La fiscal prohíbe salir del país a la última persona que vio vivo a Nisman

ANTONIO JIMÉNEZ BARCA, El País

La fiscal Viviana Feim sigue desentrañando pistas y recogiendo testimonios que esclarezcan la muerte del fiscal Alberto Nisman, cuyo cadáver fue hallado en el cuarto de baño de su casa el domingo al lado de la pistola de la que salió la bala que le mató. El último paso dado por Feim es el de prohibir que salga del país Diego Lagomarsindo, que fue la última persona que vio vivo al fiscal y que le prestó el arma que le causó la muerte.

El pasado sábado a las ocho de la tarde, Lagomarsindo acudió a la casa del fiscal después de que éste le llamara. Según contó al periódico Página 12 una juez amiga de Lagomarsindo, éste asegura que el fiscal le pidió el arma para defenderse, le añadió que el viernes le había llamado Stiuso (Antonio Horacio Stiuso, exjefe de Operaciones de los servicios de Inteligencia argentinos que proporcionaba información a Nisman( para advertirle de que desconfiara de sus guardaespaldas y que pusiera seguridad a sus hijas. Poco después de las ocho de la tarde, Lagomarsindo salió de casa de Nisman por la puerta principal. La muerte, bien suicidio o asesinato (la fiscalía la califica por ahora de "muerte dudosa") ocurrió entre las 11.00 y las 15.00 horas del domingo.

El lunes siguiente a la muerte del fiscal, al ver las noticias de la televisión, Lagomarsindo se presentó voluntariamente a declarar. Dio a la fiscal un teléfono para estar localizado. Pero el viernes, la fiscal no logró dar con él, con lo que tramitó la orden de que se le prohibiera salir del país. El informático se enteró de que le andaban buscando y se puso en contacto nuevamente con la fiscal. No está acusado de la muerte de Nisman, aunque sí podría ir a prisión por prestar un arma a alguien sin permiso para tenerla, un delito tipificado en Argentina y penado con hasta seis años de cárcel.

La prensa argentina especula con el sueldo de este técnico informático, 41,000 pesos al mes, unos 4,100 euros, el más elevado de todos los colaboradores del fiscal, y con el hecho de que casi nunca trabajara en la oficina, sino en su casa o en la casa del fiscal cuando éste lo llamaba, y se pregunta si sus labores eran las estrictas de un mero informático o si se dedicaba a otras tareas más relacionadas con el espionaje.

Por otra parte, un testigo importante desfiló ayer por las oficinas del fiscal, la de la exmujer de Nisman y madre de sus dos hijas, la juez Sandra Arroyo Salgado. Su testimonio es valioso dado que pueda arrojar luz sobre el hecho de por qué Nisman interrumpió la semana pasada sus vacaciones en Europa con una de sus hijas para volver a Buenos Aires antes de lo previsto. El día después de la muerte del fiscal, a su exmujer le preguntaron si creía en la hipótesis del suicidio. Y ella respondió que no. La fiscalía también llevó a cabo el viernes varias pruebas periciales encaminadas a discernir la trayectoria de la bala y, entre otras cosas, la distancia de la pistola de la cabeza de Nisman en el instante del disparo. Esto puede determinar –o ayudar a determinar- si el fiscal empuñaba el arma en momento del disparo o no.

Mientras, Argentina continua estupefacta, atenta a las pruebas, testimonios (y rumores entrecruzados) que continuamente emiten los medios de comunicación. Todos en el país siguen obsesionados con el caso del fiscal muerto un día antes de presentar ante la Cámara de Diputados una denuncia por encubrimiento contra la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, entre otros dirigentes políticos, de los culpables del mayor atentado de la historia de Argentina, ocurrido en 1994, con 85 muertos y 300 heridos. En concreto, Nisman acusa al Gobierno argentino de llegar a un acuerdo económico con Irán (a quien el fiscal denunció como autor intelectual del atentado) a cambio de dejar a los culpables efectivos del atentado en paz. El Gobierno, que se inclina por la tesis del asesinato antes que la del suicidio, mantiene que la citada denuncia carece de base y que al fiscal le proporcionaron informaciones falsas miembros de los servicios de inteligencia, entre ellos el citado Stiuso. Ayer, precisamente, se divulgaron algunas de las conversaciones grabadas, pertenecientes a la denuncia, entre un dirigente político argentino, Luis DElía y un supuesto enlace argentino como el Gobierno iraní, Jorge Alejandro Yussuf Khalil, en las que comentan, sin que se aporte ningún dato concluyente, algunos de los entresijos entre las relaciones diplomáticas entre los dos estados.

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