Pan y Circo
Salen salinistas y llegan salinistas
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA, Proceso
En medio de dos crisis, la petrolera, que presagia el fracaso del sector energético, y la sanitaria, que amenaza amplias regiones del país conforme se acerca la primavera, el presidente Enrique Peña Nieto ajustó su gabinete y expulsó a algunos de quienes lo acompañaban desde el inicio del sexenio: Emilio Lozoya Austin, hasta el lunes 8 director de Petróleos Mexicanos (Pemex); y la ahora extitular de la Secretaría de Salud (Ssa), Mercedes Juan López.
La tarde del lunes 8, Peña Nieto dio posesión de la Dirección de Pemex a José Antonio González Anaya, quien hasta entonces era director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), nombrando para encabezar esta institución a Mikel Arriola Peñalosa, quien desde el sexenio pasado se desempeñaba como titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Para la Ssa, Peña Nieto designó al exrector de la UNAM, José Narro Robles.
Los cambios, sin embargo, mantuvieron al salinismo en el entorno del gobierno peñanietista.
El ahora exdirector de Pemex es hijo de Emilio Lozoya Thalmann, un economista que fue secretario de Energía y director del ISSSTE en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con quien sostenía una relación de amistad y de grupo desde las aulas universitarias. El nuevo titular de la petrolera inició su carrera en la Secretaría de Hacienda con Salinas, de quien es concuño, pues está casado con Gabriela, hermana de Ana Paula Gerard, con quien el expresidente contrajo nupcias poco después de concluir su gobierno, en los noventa.
Mercedes Juan López, cuya carrera política estuvo circunscrita a la burocracia del Sector Salud, llegó a ser subsecretaria del ramo en el sexenio de Salinas y luego fue diputada federal en el de Ernesto Zedillo.
La releva Narro, con una larga trayectoria en el ámbito priista, donde fue presidente de la Fundación Cambio XXI (hoy Fundación Colosio), subsecretario de Gobernación en el sexenio de Salinas, para luego convertirse en subsecretario de Salud en el de Zedillo y finalmente construir su carrera a la Rectoría de la UNAM a partir del conflicto universitario de 1999.
No obstante, además de su currículum salinista, Mercedes Juan y Narro Robles, comparten una membresía: la de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), una poderosa organización que incide desde hace décadas en las políticas sanitarias del país, a la que se le atribuye el diseño del Seguro Popular y su consecuente debilitamiento de los sistemas de seguridad social, señalado en diferentes ámbitos especializados por su carácter neoliberal tendiente a la privatización.
La exsecretaria presidió la Funsalud hasta 2012, mientras José Narro aún era miembro de su Consejo Técnico al momento de su designación.
Respecto al nuevo titular del IMSS, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, es hijo de Salvador Arriola Barrenechea, un economista egresado del ITAM, especializado en diplomacia económica multilateral, que desde el sexenio de Miguel de la Madrid se mantuvo como director de Asuntos Hacendarios Internacionales en la Secretaría de Hacienda. Desde ese cargo se convirtió en asesor del Banco Interamericano de Desarrollo y a partir de 1990 fue embajador de México en Uruguay; ingresó luego al Sistema Económico Latinoamericano como secretario permanente y, en 1996 fue embajador de México en Guatemala. Al iniciar el gobierno de Vicente Fox, en 2001, asumió como cónsul en Sao Paulo, Brasil.
Mikel Arriola tiene 40 años y es abogado por la Universidad Anáhuac, con maestría en políticas públicas por la London School of Economics and Political Science y, en derecho por la Universidad de Chicago. Su carrera profesional se inició en 2003 en Banrural, para luego transitar por diferentes cargos de la Secretaría de Hacienda y asumir la titularidad de la Cofepris en 2011, donde permaneció hasta el lunes 8.
Serán ahora Narro más político que médico y Arriola un abogado, quienes enfrentarán la emergencia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud por el virus del zika, así como el dengue y el chikungunya.
La crisis de Pemex
Más allá del reacomodo y la preservación de actores del salinismo, los cambios en el gabinete cumplen con las condiciones características de los demás relevos realizados en la actual administración: escándalos de corrupción, una crisis sectorial y el posicionamiento de un relevo generacional.
El ejemplo es Pemex.
Dicho está que la caída de los petroprecios impactó a la ahora denominada empresa productiva del estado, cuyos pronósticos de desarrollo a partir de la reforma energética naufragaron. Hoy Pemex, otrora sustento económico del país, está al borde de la quiebra, de acuerdo con diferentes publicaciones especializadas.
El martes 9, la edición mexicana de la revista Forbes publicó en su portal electrónico un artículo de Sergio Negrete Vargas, "Proceso de quiebra de Pemex inició: Forbes", donde se explican las diferentes condiciones que han llevado a la exparaestatal a la agonía; y a González Anaya lo describe como un síndico que pilotará el virtual proceso de quiebra:
"Lozoya mantenía una potente inercia institucional en el sentido de mantener el curso que había diseñado para la empresa desde que tomó posesión con el arranque del sexenio, pero en meses recientes se confirmó que Pemex no necesita un médico que haga milagros y cure moribundos, sino un enterrador que reconozca un cadáver, y que entre más rápido se ponga en un ataúd y bajo tierra menor es el riesgo de putrefacción, aparte del contagio presupuestal a su único dueño: el gobierno federal".
El artículo menciona que ahora se tendrá que rescatar con dinero público a Pemex, que Negrete Vargas califica como "una paraestatal zombie"; en tanto, dice, González Anaya es idóneo para la crisis, pues ello implicará despidos en los que podrá aplicar su experiencia en pensiones y jubilaciones.
Ese mismo día, el director editorial de El Economista, Luis Miguel González, publicó un artículo describiendo "la peor crisis" de la historia de Pemex:
"Las pérdidas de los nueve primeros meses del 2015 equivalen a 1,305 millones de pesos diarios, récord en la historia empresarial mexicana. Su deuda equivale a 87,000 millones de dólares, casi 90% más que en el 2012. Su producción está 35% debajo del nivel máximo alcanzado en el 2004. La balanza comercial de petrolíferos registra déficit por primera vez. En el 2013, había un superávit de 20,000 millones de dólares; en el 2015 hay saldo negativo. Además, están los robos: cada día Pemex pierde gasolina, diésel y crudo con valor de 50 millones de pesos.
"La crisis es polimorfa: productiva, financiera, organizacional y de relaciones estratégicas".
El artículo de Luis Miguel González, llama la atención sobre un distanciamiento entre Lozoya Austin y Luis Videgaray en la postura respecto a la petrolera: cuando el titular de Hacienda anunció un programa de apoyo a proveedores, le restó capacidad de interlocución a Lozoya, en tanto, González Anaya llega con el apoyo de Videgaray.
En sus primeras declaraciones González Anaya expuso que su prioridad será cómo realizar recortes sin recurrir necesariamente al despido de personal. Para ello atenderá la instrucción del presidente Peña Nieto el día de su nombramiento: tomar ventaja de los cambios de la reforma energética.
Intereses y escándalos
Más o menos al mismo tiempo del choque de posturas entre Luis Videgaray y Emilio Lozoya, a finales de enero, un escándalo de corrupción implicaba a este último en una trama corrupta de calado internacional.
Desde su unción como director de Pemex, Proceso en sus ediciones 1893 y 1921, dio cuenta de los intereses en conflicto en que se encontraba Lozoya Austin por su anterior empleo como consejero de la constructora española OHL México, que para entonces había sido una importante contratista de la administración de Peña Nieto como gobernador del Estado de México.
Habían pasado cuatro meses desde la designación de Lozoya Austin como titular de Pemex, cuando OHL México obtuvo su primer contrato, el 10 de abril de 2013: una planta de cogeneración eléctrica, en la refinería Francisco I. Madero, Tamaulipas. Si bien OHL se adjudicaba contratos en las obras más importantes del sexenio entre otros la construcción del tren interurbano México-Toluca, Pemex se convertía en un cliente importante.
Entonces ocurrió el escándalo. El 6 de mayo de 2015 se inició la filtración de grabaciones que implicaban a funcionarios del Estado de México y altos directivos de OHL en acuerdos corruptos para adjudicarse el Viaducto Elevado Bicentenario, obra emblemática del sexenio de Peña Nieto en el Estado de México. Siguió otro audio donde se acordaba sobornar a magistrados para ganar juicios sobre terrenos de la misma obra.
Para el 8 de julio pasado se habían filtrado otros audios y el más delicado abordaba el pago de unas vacaciones al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, cuya dependencia habría entregado información para amañar la licitación a la constructora de origen español.
Emilio Lozoya no era el único que había trabajado en OHL. El director de Finanzas de la petrolera, colaborador de Lozoya, fue administrador de la misma constructora. Pero hasta entonces, excepto por los contratos que Pemex había asignado a OHL a través de Pemex Refinación, el escándalo no había tocado al director de la petrolera.
El pasado 26 de enero la filtración de una grabación dejó al descubierto que Juan Miguel Villar Mir, el español presidente de OHL, anunciaba a uno de sus colaboradores que tendría una reunión con Lozoya para acordar un contrato y que el funcionario quería que lo ejecutaran en conjunto con la española Técnicas Reunidas, también contratista de la petrolera.
Ese mismo 26 por la mañana, el director de OHL México, Sergio Hidalgo Monroy, había reconocido que las voces de los diferentes audios filtrados con anterioridad sí correspondían a sus ejecutivos. Horas después apareció la mencionada grabación de Villar Mir que implicaba a Lozoya.
Al siguiente día, el 27 de enero, Videgaray anunció el programa de apoyo a proveedores de Pemex, que fue identificado por Luis Miguel González y otros analistas como el tiro de gracia en la conducción de la política petrolera para Lozoya Austin, quien abandonó el cargo, como otros peñanietistas expuestos:
Humberto Benítez Treviño, quien dejó la titularidad de la Procuraduría Federal del Consumidor en abril de 2013 por el escándalo de prepotencia de su hija, conocido como Lady Profeco; Jesús Murillo Karam, quien dejó la Procuraduría General de la República en febrero de 2015, cuestionado por su "verdad histórica" sobre el caso Ayotzinapa y David Korenfeld, en abril siguiente, quien renunció a la Comisión Nacional del Agua luego de ser expuesto por usar un helicóptero de la dependencia para vacacionar con su familia.
El factor Gerard
La designación de José Antonio González Anaya presenta los mismos señalamientos que en su tiempo se planteaban con Lozoya Austin: un conflicto de intereses personales y de negocios, no sólo por su parentesco político con Carlos Salinas de Gortari, sino por los negocios que sus cuñados Hipólito y Jerónimo Gerard Rivero, realizan con el sector público.
En el caso de Hipólito Gerard, presidente y director de la Constructora y Edificadora GIA+A, tiene contratos millonarios con el gobierno federal para construcción y operación carretera, hospitalaria y carcelaria, como se documentó en este semanario en diciembre de 2014 (Proceso 1990).
La empresa de Hipólito Gerard tiene diferentes asociaciones, entre otras con Assignia, para operar el Hospital General de Ixtapaluca, e inclusive fuera de México, como en Chile, donde se les asignó un hospital en un caso con visos de corrupción en ese país (Proceso 2014).
Entre 2013 y 2014 Assignia obtuvo con Pemex tres contratos que en conjunto superan los mil millones de pesos en obras.
Respecto a Jerónimo Gerard, está el frente del fideicomiso Infraestructura Institucional (I2), dedicada a captar recursos del ahorro para el retiro e invertirlos fondeando a contratistas gubernamentales de obra. Entre sus asociados destaca Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor y financiero de la llamada Casa Blanca de Angélica Rivera, y la de Luis Videgaray en Malinalco.
Una de las empresas de Hinojosa Cantú, Constructora Teya, por cierto, iba en asociación con la empresa de Hipólito Gerard para la cancelada licitación del tren México-Querétaro (Proceso 2014).
La cuestión con González Anaya al frente de Pemex es que I2 es uno de los fondos de capital que integraron Sierra Oil & Gas, la primera empresa petrolera de capital mexicano constituida para posibles negocios gracias a la reforma energética, cuyos accionistas no son transparentes y que en la Ronda Uno ganó los campos 2 y 7 de la primera licitación, en agosto de 2015.
Ya estando González Anaya al frente del IMSS, la trasnacional española Acciona obtuvo un contrato por 623 millones de pesos. Se trata de la principal contratista española en el sector eléctrico mexicano, además de adjudicarse numerosos contratos de construcción de carreteras, puentes y obras hidráulicas. Durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México participó en importantes obras, como el libramiento Acambay, así como los distribuidores viales Aeropuerto Toluca e Ixtapaluca y el Hospital General de Metepec, entre otras.
Por lo pronto, Acciona no tiene contratos identificados en Pemex, de acuerdo con una consulta a los registros públicos de proveedores y contratistas. No obstante, su participación en la construcción y modernización de puertos destaca, por ejemplo, en zonas petroleras como Salina Cruz, Oaxaca. Además, Acciona es un importante socio de la también española Repsol en generación de biodiesel.
Hasta el viernes 12, González Anaya no había efectuado su declaración patrimonial. La última corresponde a su cargo en el IMSS, donde no consignó tener posibles conflictos de intereses, y donde Acciona ya había obtenido el contrato para construir el Hospital Regional de Nogales, Sonora.
JMRS
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