Brasil vive turbulenta jornada por nexos políticos con caso Petrobras

Por Ana María Pomi

Brasilia, 7 mar (dpa) - Brasil vivió hoy una jornada turbulenta como consecuencia de la divulgación, en la noche del viernes, de la lista con los nombres de 47 políticos, en su mayoría oficialistas, que serán investigados por sus presuntos nexos con el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Muchos de los investigados -entre los que figuran 22 de los 513 diputados federales y 12 de los 81 senadores, rechazaron cualquier vinculación con los fraudes y atacaron al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y su Partido de los Trabajadores (PT).

Dos de los que reaccionaron con dureza fueron los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado Federal, Renan Calheiros, ambos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el mayor aliado de Rousseff en el Congreso.

"El gobierno quiere al socio en el barro. Yo solo entré (en la lista) para que pudieran poner a Anastasia", dijo Cunha aludiendo al opositor Antonio Anastasia, único representante del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que figura en la nómina.

El presidente de Diputados se basó para hacer tal afirmación en que tanto Anastasia como él fueron mencionados como beneficiarios de los desvíos en el mismo testimonio.

También el presidente del Senado, correligionario de Cunha en el PMDB, negó cualquier vinculación con la red ilegal y sostuvo que su desempeño político "nunca sobrepasó los límites institucionales".

Calheiros, quien tuvo que renunciar a la presidencia del Senado en 2007 a raíz de denuncias de corrupción, dijo que la investigación que dará inicio a partir de ahora será el único instrumento "capaz de comprobar" su inocencia.

En la misma línea se manifestaron políticos del PT y otros del derechista Partido Progresista (PP), que también integra la coalición aliada del gobierno, y que lidera la nómina con 30 miembros investigados.

Además de los ataques, la presidenta Rousseff convive a partir de hoy con la posibilidad de que un juez federal autorice que se investigue a quien fuera el tesorero de su campaña electoral de 2010, Antonio Palocci, ex ministro de Hacienda durante el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva.

Palocci, quien tuvo que dejar la cartera de Economía en medio de denuncias de corrupción, fue acusado por el ex director de Petrobras Paulo Roberto Costa de haber solicitado dos millones de reales (unos 666,600 dólares) desviados de Petrobras para la campaña de Rousseff.

Costa está preso por lavado de dinero y evasión fiscal, y suministró detalles sobre la red ilegal a cambio de que se le reduzca la condena.

La afirmación, en tanto, fue desmentida por otro implicado en el escándalo, el cambista Alberto Youssef, quien también está preso y al igual que Costa firmó un acuerdo de delación premiada.

Pese al desmentido, Janot entendió que "la supuesta solicitud de recursos debe ser investigada", por lo que solicitó autorización para hacerlo al juez federal Sérgio Moro, quien responderá en las próximas horas.

Rousseff también fue citada por Costa, pero según explicó Janot, no fue incluida en la nómina para ser investigada, entre otras razones porque la Constitución no lo permite.

Ante la ola de versiones que afirmaban que Rousseff fue excluida de la lista "solo" porque el artículo 86 de la Constitución no lo permite, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, convocó hoy a una conferencia de prensa en la que rechazó cualquier nexo de Rousseff con los desmanes en la estatal y remarcó que la presidenta no será investigada no porque lo impida la ley sino porque no hay "nada que investigar" sobre ella.

"Es equivocada la lectura de que la presidenta Dilma no fue investigada en virtud del artículo 86... El texto (de Janot) es claro: ella no fue investigada primero porque no hay indicios, porque no hay nada que archivar (en relación con ella)", dijo Cardozo.

La lista explosiva fue divulgada en momentos en que Brasil vive, además de la crisis política, una pésima situación económica que lo tiene al borde de la recesión, y que para enfrentarla, la presidenta necesita del aval del Congreso, esa institución en la que sus propios aliados la han atacado como si fueran enemigos, y en la que buena parte de sus miembros, comenzando por sus presidentes, están a partir de hoy bajo sospecha de corrupción.

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