Reportajes

Arizona, un caso de estudio sobre los efectos de la salida de indocumentados

2016-02-12

Quienes proponen medidas más drásticas contra la llegada de indocumentados dicen que las salidas...

 Bob Davis,  The Wall Street Journal

MARICOPA, Arizona, EU—Después de que el estado de Arizona aprobó una serie de estrictas leyes antinmigración, Rob Knorr no podía encontrar suficiente mano de obra mexicana para recoger chiles jalapeños. El agricultor redujo de forma significativa sus cultivos e invirtió US$2 millones en el desarrollo de una máquina para quitar los tallos de los pimientos. Su meta era reducir en 90% el número de trabajadores que necesitaba y contratar en su lugar maquinistas estadounidenses con un salario más alto.

“Solíamos tener muchas familias migrantes. Ya no están volviendo”, señala Knorr, propietario de RK Farms LLC.

Pocos temas son más explosivos en la campaña presidencial estadounidense que la inmigración ilegal, que algunos candidatos del Partido Republicano señalan como la responsable de los problemas económicos del país. Arizona es un ejemplo de lo que ocurre en la economía cuando estos inmigrantes se marchan e ilustra las tensiones económicas que nutren el debate sobre el tema en Estados Unidos.

Economistas de creencias políticas opuestas concuerdan en que la economía de Arizona fue golpeada cuando una gran cantidad de inmigrantes indocumentados se fueron a México u otros estados fronterizos, tras una campaña en su contra. También dicen, sin embargo, que la menor competencia por empleos poco calificados ha beneficiado a algunos trabajadores de la construcción y el campo nacidos en el país, quienes consiguieron empleo y aumentos de sueldo, y que las salidas de inmigrantes le han ahorrado al estado dinero en educación y salud. El eje del debate es si esas ganancias hacen que las penurias económicas valgan la pena.

Gordon Hanson, un economista de la Universidad de California en San Diego que ha estudiado el tema para el Council on Foreign Relations, un centro sin afiliación política enfocado en relaciones internacionales, ha detallado cómo una inmigración a gran escala socava los salarios para los trabajadores poco calificados. Hanson dice que Arizona está pagando un precio económico por su decisión. “A medida que EU se sigue recuperando, la economía de Arizona será arrastrada por un crecimiento más lento y por una menor producción para exportar en industrias tradicionales”, como la agricultura, donde los inmigrantes indocumentados juegan un papel determinante, señala.

Quienes proponen medidas más drásticas contra la llegada de indocumentados dicen que las salidas masivas han ayudado a la economía de Arizona de varias formas. El gasto del gobierno en salud y educación para los indocumentados y sus hijos nacidos en EU disminuyó. Por ejemplo, el número de estudiantes de cursos de inglés intensivo cayó a 150,000 en 2008 a 70,000 en 2012 y ha permanecido en ese nivel. Dar clases a 80,000 estudiantes menos le ahorra al estado unos US$350 millones al año. Durante ese mismo período, el gasto anual en salas de emergencia para atender a extranjeros cayó 37%, de US$167 millones a US$106 millones.

Los salarios para obreros, jardineros, trabajadores agrícolas y otros de baja calificación se dispararon debido a la escasez, de acuerdo con empleadores y datos del gobierno federal.

“Pese a que el tamaño del PIB del estado disminuyó, el descenso de la inmigración redistribuyó el ingreso de empleadores a empleados, particularmente en el fondo del mercado laboral”, dice Steven Camarota, director de investigación del Centro de Estudios de Inmigración, una entidad de Washington que favorece una disminución de la inmigración ilegal. “Ese es un buen negocio”.

Entre 2007 y 2012, la población de trabajadores indocumentados de Arizona se redujo en 40%, con holgura el declive porcentual más alto de todo EU, según el Pew Research Center, un centro de estudios sin afiliación política cuyos datos son citados por grupos a favor y en contra de la inmigración. California, el estado fronterizo de mayor tamaño, perdió apenas 12,5% de sus inmigrantes indocumentados durante el mismo lapso.

Dese 2012, la población de inmigrantes sin papeles de Arizona ha crecido muy poco o nada, según economistas y empleadores del estado, así como datos preliminares del Pew. Desde 2007, unos 200,000 inmigrantes indocumentados han dejado el estado, que tiene una población de 6,7 millones de habitantes.

El costo o beneficio de la inmigración ilegal es sorprendentemente difícil de determinar. El estado no tiene estadísticas y las estimaciones varían ampliamente.

En 2004, la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense, un grupo de Washington que busca reducir la inmigración, calculó que los trabajadores indocumentados les costaban a los contribuyentes de Arizona más de US$1,000 millones al año en educación, servicios de salud y encarcelamiento, luego de restar los impuestos estimados que pagaban.

En 2008, Judith Gans, entonces gerente de un programa de asuntos migratorios del Centro Udall para Estudios de Política Pública de la Universidad de Arizona, examinó el tema para todos los inmigrantes, no sólo los indocumentados. Concluyó que los inmigrantes aportaron cerca de US$1,000 millones más en ingresos tributarios anuales de lo que costaron.

A petición de The Wall Street Journal, Moodys Analytics analizó el PIB de Arizona, con el fin de distinguir entre los efectos de las salidas masivas de inmigrantes indocumentados y la recesión que golpeó duramente el estado a partir de 2008. La firma concluyó que sólo las partidas habían reducido el PIB del estado en un promedio de 2% al año entre 2008 y 2015. Debido a ello, la tasa de empleo total del estado fue en promedio 2,5% más baja de lo que habría sido entre 2008 y 2015, según Moodys.

Sin dudas, la recesión también perjudicó la economía del estado. Hanson, el economista especializado en inmigración, dice que el bajón económico llevó a muchos inmigrantes a dejar el estado.

La actividad económica producida por los inmigrantes, lo que los economistas llaman “superávit de la inmigración”, se contrajo debido a que había menos extranjeros comprando ropa y víveres, formando empresas o trabajando.

Por estos días, sectores como la construcción, la jardinería y la agricultura, desde hace tiempo dependientes de la mano de obra inmigrante, se quejan de una escasez de trabajadores. Aunque la competencia por algunos empleos se redujo, ha habido menos vacantes en general para trabajadores nacidos en EU o extranjeros con papeles.

De acuerdo con el análisis de Moodys, los estadounidenses poco calificados y los hispanos con documentos absorbieron menos de 10% de los empleos dejados por los indocumentados desde 2008. En un análisis separado, los economistas Sarah Bohn y Magnus Lofstrom, del Instituto de Política Pública de California, y Steven Raphael, de la Universidad de California en Berkeley, concluyen que el empleo bajó para los trabajadores blancos nativos poco calificados en Arizona en 2008 y 2009, durante el punto máximo de la salida de inmigrantes. El lado positivo: el ingreso medio de los blancos poco calificados que consiguieron empleo subió 6% durante ese período, estiman los economistas.

Entre 1990 y 2005, la población de inmigrantes indocumentados de Arizona se quintuplicó, a cerca de 450,000, según el Pew. A partir de 2004, el estado aprobó una serie de medidas dirigidas a desalentar la inmigración ilegal. Los inmigrantes indocumentados en Arizona, casi 85% de los cuales procede de México, no pueden recibir prestaciones del gobierno, incluyendo la atención hospitalaria que no sea de urgencia. Tampoco tienen derecho a recibir indemnización por daños y perjuicios en demandas civiles. Muchos no pueden obtener licencias de conducir y ni descuentos para residentes en las universidades del estado. Arizona se ganó una reputación nacional por su estricta aplicación de las normas.

Entre los candidatos republicanos, Donald Trump y Ted Cruz proponen un muro en la frontera con México y apoyan una línea dura contra la inmigración. Los demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders permitirían que los actuales inmigrantes indocumentados consigan la ciudadanía y continuarían las medidas de Obama en el tema.

El flujo migratorio en Arizona comenzó a revertirse en 2008 después de que el estado se convirtió en el primero en exigir a todos los empleadores el uso de E-Verify, una herramienta del gobierno que analiza los registros del sistema de Seguridad Social para determinar si el trabajador tiene autorización para trabajar. La ley coincidió con el colapso de la industria de la construcción y con la recesión, lo que llevó a muchos inmigrantes indocumentados a emigrar a México o a estados vecinos.

En 2010, cuando la economía comenzó a recuperarse, la Legislatura de Arizona se dio a la tarea de aprobar nuevas normas antinmigración, como prohibir que jornaleros se pararan en las calles a esperar ser contratados. Esta estipulación fue derogada luego por la Corte Suprema.

“Era como: ¿a dónde se fue todo el mundo?”, dice Teresa Acuña, agente inmobiliaria que trabaja en los barrios latinos de Arizona. Los precios de las viviendas de hispanos se desplomaron mientras que las ventas de víveres y de otros servicios cayeron en los barrios latinos.

Knorr, el cultivador de chiles, cuenta que el año pasado sembró apenas 50 hectáreas, comparado con hasta 220 en años anteriores, simplemente porque no pudo encontrar trabajadores para la cosecha. Para él, la mecanización es el futuro. En la actualidad invierte tiempo y dinero en un aparato guiado por láser para quitar los tallos de los pimientos, algo que ahora se hace a mano. Ofreciendo un salario de US$20 la hora, el agricultor dice que puede contratar maquinistas en universidades de dos años, para depender menos de la mano de obra inmigrante.

“Puedo encontrar empleados calificados en EU”, dice. “No tengo que acostarme con la preocupación de que los trabajadores de la cosecha no lleguen”.

 



LAL