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La tarea pendiente de Peña Nieto en México, la lucha contra la corrupción
Juan Montes, The Wall Street Journal
CIUDAD DE MÉXICOA pesar de una corriente de sonados escándalos en el país y de fiascos históricos en otros países de América Latina durante los últimos años, México está rezagado en sus esfuerzos contra la corrupción.
En la mitad de su mandato de seis años, el presidente Enrique Peña Nieto aún tiene que cumplir sus promesas de campaña de combatir la corrupción. Los críticos dicen que el Congreso mexicano también es reacio a tratar legislación clave destinada a abordar el problema.
Datos del Banco Mundial sobre la percepción de la corrupción en México han empeorado en las últimas dos décadas. Dentro de la región, los malos indicadores de ese país han sido superados solamente por Venezuela, Argentina, Perú y Nicaragua.
El miércoles, la publicación del índice 2015 de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, un ranking de corrupción mundial, mostró que México no ha avanzado. El país obtuvo 35 puntos sobre 100, donde cero indica los más altos niveles de corrupción. México tuvo la peor puntuación entre los 34 estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y aparece en el lugar 95, empatado con Malí, Armenia y Filipinas, entre los 168 países analizados.
"A diferencia de otros países de la región, México ha hecho muy poco en los últimos años para fortalecer sus capacidades e instituciones para luchar contra la corrupción", dijo José Roldán, un experto anticorrupción en la universidad CIDE de México.
A finales de 2014, el propio Peña Nieto, la primera dama y el secretario de Hacienda, se vieron implicados en escándalos inmobiliarios relacionados con la compra de casas a contratistas del gobierno. Los tres negaron las acusaciones.
Pero los escándalos perjudicaron los índices de aprobación de Peña Nieto. En abril, el Congreso de México dio luz verde a cambios constitucionales radicales para crear un nuevo grupo de tareas anticorrupción, incluyendo un fiscal independiente y tribunales especializados.
Nueve meses después, la ley necesaria para nombrar al nuevo fiscal y poner en práctica los cambios sigue estancada en el Congreso, que es controlado por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados.
"El gobierno no ha demostrado en los últimos meses un gran interés en impulsar la legislación pendiente. Están jugando y perdiendo el tiempo", dijo Héctor Larios, un legislador del opositor Partido Acción Nacional (PAN), que ha estado trabajando en la legislación anticorrupción.
El portavoz de Peña Nieto, Eduardo Sánchez, dijo que la ley contra la corrupción sigue siendo una prioridad para el gobierno.
La senadora del PRI Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación de la cámara, dijo que la ley es demasiado compleja para ser aprobada rápidamente, y que el plan es conseguir su aprobación durante la sesión del Congreso que comienza la próxima semana. Las negociaciones sobre los detalles de la legislación, sin embargo, aún no han comenzado.
"No hay falta de voluntad política. Pero esto no es un proceso fácil", dijo Díaz, quien añadió que las nuevas normas requerirán la creación o modificación de más de dos docenas de leyes.
En otras partes de América Latina, la corrupción ha encabezado la agenda. En Brasil, fiscales independientes que investigan un esquema de corrupción dentro del gigante de control estatal Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) han realizado decenas de arrestos, incluyendo el del presidente de la Cámara Baja y el presidente ejecutivo de la constructora más grande de Brasil.
El año pasado, una agencia anticorrupción internacional obligó al presidente en ejercicio de Guatemala a renunciar debido a un complot de fraudes impositivos.
En México, por su parte, una investigación sobre las propiedades de la familia presidencial fue dirigida por un miembro del gabinete y amigo del presidente. La investigación no encontró pruebas de irregularidades.
Un ex jefe del PRI, Humberto Moreira, fue detenido en España y encarcelado durante una semana este mes en el marco de una investigación sobre lavado de dinero. Un juez español lo dejó en libertad la semana pasada por considerar que no había pruebas suficientes para mantenerlo en la cárcel, pero le ordenó permanecer en España mientras se completa la investigación.
Moreira ha negado las acusaciones, y el procurador general de México señaló que no está bajo investigación en el país.
Activistas anticorrupción dicen que el gobierno y el PRI, que tiene la mayoría en la cámara de diputados del Congreso, buscaron el año pasado aprobar un proyecto de ley para regular la contratación pública que no garantizaba la transparencia de las subastas. Después de una protesta pública, el proyecto de ley fue congelado.
"Estos cambios requieren liderazgo, no sólo discursos. Peña Nieto está arriesgando su legado en este tema: si será recordado como un presidente que luchó contra la corrupción o no", dijo Marco Fernández, investigador del centro de estudios Mexico Evaluates, basado en la capital del país, y del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey.
Las acusaciones de corrupción, que van desde el soborno hasta la malversación de fondos, hacen que el gasto público sea ineficaz y ahuyenta la inversión, dice el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), un centro de estudios con sede en Ciudad de México. Según esta organización, la corrupción cuesta a la economía de México unos US$48,000 millones al año, o alrededor de ocho veces el presupuesto anual para programas de desarrollo social.
La implementación exitosa del ambicioso paquete de reforma económica que impulsó Peña Nieto en la primera mitad de su mandato, incluyendo la apertura de la industria petrolera a inversionistas privados, depende de la lucha contra la corrupción, dice IMCO.
"La corrupción es el mayor obstáculo para la competitividad de México", agregó Juan Pardinas, director general de IMCO.
Bajo el nuevo marco de lucha contra la corrupción, un fiscal especial nombrado por el Senado estará a cargo de los delitos relacionados, se fortalecerá una oficina de auditoría federal independiente sobre infracciones administrativa, y se crearán tribunales especiales para casos de corrupción.
Esta legislación federal tendría que ser reproducida en los 32 estados del país. Actualmente, organismos de control internos nombrados por el presidente y por los gobernadores de los estados son los encargados de perseguir y sancionar la corrupción.
Si la ley sigue el mismo espíritu de los cambios constitucionales, "la reforma anticorrupción, sin duda, sería la más ambiciosa en la historia de México", dijo Mauricio Merino, experto en responsabilidad. "No va a resolver la corrupción mañana, pero se abre una puerta para resolverla".
Sin embargo, una buena legislación puede no ser suficiente. En 2015, la unidad anticorrupción especial de México en la Oficina del Procurador General contaba con una plantilla de 12 personas y un presupuesto de US$1,5 millones, en comparación con una plantilla de 1.415 y US$118 millones de la Comisión Independiente Anticorrupción de Hong Kong, a menudo citada como un ejemplo mundial de dichas instituciones.
"La falta de financiación crónica que afecta el sistema judicial también debe abordarse", dijo Fernández de la firma Mexico Evaluates. "Si no, esta reforma no va a funcionar".
LAL
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