Cesación de pagos soberana en Puerto rico: No es nada personal

Por Greg Ip, The Wall Street Journal

Casi tres años después que el gobernador de Puerto Rico calificó al pago de su deuda como “una obligación moral”, el estado libre asociado de Estados Unidos está camino a registrar la cuarta cesación de pagos soberana más grande de la historia.

Aunque los mercados no se han inmutado con esta noticia, eso no debería disminuir el significado de este momento. La situación subraya cuánto se ha desvanecido el estigma de un default gubernamental. Los inversionistas serían sabios al incluir a partir de ahora este riesgo en sus cálculos cuando le presten a un gobierno, especialmente debido a que la aritmética sugiere que habrá más cesaciones de pagos en el futuro. Con menos moralidad y más planeación, tanto prestamistas como deudores estarán en mejor posición.

Incluso Alemania está comenzando a aceptar esto. Aún tiene que reconocer explícitamente que Grecia no pagará lo que le debe a Europa, pero un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pactado el miércoles hace que eso sea casi inevitable.

La idea de que el pago de la deuda es una obligación moral sin importar el costo tiene una profunda resonancia cultural. Sin embargo, nunca ha sido una buena guía de la realidad. Incluso sin acceso a un proceso de quiebra formal, cada país sopesa el costo de pagar la deuda contra la pérdida de confianza y atractivo crediticio que implica un default. Las promesas, incluso aquellas incluidas en las leyes y constituciones, siempre están sujetas a los hechos económicos en el mundo real.

Alexander Hamilton, uno de los fundadores de EU, argumentaba a favor de pagar las deudas de la Guerra Revolucionaria más por interés propio que por obligación moral. La infante república necesitaba un crédito sólido para construir una economía y financiar guerras. Pese a esto, según un estudio, Hamilton le dio a los acreedores menos de lo que valían sus préstamos.

Hoy, siete años después de la crisis financiera global, las dinámicas de deuda siguen siendo nefastas. Las deudas son altas y el crecimiento económico es flojo en casi todo el mundo. Cada año desde 2008, Moody’s Investors Service ha rebajado la calificación de países soberanos en más ocasiones de las que las ha subido. En 2007, 57% de los países avanzados tenían calificación Triple A de Moody’s, su nivel más alto. Ahora, solo 39% la tienen.

Este año, Standard & Poor’s rebajó la calificación de cuatro estados de EU y advirtió que 10 más están en riesgo. En un informe reciente dijo que las leyes locales y estatales que protegen a los bonistas a menudo son ajustadas: la capacidad para atraer crédito depende principalmente de los fundamentos económicos “no de las protecciones legales”.

Como territorio controlado por EU, Puerto Rico tiene menos autonomía fiscal y económica que un país soberano, pero más que un estado. Conforme su economía se contrajo de forma estable, el gobierno siguió tomando prestado hasta que la deuda total y las pensiones sin financiamiento alcanzaron US$118,000 millones, o 172% del Producto Nacional Bruto (PNB).

Pese a esto, en 2013, el gobernador Alejandro García Padilla prometió que Puerto Rico pagaría su deuda. “No es solo una obligación moral sino constitucional”, dijo. En 2014, el territorio emitió US$3,500 millones en bonos de obligación general, los cuales tienen las mayores protecciones legales de los diversos tipos de deuda del territorio.

La cesación de pagos está en el horizonte. Un proyecto de ley que acaba de ser negociado entre la Cámara de Representantes de EU, controlada por los republicanos, y el gobierno del presidente Barack Obama crearía una junta supervisora con el poder para reestructurar esa deuda. Los acreedores han contraatacado y algunos han pagado por anuncios que le restregan en la cara a García Padilla su promesa de “obligación moral”.

No es fácil saber qué es menos sincero: la promesa original o las declaraciones de los acreedores que dicen que confiaron en ella. El prospecto que acompañó la emisión de 2014 contaba con 14 páginas de factores de riesgo, incluyendo este: “Nueva legislación podría… autorizar al estado libre asociado buscar la protección de un estatuto que provea el moratorio de reestructuración y leyes similares que afectarían los derechos de los acreedores”. Los compradores, en su mayoría fondos de cobertura, sabían que estaban recibiendo un rendimiento de 8,7%, 5,5 puntos porcentuales más que el bono de mejor calificación del estado de Maryland, a cambio de un elevado riesgo de default.

La junta supervisora es un compromiso sensible. Puede ordenar una reestructuración de deuda y a la vez requerir que esté “ajustada a los mejores intereses de los acreedores” y que se respete la relativa antigüedad entre los acreedores, a la vez que obliga al territorio a reparar sus finanzas.

El resto del mundo se mueve en la misma dirección. Los gobiernos llevan años emitiendo bonos con cláusulas de acción colectiva que previenen que una minoría de acreedores bloquee una reestructuración. Estas cláusulas están siendo fortalecidas ahora para que los potenciales tenedores de bonos que rechacen reestructuraciones, o holdouts, tengan que amasar una importante porción de la deuda total del país, no solo una clase.

Cuando se desató la crisis griega en 2009, la comunidad internacional, temiendo un contagio, pretendió que las deudas del país eran pagables cuando claramente no lo eran. Como resultado, tanto la economía de Grecia como el valor de los bonos gubernamentales del país se fueron a pique hasta llegar a una cesación de pagos formal en 2012.

Un FMI con remordimientos es ahora mucho más insistente respecto a que la deuda impagable sea reconocida como tal. El año pasado, el FMI requirió que los acreedores privados de Ucrania aceptaran recortes como condición para un rescate.

En diciembre, el fondo abandonó una política tradicional que indicaba que el país que recibiera un rescate debía resolver primero cualquier préstamo existente de otro país (como Rusia, a la que Ucrania le debía US$3,000 millones). Eso previene que gobiernos acreedores frenen una reestructuración.

En las negociaciones más recientes de Grecia, el FMI quería que los gobiernos europeos hicieran una rebaja contable de lo que Grecia les debe. Alemania, que se adhiere a una visión de deuda altamente moralista, se había negado. El miércoles, cedió un poco, acordando considerar una reestructuración en 2018 (después de las elecciones).

Eso podría representar un avance y justo a tiempo. Venezuela podría unirse pronto a la lista de países en default: está pasando apuros para pagar US$120,000 millones en deuda en medio de una economía que colapsa y los bajos precios del petróleo. Cualquier reestructuración tendría que lidiar con China, el mayor acreedor del país.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado a los inversionistas que su país “tiene ética, morales y compromisos”. Sentimientos loables, pero los inversionistas deberían ignorarlos y en cambio estudiar las cifras económicas.

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