Nuevo perdón por tortura; habrá tolerancia cero: Renato Sales

Por MARIA VERZA

CIUDAD DE MEXICO (AP) — El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, se unió a las disculpas ofrecidas por las fuerzas armadas y pidió perdón porque policías y militares torturaron a una mujer que se encontraba detenida, un acto que consideró ofende a la ciudadanía y deshonra a las instituciones.

La tortura fue filmada en video y difundida por las redes sociales y la televisión.

Sales se comprometió a tener tolerancia cero ante estas prácticas sin ninguna excepción, dijo que el gobierno será "implacable" en la investigación y sanción de este tipo de conductas y anunció la puesta en marcha de un grupo para reforzar la perspectiva de derechos humanos en las fuerzas de seguridad.

En el video, grabado el 5 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, en el estado sureño de Guerrero, se observa a una joven con la cara cubierta a la que una militar apunta con un fusil a la cabeza y luego una policía federal le cubre la cabeza con una bolsa de plástico simulando asfixiarla.

La tortura por parte de policías y soldados ha sido denunciada por organizaciones nacionales e internacionales desde hace tiempo como una medida frecuente para obtener información o confesiones de sospechosos.

El comisionado dijo que estas prácticas no deben empañar la labor de la mayoría, que son agentes "honestos", pero Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación -el Ministerio del Interior- reconoció que la tortura persiste en "distintos ámbitos" de la cadena de seguridad pública.

En el mismo acto estaba presente el jefe de la policía federal, el general Enrique Galindo, quien anunció la suspensión de tres efectivos de su cuerpo que participaron en los hechos registrados en el video aunque en la grabación sólo se ve a una agente.

"No es cometiendo ilegalidades como se protege a la comunidad", dijo Galindo tras garantizar que la investigación sobre esos hechos continuará.

Las disculpas del comisionado de Seguridad se unen a las dadas el fin de semana por el jefe de las fuerzas armadas, el general Salvador Cienfuegos, en un acto que muchos analistas consideraron sin precedentes.

Los dos militares que también aparecen en el video están arrestados en una prisión militar y Cienfuegos dijo el sábado que además de la justicia castrense serán investigadas por procuradores federales por crímenes contra un civil.

El jueves dos funcionarios federales de seguridad dijeron a The Associated Press que la joven en el video ha estado en prisión por más de un año por cargos de armas. Una de las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a declarar, dijo que la agente federal en el video ha sido identificada y estaba detenida. No ha sido acusada formalmente.

El subsecretario de Derechos Humanos subrayó el lunes que la tortura es "detonador de violencia" y no un factor de seguridad, que daña la confianza en las instituciones. Además aclaró que una investigación basada en la tortura "carece de valor jurídico" y "no garantiza llegar a la verdad".

Estas palabras tienen especial relevancia porque en la mayor investigación en marcha en México, la de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en septiembre de 2014, hay denuncias de que los detenidos en cuyas declaraciones se basa la versión oficial de las desapariciones fueron torturados.

Las disculpas públicas por altos mandos mexicanos son, a juicio de Amnistía Internacional, "un primer paso" que debe impulsar "un nuevo enfoque oficial a la hora de emprender acciones eficaces para sancionar y prevenir las violaciones graves a los derechos humanos".

Por otra parte, en declaraciones al periódico Milenio, el general Jesús Gabriel López Benítez, procurador general de Justicia Militar, dijo que su departamento ha presentado ante la fiscalía mexicana 229 casos de tortura cometidos por militares entre 2007 y 2015 y otros 72 de desaparición forzada.

En diciembre de 2006, el gobierno mexicano inició una lucha frontal contra el crimen organizado en la que los militares han asumido un papel más activo en la seguridad interna y han ejercido tareas policiales lo que según las organizaciones civiles ha conllevado abusos y graves violaciones a los derechos humanos.

En diciembre de 2014, el relator especial de la ONU sobre tortura publicó un informe según el cual esta práctica es una conducta "generalizada" en México.

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