Editorial
¿Es posible terminar con la impunidad en México?
ALBERTO J. OLVERA, El País
México vive un momento crucial de su historia contemporánea. El problema de la impunidad generalizada de la clase políticasea en casos de corrupción, de asesinato o desaparición forzada de personas, o por omisión de acciones esenciales en materia de justicia y de políticas públicasha llegado a un punto límite. El cambio de época que se perfila es en realidad la culminación de un largo proceso de acumulación de indignaciones.
Hace unos días, la Comisión Internacional de Expertos Independientes nombrada por la CIDH con el aval del gobierno federal para hacer una investigación propia sobre el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, rindió un informe contundente, que demuestra que ni la Procuraduría de Justicia de Guerrero ni la General de la República hicieron una investigación científica y fiable. Por el contrario, su trabajo fue sospechosamente parcial y ofreció conclusiones insostenibles.
Las múltiples y gravísimas omisiones en la investigación involucran a la Policía Federal y al propio ejército. El caso de Ayotzinapa es solamente la punta del iceberg de la crisis humanitaria que representa la desaparición de más de 23,000 personas y la muerte de más de 100,000 en los últimos 10 años.
El colapso patente del sistema de justicia demuestra que la crisis no puede ser resuelta por el gobierno actual, pues sus instituciones son disfuncionales. La reforma penal no avanza y abunda la simulación. Se requiere una entidad independiente. Se ha pospuesto la creación de una Fiscalía Nacional autónoma, ya prevista constitucionalmente en la llamada "reforma política" de 2014.
Es urgente que la nueva institución nazca cuanto antes con un titular intachable, con real autonomía, con un presupuesto suficiente y asesoría internacional. Si bien el gobierno mexicano no aceptará una verdadera supervisión internacional, al modo del exitoso modelo guatemalteco, al menos apoyo técnico, logístico y evaluación independiente deberían ser solicitados.
Otros tipos de impunidad existen y se conocen cada vez mejor, empezando por el conocido caso del conflicto de interés del Presidente y del Secretario de Hacienda por la compra subsidiada de unas casas que les vendió una empresa constructura favorecida con múltiples contratos del gobierno. Su exoneración por parte del Secretario de la Función Pública, nombrado por el propio Presidente, causó estupor, aunque no sorpresa, por su pobreza legal y moral.
Mientras tanto, emergen día tras día más pruebas que vinculan, no sólo a la empresa Higa, la de las casas, sino también a la española OHL en escándalos relacionados con la construcción y administración de carreteras en el Estado de México, gobernado hasta hace cuatro años por el ahora presidente Peña Nieto.
Hace unos días el abogado de una empresa que tiene un litigio con OHL por un contrato de vigilancia del aforo vehicular en una carretera, fue detenido sin orden judicial, acusándolo de haber "filtrado" a los medios audios comprometedores que involucran al Secretario de Comunicaciones y Transportes en una trama de ocultamiento de las corruptelas cometidas por la empresa trasnacional. Una investigación independiente por una Comisión Especial del Congreso sería la acción lógica a tomar en un país democrático en este caso, pero la constitución no prevé este mecanismo.
Escándalos de corrupción en los gobiernos estatales y en los poderes judiciales locales y federal emergen casi a diario, involucrando a políticos de todos los partidos. Es preciso poner en el centro de la transformación del Estado mexicano la lucha contra la corrupción, empezando por anular a nivel constitucional el fuero de los políticos y altos cargos, crear la fiscalía independiente, acelerar la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y autorizar legalmente al congreso a cumplir su función de vigilancia e investigación.
Si no hay iniciativa desde la clase política, la presión desde abajo puede dar lugar pronto a resultados insospechados
EEM
