Summum de la Justicia

Preservemos las instituciones

2016-06-01

El desplazamiento y la invisibilización de los centros de decisión han llevado a la...

José Ramón Cossío Díaz, El País

En las últimas semanas se ha hecho evidente la crisis financiera por la que atraviesa el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión ha declarado que en julio despedirá al 40% de su personal y suspenderá las visitas y los periodos de sesiones programados para este año. La Corte ha considerado que la suspensión a partir de diciembre de las ayudas noruegas, comprometerá su estabilidad presupuestal e institucional. Lo que en ambos casos está en juego es el funcionamiento efectivo de los mecanismos de protección de los derechos humanos en la región y, en el mediano plazo, su sobrevivencia.

Tales noticias han generado diversas reacciones, todas ellas negativas. Pocos Estados nacionales se han manifestado y muchos han guardado silencio. De entre los manifestados, la mayoría ha anunciado que sus propias condiciones económicas les impiden aportar mayores recursos. Los Estados nacionales ajenos al Sistema que durante años hicieron considerables entregas, han decidido no continuar haciéndolo. Tomadas en conjunto, las declaraciones no dan la idea de solidaridad ni generan esperanzas de cambio, menos de solución.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido un factor muy importante de protección de individuos concretos y de racionalización de conductas de autoridades en la región. Nadie puede negar que debido a las actuaciones de la Comisión y la Corte, algunas de las más graves violaciones a los derechos humanos han sido denunciadas, analizadas, juzgadas y reparadas. Tampoco puede negarse que las resoluciones de ambos órganos han construido mejores prácticas de actuación e inhibido algunas de las peores. Igualmente, es difícil negar que el escrutinio de ambos órganos es el único medio de revisión de las conductas de los agentes estatales en contra de la población, ahí en donde los regímenes políticos se han cerrado en sí mismos y arrollado a sus judicaturas.

Si la Comisión y la Corte son organismos relevantes, ¿por qué llevan años de penuria financiera y se encuentran al borde de la crisis institucional? Ante todo, pienso que más allá de retóricas cotidianas, las autoridades estatales no han alcanzado a comprender que los órganos interamericanos forman parte de sus sistemas jurídicos. La manera de proteger los derechos humanos de sus poblaciones pasa por la posibilidad de que sus titulares acudan a ellos para lograr su reparación. Este entendimiento descansa en una peligrosa reconstitución de las nacionalidades,Dproducto de los complejos momentos de cambio que vivimos, de regresos autoritarios, la instauración de populismos y de la pérdida de legitimidad de mucho de lo que se dice y hace políticamente. El desplazamiento y la invisibilización de los centros de decisión han llevado a la ilusoria construcción de poder y dominio mediante el fortalecimiento autoritario de los nacionalismos, como si mandar más adentro, compensará lo mucho que viene dado de fuera.

En este equivocado contexto puede entenderse lo que los Estados americanos están haciendo con los órganos comunes de protección a los derechos humanos. Si algunos de los problemas vigentes vienen dados de fuera en una variedad enorme de formas, parecería más sensato y previsor reforzar el mecanismo de regularidad común. México, por ejemplo, puede dejar caer a la Comisión o a la Corte por suponerlas poco relevantes o por ajustar cuentas con funcionarios o actuaciones. Al hacerlo, contribuirá a dejar sin autoridad supranacional a Centroamérica, con lo cual los problemas de la zona empeorarán y los flujos migratorios hacia México se incrementarán. Con ellos, la delincuencia, la trata de personas y la presión en la frontera norte.

Si los Estados de la región requieren más Estado de derecho, la pérdida de los órganos del Sistema que están tratando de construirlo desde la protección de los derechos humanos, va en sentido equivocado. Ojalá se reflexione y apoye con recursos a los órganos que llevan a cabo esa labor, más allá de las contingencias y los disgustos cotidianos que los propios órganos generan al tratar de imponer racionalidad en países o zonas que poco la tienen.

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José Ramón Cossío Díaz es Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México. Miembro de El Colegio Nacional.



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