Advertencia para inmigrantes: no acudan a los notarios

Miriam Jordan, The Wall Street Journal

ATLANTA, Estados Unidos—Silvester Lorenzo fue detenido cuando conducía sin licencia. César Vega evadió una orden de deportación. Lilliana González usó un número de Seguro Social falso para obtener un trabajo. ¿Son aptos para solicitar amparo bajo la acción ejecutiva de inmigración del presidente Barack Obama?

Con el objetivo de averiguarlo, los tres se sumaron a varias decenas de inmigrantes indocumentados que asistieron hace poco a una sesión de información aquí. Otros como ellos, ansiosos por encontrar respuestas, han acudido a talleres de orientación, oficinas de abogados y, a veces, consultores sin escrúpulos.

Como se enterarían luego en el evento en Atlanta, el gobierno aún debe brindar detalles sobre el programa, que se prevé que sea implementado a fines de mayo. En este momento, los abogados sólo pueden ofrecer suposiciones.

Según el plan anunciado por Obama el 20 de noviembre, cerca de 4,1 millones de padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales podrían librarse de la deportación y recibir permisos de trabajo. Casi todos los asistentes a la sesión en Atlanta, realizada en la entidad sin fines de lucro Asociación Latinoamericana (LAA, por sus siglas en inglés), tenían al menos un hijo nacido en EE.UU.

Mientras esperan más información, grupos de defensa y organizaciones de asistencia legal reúnen a inmigrantes en sesiones como esta para alentarlos a comenzar a reunir documentos que prueben que viven en EE.UU. desde hace al menos cinco años, y para alertarlos sobre estafas. "Nuestro gran mensaje es: no vayan a los notarios", dijo Jonathan Eoloff, director de servicios de inmigración de LAA.

En América Latina, los notarios son abogados con una especialización. En EE.UU., los notarios básicamente autentican firmas, y abundan en los enclaves hispanos, donde ofrecen una variedad de servicios, desde traducción de documentos, preparación de declaración de impuestos y llenado de formularios de inmigración. No todos son honestos. Algunos estados, como California, han intentado regular a los proveedores de servicios de inmigración.

Pero muchos inmigrantes han caído presa de timadores que los asesoran mal o les hacen promesas falsas de legalizar su situación. Una cantidad indeterminada terminó envuelta en procesos de deportación luego de que notarios mintieran en su nombre en solicitudes de legalización, como por ejemplo dar una nacionalidad incorrecta del postulante.

Los inmigrantes "corren el riesgo no solo de perder su dinero, sino también su sueño", dijo Rigo Reyes, jefe de investigaciones del Departamento de Asuntos del Consumidor del Condado de Los Ángeles. Citó un caso reciente en el que un inmigrante perdió US$17.300 a manos de un consultor que le prometió conseguir la residencia para su familia.

Hasta 2.500 personas brindan servicios de inmigración ilegalmente en la zona de Los Ángeles, y esa cantidad seguramente crecerá tras la iniciativa de Obama, señaló Reyes. La preocupación por las estafas llevó a la fiscal general de California, Kamala Harris, a emitir una alerta a los consumidores pocos días después del anuncio del programa.

El año pasado, la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC) recibió 891 quejas sobre servicios de inmigración, frente a 746 en 2012, aunque menos que en 2011, cuando registró 1.220 denuncias. Se cree que la cifra real de casos es mayor, porque muchos inmigrantes temen hacer una denuncia, afirmó la directora asistente, Mónica Vaca.

El sitio web de la FTC tiene una lista de proveedores legítimos de servicios inmigratorios y en los próximos meses planea realizar conferencias sobre prevención de fraudes y denuncias en zonas con concentración de inmigrantes.

En el evento en Atlanta, el abogado de inmigración Lino Rodríguez comenzó diciéndoles a los asistentes: "Los detalles que les doy son lo que sé por ahora". Entre otras cosas, les dijo que como padres de ciudadanos estadounidenses dentro del país desde el 1 de enero de 2010, podrían postularse a un estatus legal temporario que duraría tres años.

Los inmigrantes inundaron al abogado con preguntas. Sus rostros de perplejidad tras escuchar las respuestas indicaban su confusión acerca del proceso complejo, que requeriría contratar abogados de inmigración, abogados penales y contadores públicos certificados.

Lorenzo, un cocinero que vive en Atlanta desde hace 14 años y quien asistió a la reunión con dos hijos nacidos en EE.UU., reveló que dos veces ha pagado multas por conducir sin licencia, un documento que los inmigrantes indocumentados no pueden obtener en el estado de Georgia.

"¿Me perjudicará esto?", preguntó.

Rodríguez le recomendó consultar un abogado penal. "Si tienes un caso pendiente, aunque sea pequeño, no puedes obtener un beneficio inmigratorio", le advirtió.

Vega, un trabajador de la construcción, estaba preocupado porque no acató una orden de deportación de cuando ingresó ilegalmente a EE.UU. en 2004. Rodríguez le dijo que eso no debería ser un problema, aunque cada caso debe ser estudiado con detenimiento.

Varios inmigrantes tenían preguntas sobre impuestos a la renta, que muchos pagan usando números de identificación impositiva emitidos por el gobierno que no coinciden con los números falsos de Seguro Social que presentan a sus empleadores. Haber usado un número de Seguro Social falso no debería ser impedimento, dijo Rodríguez.

"Si mi esposa es ama de casa, ¿cómo prueba que estuvo aquí todos estos años?", preguntó José Soto. Cuando Rodríguez le sugirió que el nombre de su esposa podría aparecer en su cuenta bancaria, los comprobantes de vacunación de sus hijos, o una lista de asistencia a la iglesia, la cara de Soto se iluminó.

Su esposa, María Vergara, dijo que le quedaba un temor: la suerte de la orden ejecutiva, que los republicanos han prometido revertir. "Si esto se revierte", dijo "inmigración sabrá dónde trabajo, dónde vivo, todo".

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