Migración

Un juez bloquea la orden de Obama para detener las deportaciones de indocumentados

2015-02-17

La orden del juez Hanen pide a las partes que se reúnan el 27 de febrero y discutan...

Por Nathan Koppel y Miguel Bustillo, The Wall Street Journal

DALLAS—Un juez federal de Texas emitió una orden en la noche del lunes para bloquear temporalmente una directiva migratoria que potencialmente habría protegido a millones de indocumentados de la deportación.

El juez de distrito Andrew Hanen, de Brownsville, Texas, quien fue nominado por el ex presidente George W. Bush , falló a favor de casi dos decenas de estados que demandaron el programa respaldado por el presidente Barack Obama, asegurando que excede su autoridad e infringe la constitución.

La orden temporal del juez bloquea un programa conocido como Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales, que permitiría que cerca de cuatro millones de personas no sean deportadas si han estado en el país desde 2010, no son considerados una amenaza criminal y tienen un hijo o hija que sea ciudadano o residente permanente. El programa ha sido muy criticado por miembros del Congreso.

Su orden temporal también bloquea una extensión del programa conocido como Acción Diferida para Llegadas en la Niñez, que se suponía iba a permitir que inmigrantes indocumentados solicitaran quedarse y trabajar en EU desde el miércoles.

La orden del juez Hanen pide a las partes que se reúnan el 27 de febrero y discutan cómo proceder con la demanda.

"Esta orden deja claro que el presidente no es una ley en sí mismo, y debe trabajar con nuestros líderes elegidos en el Congreso y satisfacer a las cortes de la forma que imaginaron nuestros Padres Fundadores", indico el fiscal general de Texas Ken Paxton en una declaración a última hora del martes.

En un comunicado emitido a primera hora del martes, la Casa Blanca defendió las órdenes ejecutivas emitidas en noviembre como medidas dentro de la autoridad legal del presidente, al argumentar que la Corte Suprema de EU y el Congreso han indicado que funcionarios federales pueden establecer prioridades al poner en práctica las leyes de inmigración.

"La decisión de la corte de distrito impide de forma equivocada que estas políticas legales y de sentido común entren en vigencia, y el Departamento de Justicia ha indicado que apelará esa decisión", señaló un comunicado de la Casa Blanca.

Un vocero del Departamento de Justicia de EU prefirió no hacer comentarios sobre la orden del juez a primera hora del martes. Se prevé que el departamento busque conseguir una medida cautelar de emergencia para la orden del juez mientras apela ante una Corte de Apelaciones.

Los republicanos del Congreso que están disgustados con las políticas de inmigración de Obama han indicado que sólo aprobarán financiación para el Departamento de Seguridad Interior, que supervisa la inmigración, si se da marcha atrás con esta orden ejecutiva. La financiación actual vence el 27 de febrero. La Casa Blanca ha indicado que el decreto es legal y dentro de los límites de su autoridad para fijar prioridades en temas migratorios.

"Esperemos que los senadores demócratas que afirman oponerse a este exceso ejecutivo ahora permitan que el Senado comience a debatir un proyecto de ley para financiar el departamento de Seguridad Interior", sin dinero para las medidas migratorias del presidente, sostuvo el titular de la cámara baja del Congreso John Boehner en una declaración el martes por la mañana.

Algunos expertos legales habían dicho que la demanda, que es encabezada por el estado de Texas e incluye a muchos estados gobernados por republicanos, parecía tener pocas posibilidades de éxito, al señalar que decisiones federales previas han establecido que la inmigración es una preocupación federal, no estatal.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes sobre Inmigración de EU afirmó que la decisión judicial representa al menos un revés temporal para los sueños de muchos migrantes jóvenes.

"Nosotros y académicos legales, tanto liberales como conservadores, creemos que el presidente tiene la autoridad amplia y establecida para tomar decisiones sobre cómo priorizar quién será deportado y quién se quedará en Estados Unidos", aseguró. "Instamos al gobierno a tomar medidas rápidas para apelar esta decisión".

El gobernador de Texas Greg Abbott, que anteriormente se desempeñó como fiscal general, ha indicado que el estado creía que tenía influencia por ser el "epicentro" de la inmigración ilegal hacia EU, y que las acciones de Obama requerirían que el estado gastara millones de dólares para brindar servicios públicos a los inmigrantes indocumentados.

Además de Texas, la demanda incluye a fiscales generales y gobernadores de muchos estados del sureste y el norte-centro de EU, y un puñado más del norte. California y Nueva York presentaron escritos en apoyo al gobierno de Obama, al igual que el alcalde de Los Ángeles y la ciudad de Nueva York.



EEM