Reportajes
El Salvador: Cuando el aborto puede costar 30 años en prisión
Por Juan José Dalton
San Salvador, (dpa) - Morena Herrera es una de las principales líderes feministas de El Salvador. Ha dedicado los últimos meses a buscar justicia para 17 mujeres condenadas por haber abortado de manera presuntamente deliberada, lo que en el país centroamericano está prohibido e incluso puede ser penado con 30 años de prisión. O más.
Pese a que las mujeres acusadas por abortar y finalmente condenadas por homicidio agravado suman 49, el indulto ha sido solicitado para 17 de ellas por tratarse de casos que presentan grandes irregularidades judiciales, explica Morena, quien, como destacada representante de movimientos feministas dice estar esperanzada por el indulto aprobado el jueves a favor de Guadalupe Aldana.
Antes de 1997 El Salvador permitía el aborto en tres casos excepcionales: si la vida de la mujer estaba en riesgo, si se trataba de un caso de violación y si se registraban anormalidades fetales. Sin embargo, ese año fue modificado el Código Penal y el aborto resultó prohibido por completo, lo que derivó en una creciente incriminación de las mujeres que se someten a esa práctica y, en los hechos, al procesamiento de 130 de ellas.
Morena, una mujer que en los años de guerra civil (1980-1992) fue guerrillera y en años de paz concejala de la Alcaldía de San Salvador (1997-2000), explica a dpa la gravedad de la prohibición en El Salvador.
"Es muy grave porque viola derechos de las mujeres y porque afecta a toda la población. Por ejemplo, si una mujer tiene problemas de salud con un embarazo complicado, ya sea porque ella tiene una enfermedad preexistente o porque el embarazo lo complique, no puede decidir si quiere salvar su vida y proteger su salud", explica la feminista.
"Algunas mujeres tienen que recurrir a salir del país. Y las que no tienen recursos, que son la mayoría, tienen que recurrir a otras alternativas o no pueden hacer nada. También existen los embarazos como resultado de violaciones sexuales, que son muy frecuentes, y las mujeres y las niñas no pueden decidir interrumpir esos embarazos", advierte.
Desde 2009 Morena Herrera y la llamada Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto que lidera iniciaron un proceso de estudio de los casos de mujeres condenadas y procesadas judicialmente por abortar pero finalmente condenadas, como Guadalupe Aldana, por homicidio agravado a 30 años de cárcel.
Guadalupe Aldana se la primera de 17 propuestas que ha sido indultada luego de que la Asamblea Legislativa comprobara anomalías judiciales en su condena.
"Presentamos una solicitud de indulto a la Asamblea Legislativa el 1 de abril de 2014. Después de todo el trámite entre (el poder) legislativo y la Justicia, el Parlamento aprueba el indulto por mayoría de vos", apuntó Herrera.
"Eso significa que dos poderes del Estado, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, han reconocido que en el caso de Guadalupe Aldana efectivamente había un error judicial. En términos concretos, para ella esto se tradujo en la posibilidad de recuperar su libertad" luego de haber estado condenada a 30 años de reclusión tras las rejas, explica la activista.
Herrera asegura que los casos de condena contra las mujeres por aborto no son aislados, sino "un comportamiento del Estado que se expresa en violación de los derechos reproductivos de contra las mujeres".
"Nosotras vamos a seguir luchando por la libertad de las mujeres que han sido criminalizadas y están en prisión por razones asociadas al aborto", asegura. "Fueron acusadas por aborto, pero después cambiaron la tipificación del delito y las condenaron por homicidio agravado y tienen condenas severas de hasta 40 años de cárcel", recalcó la activista.
Finalmente Herrera determinó: "continuaremos haciendo esfuerzos por cambiar la cultura, el imaginario social, que la gente comprenda las implicaciones todos estos casos. Y vamos a continuar construyendo alianzas. Eventualmente queremos que el gobierno asuma el debate, el diálogo nacional, para cambiar la ley. Las Naciones Unidas se han comprometido a facilitar ese diálogo con bases científicas que puedan cambiar estas leyes", apunta con miras al futuro.
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