Nacional - Seguridad y Justicia

La prisión preventiva es aplicada de manera excesiva en el país

2016-03-08

En el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, las internas que ejercen el...

César Arellano García, La Jornada

La organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) diseñó un mapa interactivo en su página de Internet donde describe las características de la población que se encuentra en los centros de reinserción social de cada una de las entidades de la República.

En general señala que en el país la prisión preventiva es una práctica que se aplica de forma excesiva, en contravención a lo establecido en los principios del derecho internacional y de los derechos humanos, donde se le reconoce como una medida extraordinaria y excepcional.

Indica que de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, de la Secretaría de Gobernación (SG), hasta octubre de 2015 se reportaron 254 mil 469 personas en situación de reclusión, de las cuales 42.23 por ciento (107 mil 441) se encontraban en prisión preventiva.

Entre los datos detalla la situación en que viven mujeres, personas con discapacidad, menores de edad e integrantes de la población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual.

Asilegal especifica que en México sólo existen diez centros penitenciarios exclusivos para mujeres. Éstos albergan a 4 mil 189 de las 13 mil 448 que se encuentran privadas de su libertad; el resto, 7 mil 712, se localizan en penales mixtos; 46.33 por ciento de las reclusas tienen entre 18 y 30 años de edad.

La información afirma que se ven sometidas a una gran estigmatización y en al menos una decena de cárceles –en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Nayarit y Tamaulipas, entre otras– son obligadas a prostituirse. En el caso de Michoacán, por ejemplo, asevera que de acuerdo con datos oficiales es el estado con mayor cantidad de mujeres procesadas por delitos federales, en los que participaron junto con sus parejas, la mayoría integrantes de la delincuencia organizada.

Mientras, el estado de México y Puebla son dos de las entidades con los peores niveles de hacinamiento de población carcelaria en general. En cuanto al trato dado a las mujeres, el centro de reclusión de Nezahualcóyotl (Bordo de Xochiaca) ha tenido varias denuncias por abuso sexual hacia las internas.

En el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, las internas que ejercen el autogobierno son controladas por grupos delictivos recluidos en el área. También es uno de los estados donde se identificó que existe prostitución femenil al interior de sus centros penitenciarios.

Respecto de los menores de edad, la asociación señala que se tiene un registro de 377 que viven en reclusión y que durante su estancia no cuentan con acceso a guardería o educación básica.

Mención aparte merece la Ciudad de México, pues según el mapa interactivo además de presentar en sus 13 centros penitenciarios problemas de hacinamiento poblacional, prostitución femenil y albergar alrededor de 120 menores –desde meses de nacidos hasta 6 años–, la comunidad lésbico-gay sufre discriminación, abusos y maltratos físicos y verbales.

En general, los datos dan cuenta de las condiciones adversas al respeto a la dignidad, la integridad y la seguridad de las personas privadas de la libertad. Insalubridad, falta de acceso a servicios de salud, condiciones de ingobernabilidad y presencia de autogobierno, así como falta de opciones de desarrollo.

 



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