México le debe una disculpa a la mujer otomí injustamente encarcelada

Jacobo García, El País

A Jacinta Francisco, indígena otomí, cuerpo menudo y torpe español para defenderse, la condenaron a 21 años de cárcel por un secuestro de seis policías que nunca sucedió.

Pasó tres años en la cárcel y Amnistía Internacional (AI) exige ahora que los responsables de tan absurda condena pidan disculpas públicas.

Una indemnización no resarce "por sí sola el daño ocasionado", señala la organización que sostiene que la indígena ñhañhu (otomí) “fue detenida, procesada y condenada ilegalmente por el delito de secuestro que no cometió", aseguró en un comunicado en el que exige el perdón de la Procuraduría General de la República (PGR).

Jacinta Francisco permaneció más de tres años encarcelada, de 2006 a 2009, acusada del secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes realizaban un operativo para decomisar mercancías piratas en un mercado ambulante de Querétaro. La indígena fue liberada tras la decisión de la Fiscalía de no presentar conclusiones acusatorias en su contra, sin embargo, ésta misma instancia se negó a reconocer su inocencia.

La semana pasada, un tribunal ratificó la sentencia que obliga a la fiscalía (PGR) a disculparse y difundir que es inocente. “La decisión judicial es inapelable, por lo que la PGR está judicialmente obligada a cumplir lo ordenado” insistió AI.

El caso de Francisco movilizó a los organismos de derechos humanos ante el aberrante juicio vivido y una surrealista condena que no cumplió los mínimos estándares. Era difícil creer que una mujer menuda y dos amigas pudieran secuestrar a seis agentes. Durante el juicio, Jacinta no contó con traductor y la PGR presentó pruebas inventadas, según el de DDHH Centro Agustín Pro, que defendió su caso.

Sin embargo, la injusticia no cesa. “A más de seis años de ocurridos los hechos, no ha habido una reparación del daño: Jacinta no ha sido exculpada públicamente, no se ha castigado a los responsables de los abusos y tampoco ha sido indemnizada”, señala la organización.

El caso también atrajo la atención de Amnistía Internacional, que la nombró presa de conciencia.

La organización con sede en Londres exige también que aquellas dos amigas que supuestamente ayudaron a Jacinta puedan escuchar la palabra #perdón# de quien inventó pruebas para que pasaran cuatro años entre rejas.

El rapto imposible (*)

¿Pudo doña Jacinta, una mujer indígena de 1,50 metros de estatura y 80 kilos de peso, secuestrar sin armas a seis policías de élite? Todo el mundo en su sano juicio respondería que no, menos un juez de Querétaro, en el centro de México, que la condenó sin escucharla a 21 años de prisión y la mantuvo entre rejas tres años y un mes. Hasta ayer. La Fiscalía General de la República, abrumada por la presión mediática, no tuvo más remedio que confesar que no tenía pruebas contra Jacinta Francisco Marcial, vendedora de nieves y aguas frescas.

Lo único que acertó a declarar doña Jacinta tras salir de prisión fue: "Contenta". Porque durante los últimos tres años, primero en otomí y luego en el español precario que aprendió en prisión, la palabra que más repitió sin que ni la policía, ni el fiscal ni el juez le hicieran caso fue: "Inocente". Sólo cuando una organización humanitaria decidió tomar su defensa, la justicia empezó a moverse incómoda. Este periódico visitó a doña Jacinta en junio pasado en la prisión de Querétaro. Y en medio del patio, esto fue lo que contó.

Que el 26 de marzo de 2006 seis policías de la Agencia Federal de Investigación, sin uniformes ni placas, llegaron al mercado de Santiago Mexquititlán y que arramblaron con diversa mercancía bajo el pretexto de que se trataba de piratería. Que los comerciantes se enfadaron y les pidieron la identificación. Que los policías se negaron. Que la situación se iba poniendo cada vez más fea hasta que a un jefe policial se le ocurrió una solución: pagarían los destrozos. Que a los comerciantes les pareció bien siempre que uno de los policías se quedara con ellos mientras el resto iba a por el dinero.

También contó doña Jacinta que de aquello no se enteró hasta después de la misa de once. Se acercó a ver el alboroto y fue entonces cuando un fotógrafo la retrató, en actitud pacífica, mirando. Pero fue esa fotografía la que utilizó la policía para detenerla y el juez para condenarla a 21 años sin siquiera escucharla. Ahora que por fin está libre y "contenta", queda otra pregunta más difícil de responder que la que abre esta crónica: ¿cuántas Jacintas más, mujeres indígenas y pobres, dormirán esta noche injustamente en alguna prisión mexicana?

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* Este articulo apareció en la edición de "El País" el Jueves, 17 de septiembre de 2009

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