La aritmética de Peña Nieto

Carlos Fernández-Vega, La Jornada

En el clásico ejercicio aritmético-gubernamental (aquel que en materia social siempre suma, nunca resta), el inquilino de Los Pinos llegó a la sesuda conclusión de que si al salario mínimo se le aumentan 2 pesitos por año, como en el transcurso de su sexenio, entonces el resultado es maravilloso, porque tal ingreso no sólo alcanza para vivir dignamente –como obliga la Constitución–, sino que su poder adquisitivo se recupera en términos reales.

Muy al estilo Fox (con su calculadora del cambio), para Peña Nieto 2 más 2 son cuatro, y si se les restan 2 entonces el resultado es 6 positivo. La devastadora pérdida acumulada del poder adquisitivo del mini ingreso no la incluye en su ecuación, porque afea los actos oficiales, como el de la celebración del Día del Trabajo ayer en la residencia oficial, donde el susodicho se aventó la siguiente puntada:

“La recuperación de 5 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo (durante su estancia en Los Pinos, desde luego), proyectando que para diciembre de este año esta proporción se elevará a 6 por ciento… si bien pareciera modesta y pequeña, es la mayor recuperación para un periodo igual en los últimos 36 años”.

Y se quedó tan tranquilo en medio de la desinteresada ovación de los charros sindicales que asistieron a Los Pinos para darle las gracias, señor presidente. Después se quejan de que su nivel de credibilidad está por los suelos, que nadie los toma en serio y que los acusan por decir sandez tras sandez, renglón este en el que suelen ser extremadamente productivos.

Pues bien, la estadística oficial (en la que supuestamente se basa el susodicho) detalla que desde la llegada de Enrique Peña Nieto a la residencia oficial, y con la complicidad del consejo de representantes (gobierno, patrones y líderes obreros) de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el mini ingreso se ha incrementado 8 pesos con 28 centavotes (útiles para adquirir alrededor de medio litro de leche, o 700 gramos de tortilla o poco menos de tres teleras), a razón anual promedio de 2.07 pesotes por año (2013-2016).

Con ese personaje en la residencia oficial, el salario mínimo diario pasó de 64.76 pesos (jornada laboral de ocho horas) a partir del primero de enero de 2013, a 73.04 pesos a partir del primero de enero de 2016. El aumento en el periodo fue de 12.78 por ciento, y el siguiente incremento salarial se ejercería a partir del primero de enero de 2017, mientras el aumento de precios se mantiene más que activo.

De acuerdo con el Inegi, la inflación acumulada en ese mismo periodo (para el caso de 2016 el corte es marzo) alcanza 11.9 por ciento, aunque es necesario subrayar que en materia inflacionaria el presente año tiene nueve meses adicionales por contabilizar, de tal suerte que en el mejor de los casos, y sólo en él, el poder adquisitivo del mini ingreso hoy sería el mismo que cuando Peña Nieto se sentó en Los Pinos.

Lo anterior, desde luego, sin considerar la espeluznante pérdida real acumulada del mini ingreso desde que la cúpula tecnocrática decidió modernizar al país en materia salarial (léase depauperar a los trabajadores, aún más). Así, en más de tres décadas salarios de hambre con un poder adquisitivo que se desplomó en alrededor de 80 por ciento.

No sabe dónde estudió aritmética (de hecho se sabe que no lo hizo), pero el orondo inquilino de Los Pinos, rodeado de aduladores, asegura que con él en la residencia oficial la recuperación del mini ingreso ha sido de 5 por ciento, con ganas de que al cierre de año sea de 6 por ciento. Así es: la cara dura como política de gobierno.

Ante tal panorama, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM contribuye para saber de qué se trata: “en 1987, ante la grave crisis económica, social y política que enfrentaba México, el Estado inició un conjunto de pactos y acuerdos con el objetivo de resolver los principales problemas expresados, entre otros, el grave deterioro de los salarios reales, alta inflación, inestabilidad en el mercado cambiario, fuerte incertidumbre en las perspectivas de la economía internacional, afectando los precios de las materias primas de exportación, incremento de la deuda externa, esta política económica al margen de los trabajadores.

“Como siempre, la realidad demostró que quien pagó la crisis, y hasta la fecha, han sido los trabajadores. El contexto nacional lo muestra cotidianamente, con el profundo proceso de desvalorización sobre la fuerza de trabajo (profundización y sostenida pérdida del poder adquisitivo del salario), precarización del empleo, etcétera.

“Dicho pacto tuvo diez fases y acuerdos hasta establecer la Alianza para el Crecimiento el 26 de octubre de 1996, con vigencia hasta 31 de diciembre de 1997. En ninguno de los pactos, acuerdos, alianzas y demás se cumplió con una política que beneficiara a los trabajadores; desde entonces se violó, por ley, el goce al salario mínimo constitucional.

“El más reciente pacto (por México) refrenda la política de Estado: quienes pagan los costos son las familias de los trabajadores, de los asalariados, quienes han sido condenados a vivir y laborar en condiciones cada vez más precarias, deplorables, mientras los privilegiados son –de nuevo– los grandes capitales nacionales y sobre todo, trasnacionales. El actual salario mínimo garantiza al capital la permanente reproducción de la fuerza de trabajo en condiciones de vida y de trabajo devenida en el sometimiento, así garantiza la existencia y reproducción de la pobreza, contribuyendo a acelerarlas y perpetuarlas.

El 16 de diciembre de 1987, con un salario mínimo de 6.47 pesos se podía adquirir 163.80 por ciento de la Canasta Alimenticia Recomendada; para octubre de 2015 únicamente se podía adquirir 34.05 por ciento de la misma canasta. En ese periodo el poder adquisitivo del salario acumuló una pérdida de 79.20 por ciento.

Hasta allí el CAM, no sin antes recordar que los últimos seis inquilinos de Los Pinos (incluido el actual), en diferentes tonos y fanfarrias, han presumido que el poder adquisitivo del salario se recuperó tanto más cuanto durante su estancia en la residencia oficial.

Y 63 millones de mexicanos en pobreza confirman que tenían razón.

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