Migración
Historia de migrante mexicano en San Francisco no es rara
SAN FRANCISCO, California, EU (AP) Mucho antes de que fuera arrestado por la muerte de una mujer con arma de fuego en uno de los sitios turísticos más populares de San Francisco, Juan Francisco López Sánchez cruzaba la frontera entre Estados Unidos y México como si fuera una puerta giratoria.
Fue arrestado mientras estaba sin permiso en territorio estadounidense y deportado a su natal México en cinco ocasiones entre junio de 1994 y junio de 2009, sólo para infiltrarse de nuevo a Estados Unidos en cuestión de días, semanas o meses. Pasó aproximadamente 15 años en una cárcel federal en tres períodos por reingreso no autorizado, el último de los cuales lo completó este año.
Pero su hábito de cruzar furtivamente la frontera una y otra vez no es algo raro. Y probablemente nadie excepto por las agencias policiales habría puesto mucha atención en Sánchez si no fuera por lo que ocurrió después de que él concluyó su período más reciente tras las rejas.
La semana pasada fue arrestado y acusado de matar a Kathryn Steinle, de 32 años, mientras ella paseaba con su padre en un popular muelle de San Francisco. Resulta que Sánchez, de 45 años, andaba en la calle debido a la política de San Francisco de mantener una cooperación mínima con las autoridades federales de inmigración.
El homicidio ha traído consigo intensas críticas a la ciudad por parte de políticos de ambos partidos y se ha convertido en el punto álgido más reciente sobre cómo manejar la inmigración no autorizada. El Departamento de Policía de San Francisco dijo el miércoles que solicitó que López fuera presentado ante dicho departamento con el fin de que enfrente un cargo de posesión de marihuana que tiene 20 años de antigüedad y pagara por su transporte antes de que fuera puesto en libertad.
El caso ilustró una vez más la forma en que la vigilancia a lo largo de la frontera de casi 3,200 kilómetros (2,000 millas) con México es una tarea gigantesca y frecuentemente frustrante.
"Es difícil evitar físicamente que un inmigrante decidido halle alguna manera de volver a ingresar a Estados Unidos", dijo Marc Rosenblum, subdirector de políticas migratorias federales en el Instituto de Políticas de Inmigración. "No hay pena de muerte para la inmigración".
En 2013, un total de 18.498 personas fueron sentenciadas por el delito federal de reingreso no autorizado a Estados Unidos, un crimen grave. Los que lo cometieron habían sido deportados un promedio de 3,2 veces cada uno. La sentencia promedio que se les aplicó fue de unos 18 meses, de acuerdo con la Comisión de Sentencias federal.
Sánchez fue deportado por primera vez menos de cuatro meses antes de que el presidente Bill Clinton lanzara la Operación Guardián para fortalecer la vigilancia en San Diego, donde la Patrulla Fronteriza estaba muy superada por las decenas o cientos de inmigrantes que solían salir de entre las colinas.
Un incremento drástico en la vigilancia fronteriza desde California hasta Texas luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 hizo que fuera cada vez más difícil cruzar. La Patrulla Fronteriza duplicó la cantidad de agentes a más de 20,000 en el gobierno del presidente George W. Bush, y se colocaron verjas en aproximadamente una tercera parte de la frontera.
Aun así, los más decididos y físicamente aptos logran cruzar.
Luego de que Sánchez completó su último período en la cárcel en marzo, autoridades federales transfirieron su custodia al Departamento de Policía de San Francisco con el fin de que enfrentara el cargo por marihuana. Freya Horne, abogada del departamento policial, dijo que la política de la agencia es solicitar las transferencias de todos los reos que van a ser puestos en libertad y que tienen órdenes judiciales en su contra por delitos graves.
Pero los fiscales locales retiraron el cargo por drogas, y el jefe policial de San Francisco con base en la política de santuario que tiene la ciudad y en una ordenanza municipal de 2013 liberó a Sánchez en abril, a pesar de una solicitud del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para que lo retuvieran con el fin de que fuera deportado.
Las autoridades del ICE criticaron al jefe policial, que a su vez culpó a la agencia federal por no obtener una orden judicial que hubiera mantenido al mexicano tras las rejas.
Después del arresto de Sánchez por el homicidio en el malecón, éste declaró a los noticieros televisivos que halló la pistola en el muelle debajo de una camiseta y se le disparó accidentalmente.
La Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) indicó el miércoles que el arma utilizada en el homicidio pertenece a uno de sus agentes. La portavoz Dan Wilson dijo que el arma de servicio fue robada del vehículo del agente mientras él se encontraba trabajando en San Francisco.
El BLM emplea a unos 200 agentes armados, que patrullan tierras públicas y hacen respetar leyes relacionadas con la minería, el pastoreo, la tala y otras actividades.
EEM
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