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Oposición venezolana pide anular uso de armas en protestas
Caracas. (dpa) - La oposición venezolana dijo hoy que una polémica resolución del Ministerio de Defensa, que autoriza a los militares a usar fuerza "potencialmente mortal" en manifestaciones públicas, viola la Constitución, por lo que pedirá su anulación.
La portavoz de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), diputada Delsa Solórzano, advirtió que con la resolución "se declara la suspensión del derecho a la vida".
Dirigiéndose al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, firmante de la resolución, advirtió: "con esto usted ha dado autorización para salir a matar a la gente en la calle".
Recalcó que la Constitución venezolana prohíbe el uso de armas de fuego en manifestaciones.
"También dice nuestra Constitución que es la ley la que regula, no resoluciones ni ministros, la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público", dijo en una rueda de prensa.
Solórzano anunció que el lunes acudirá al Tribunal Supremo de Justicia "con la finalidad de solicitar la nulidad absoluta de esta resolución por inconstitucional".
También dijo que denunciará el tema en instancias internacionales, incluyendo la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas.
Solórzano recalcó que la resolución advierte de sanciones a los miembros de la Fuerza Armada que desobedezcan las órdenes en caso de enfrentar manifestaciones públicas.
Mientras, el líder de la oposición, Henrique Capriles, dijo que la resolución intenta intimidar a los venezolanos para que no protesten.
"Quieren callar a nuestro pueblo a punta de amenazas, no quieren oírlo ni saber de sus problemas. En vez de resolverlos, lo que hacen es amenazar", dijo en su cuenta de Twitter. "Intimidan a los venezolanos con la resolución para que no salgan a reclamar ante esta crisis. Qué miedo tienen a la fuerza de la verdad", agregó.
Asimismo, la organización no gubernamental Provea, defensora de los derechos humanos, dijo que la medida viola la Constitución y "abre las puertas a violaciones masiva de derechos humanos".
Anteriormente, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dijo que examinará a "fondo" la polémica resolución.
Señaló que antes de pronunciarse sobre el tema lo estudiará a "fondo" y que entonces hará un pronunciamiento. "Cuando se tenga el resultado se hará del conocimiento público de ello", declaró a los periodistas.
La resolución, que fue publicada hace dos días en la Gaceta Oficial, órgano sobre decisiones gubernamentales, establece un nuevo modelo de control del orden público, define la actuación de la Fuerza Armada en manifestaciones y el uso de armas de fuego.
La resolución regula la actuación de la Fuerza Armada para garantizar el orden y la paz social en reuniones públicas y manifestaciones.
El documento destaca la actuación de los militares en el desarrollo de la democracia e insta a proteger los derechos humanos y garantías personales. También señala como lineamiento la protección de la vida de las personas y que el uso de la fuerza en manifestaciones será progresivo y diferenciado, respecto al nivel de la amenaza.
Según la resolución, los militares utilizarán primero la disuasión y en su reacción graduarán la fuerza a aplicar, desde la presencia de los funcionarios en la calle hasta el uso de arma de fuego.
Establece que, de existir un riesgo mortal, los agentes aplicarán el método de uso de la fuerza potencialmente mortal, con armas de fuego o con otra arma potencialmente mortal.
El gobierno bolivariano había sostenido la tesis de que el control de orden público corresponde a la policía y que las fuerzas militares sólo intervendrán en manifestaciones cuando aquella sea superada.
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