período de 2012.

"Todos estos escenarios se han ido revirtiendo, hemos venido trabajando muy fuerte para que dejen de existir estos enfrentamientos, esta violencia que parecía cotidiana", dijo Miguel Ángel Osorio, ministro del Interior de México, en una entrevista radial la semana pasada.

Aun así, Osorio admitió que las atrocidades en Iguala han conmocionado a un México endurecido debido a la cantidad de desaparecidos, al hecho de que son estudiantes y que fueron secuestrados por la policía y no por hombres armados desconocidos, como suele suceder.

El hecho de que los estudiantes no aparecen a pesar de una enorme búsqueda también ha generado malestar, aunque funcionarios esperan que el arresto esta semana del ex alcalde de Iguala y su esposa, que según las autoridades federales le ordenó a la policía que confrontara a los estudiantes, pueda aportar nuevas pistas.

"Que aun con todo el poder que tiene el estado no puedan encontrar a nuestros muchachos", sostuvo Felipe de la Cruz, el padre de uno de los estudiantes desaparecidos, ante periodistas, luego de una reunión con Peña Nieto la semana pasada.

Grupos cívicos afirman que la estimación del gobierno de la cantidad de desaparecidos probablemente sea demasiado baja. FUNDEC, un grupo de familiares de desaparecidos en con sede en el estado de Coahuila, indicó que de un total de 149 casos de desaparecidos informados a autoridades federales y estatales, sólo aparecen 26 nombres en la lista del gobierno federal.

El gobierno admite que no sabe el número real. "Cada agencia dice que ellos no tienen los números reales y que tanto a los estados como a los municipios les resulta difícil reportarlos", concluyó el documento publicado tras una reunión que tuvo lugar este año entre funcionarios del Ministerio del Interior, la Procuraduría General y la Cruz Roja. El documento está publicado en el sitio web del Instituto Federal de Acceso a la Información.

Una de las más dramáticas desapariciones en masa tuvo lugar en una tranquila tarde de comienzos de 2011, cuando un pequeño grupo armado del cartel de Los Zetas entró en Allende, un pueblo cercano a la frontera con Texas, para ajustar cuentas. Respaldados por policías municipales a sueldo de Los Zetas, más de cien hombres arrasaron el pueblo durante el fin de semana, según funcionarios estatales y locales, testigos y activistas de derechos humanos.

Su furia estuvo dirigida en los familiares y empleados de tres hombres del lugar que huyeron a Texas con drogas de Los Zetas y se convirtieron en informantes de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés). Tantos como 150 hombres, mujeres y niños desaparecieron, estiman los funcionarios. Algunos vecinos de las víctimas dicen que el número de música fue por lo menos del doble.

La atrocidad permaneció como un secreto a voces circunscripto al área de Allende por más de dos años. Ni las autoridades federales ni las estatales investigaron o difundieron el hecho. Los residentes y los medios locales, temiendo represalias, también mantuvieron el secreto.

Una intensa búsqueda de esos restos durante este año permitió hallar apenas fragmentos de huesos y lugares donde las autoridades creen que los cuerpos pudieron haber sido incinerados.

Pocos rincones de México han sido más golpeadas por la violencia que Guerrero, donde las desapariciones se han vuelto algo corriente en las agrestes montañas interiores del mismo estado que alberga las paradisíacas playas del Pacífico de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, en especial para las comunidades que se extienden al oeste y al sur de Iguala.

Funcionarios de Teloalapan, un polvoriento pueblo comercial unos 60 kilómetros al oeste de Iguala, dicen que esa comunidad ha sufrido la desaparición de unas 200 personas tan sólo en los últimos cuatro años.

En Cocula, una aldea de casas bajas con techos de teja unos 20 kilómetros al sur de Iguala, hombres armados sin identificar se llevaron a 14 personas en marzo de 2013 y otras 17 en julio del mismo año, dicen los pobladores. Las víctimas permanecen desaparecidas.

"Fueron casa por casa agarrando a la gente, mayormente jóvenes", dijo en una entrevista César Peñaloza, alcalde de Cocula. Según él, alguna gente del pueblo cree que las pandillas forzaron a los hombres a ir a trabajar en las plantaciones de adormidera —la planta de la que se extrae el óptico. "No sabemos qué les ha pasado".



EEM

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