Salvador Cienfuegos critica la limitación del fuero militar

PABLO DE LLANO, El País

El secretario de la Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos, ha criticado la reforma aprobada en 2014 en el Congreso que obliga a someter a los militares a la justicia ordinaria en los casos en que acciones irregulares de soldados afecten a civiles. La norma sacó del dominio de la justicia interna del Ejército (el fuero militar) estos casos para evitar que posibles violaciones de derechos humanos cometidas por soldados sean juzgadas por el propio Ejército.

"Están poniendo al Ejército en situaciones muy sensibles, vulnerables, delicadas, en las que nuestro personal ahora piensa si lo procesan por desobediencia, por no obedecer al secretario, o lo procesan por violar derechos humanos", ha dicho Cienfuegos a el periódico El Universal. El secretario de Defensa ha mostrado su opinión sobre la reforma legal al hilo de una serie de preguntas sobre el caso Tlatlaya, en el que un tribunal civil debe juzgar si en la muerte de 22 supuestos delincuentes el 30 de junio de 2014 en una operación militar hubo ejecuciones sumarias. Un oficial y siete soldados implicados están a la espera de que empiece el juicio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha afirmado que hay indicios de que al menos 12 de esas muertes fueron ejecuciones a sangre fría, no en combate. Y este lunes el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha hecho un comunicado en el que renueva su petición de justicia por el caso y llama a las autoridades mexicanas a extender sus investigaciones "a toda autoridad civil o militar" que pueda haber estado involucrada.

"Estos problemas los solucionamos muy rápido. Nuestra justicia sí es pronta y expedita", afirma

Cienfuegos, después de precisar que no tiene "información respecto a la investigación" –porque no está en un tribunal militar sino ordinario–, ha puesto en entredicho la hipótesis de las ejecuciones sumarias. Sostiene que la tropa respondió a un ataque; que los delincuentes eran 22 contra sólo ocho militares; y que en las víctimas se han encontrado restos de uso de armas y de consumo de alcohol y drogas. "Entiendo que estuvieron de fiesta hasta las dos o tres de la mañana", dijo Cienfuegos, que lamenta que el juicio no haya empezado aún y reivindica la justicia militar: "Estos problemas los solucionamos muy rápido. Nuestra justicia sí es pronta y expedita".

La controversia sobre violaciones de derechos humanos a manos del Ejército se disparó durante la legislatura 2006-2012 de Felipe Calderón, que decidió sacar a los militares a la calle para combatir al crimen organizado. El presidente Enrique Peña Nieto ha dado continuidad a esa medida. Actualmente entre 35,000 y 45,000 soldados patrullan por el espacio público e intervienen contra la delincuencia organizada. Cienfuegos defiende que las quejas contra militares han bajando un 60% entre 2012 y 2014 y prevé que, a corto plazo, el Gobierno no retirará el Ejército de la lucha contra el crimen debido a las limitaciones de los cuerpos policiales: "Estamos conscientes de que de no hacerlo nosotros, en este momento no hay quien lo pueda atender".

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