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Perdón y templanza: el largo y duro camino de las FARC a la política en Colombia

2016-06-08

"Vamos a ver lo que ofrecen, no puede ser peor a lo que tenemos ahora", dijo Teresa Riva,...

Por Luis Jaime Acosta y Helen Murphy

TORIBIO, Colombia (Reuters) - Durante décadas los vecinos de Toribio, un pueblo enclavado en un fértil valle de las montañas del suroeste de Colombia, han convivido con guerrilleros de las FARC, los han abastecido de suministros y hasta algunos se sumaron a las filas rebeldes.

Mientras se acercan a la firma de un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano para superar cinco décadas de conflicto armado, las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) van a tener que luchar por cosechar apoyo a fin de convertirse en fuerza política, incluso en zonas rurales como esta, donde los rebeldes han contado con un histórico apoyo.

"Yo no quiero saber nada de ellos. Me han causado mucho sufrimiento", dijo Martha Lucía Secue, de 40 años, al recordar entre sollozos el día que las FARC detonaron un autobús repleto de explosivos cerca de la plaza principal de Toribio, mutilando un brazo de su esposo. "Nunca voy a votar por las FARC".

A pesar de eso, los guerrilleros, según analistas, tienen más posibilidades de sentar las bases de un partido en las zonas rurales y remotas donde han operado, lugares donde la presencia del Estado no se siente y los campesinos e indígenas sobreviven de los cultivos ilegales de marihuana y hoja de coca.

"Vamos a ver lo que ofrecen, no puede ser peor a lo que tenemos ahora", dijo Teresa Riva, de 40 años, en su tienda que sirve a los trabajadores de cultivos de marihuana en Tacueyó, un pueblo cerca a Toribio por una carretera sin pavimentar.

Aunque decenas de personas murieron, resultaron heridas o quedaron mutiladas en la región por ataques de las FARC o enfrentamientos entre rebeldes y militares, muchos tienen parientes que se unieron a la insurgencia.

UN TRAGO DIFÍCIL DE DIGERIR

En un intento de pasar a la historia como el hombre que hizo la paz con la insurgencia más antigua de Latinoamérica, el presidente Juan Manuel Santos quiere firmar pronto el acuerdo para acabar con el conflicto que ha cobrado 220,000 vidas.

"Lo que buscamos con el proceso de paz es romper definitivamente el vínculo entre armas y política", dijo Santos, quien duda que la guerrilla tenga acogida entre la opinión pública mientras no modernice su discurso "atrasado" y muy de izquierda.

Para dar una vuelta de página definitiva a la historia más cruenta del país, Santos quiere que los colombianos perdonen a los rebeldes y respalden el acuerdo con un plebiscito.

Pero no es un pedido fácil de digerir para los colombianos.

La sociedad conservadora de Colombia se ha visto obligada a convivir más tiempo que ningún otro pueblo latinoamericano con una guerrilla, que la ha acosado con atentados, secuestros y es acusada de trabajar con los narcotraficantes. Un 90 por ciento de los colombianos rechazan a las FARC, según encuestas.

Muchos quieren ver a los guerrilleros en la cárcel y no haciendo política, en parte porque los escuadrones paramilitares -la otra cara de la moneda del conflicto interno y acusados de atrocidades- terminaron tras las rejas cuando se desmovilizaron.

Sus miembros fueron extraditados a Estados Unidos o pagaron penas de ocho años de cárcel en Colombia. Algunos siguen en prisión.

Como inspiración, las FARC miran al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que hoy gobierna El Salvador años después de haber dejado las armas con el acuerdo de paz en 1992.

Pero a diferencia de lo ocurrido en tierras colombianas, la guerrilla salvadoreña duró poco más de una década con un combate mucho más intenso, contaba con una buena base de apoyo popular y de inmediato se convirtió en la principal oposición al Gobierno.

Colombia, en cambio, tiene un oscuro pasado de intolerancia con los movimientos de izquierda.

CAMPAÑA SILENCIOSA

Con miras en su debut en la política tradicional, los rebeldes quieren concentrarse cerca a las zonas urbanas, pero el gobierno, aduciendo motivos de seguridad, los quiere en las áreas rurales más aisladas.

Aunque las FARC protestan y dicen que el gobierno quiere confinarlas en zonas apartadas, podría ser más fácil sembrar las semillas de un partido político en esas regiones donde nacieron en 1964 en defensa de los derechos de los campesinos pobres.

De todos modos, los analistas aseguran que se necesitan circunscripciones especiales para que los rebeldes puedan llegar al Congreso con menos votos y tengan oportunidad en un sistema electoral burocrático y dominado por partidos tradicionales.

"La idea es montar un frente amplio que permita canalizar ese caudal de personas que hoy no están identificadas con las formas que se está ejerciendo la acción política", afirmó Benkos Biohó, un integrante del equipo negociador de la guerrilla en Cuba.

La Fundación Paz & Reconciliación, un grupo privado de investigaciones sobre el conflicto, calcula que las FARC tienen unos 600,000 simpatizantes, un potencial electoral pequeño en el país de 48 millones de habitantes.

La guerrilla propone un cambio radical al modelo económico y político del país con la nacionalización de la industria petrolera y minera, y renegociar los tratados de libre comercio.

Pero cuando dejen los fusiles, quedará más claro si muchos campesinos los apoyaban por temor o por convicción.

Por lo pronto, los jefes rebeldes en las zonas selváticas y montañosas han estado mostrando un discurso más tolerante, afirma Alcibiades Escué, alcalde de Toribio.

"Han cambiado de comportamiento, de actitud, pasaron de ser agresivos a cierto nivel de tolerancia, bajaron la intensidad", dijo Escué, de 53 años. "Están buscando el diálogo, han dado mensajes de la necesidad de debatir como salida política".

Funcionarios del gobierno creen que la decisión de las FARC de ayudar a erradicar los cultivos ilícitos de marihuana y hoja de coca para sustituirlos por café y frutales, les ha permitido comenzar su actividad política en forma discreta.

UN CAMINO PELIGROSO

"Las FARC tienen una historia de muchos enemigos", dijo Antonio Navarro Wolff, un senador y antiguo guerrillero del disuelto M-19, quien perdió una pierna en un atentado, sobre el peligroso sendero de los grupos rebeldes hacia la política.

Pocos lo saben mejor que Aída Avella, que regresó a Colombia hace dos años tras haber estado exiliada en Suiza por 17. La política de 67 años abandonó su patria luego de que su vehículo fuera atacado con un lanzagranadas en una autopista de Bogotá.

Ella resultó ilesa, pero muchos correligionarios de la Unión Patriótica (UP), un partido de izquierda surgido en 1985 de varios grupos guerrilleros, después de un acuerdo de paz, no corrieron con la misma suerte.

Se calcula que unos 5,000 militantes de la agrupación fueron asesinados por paramilitares en más de una década, incluidos dos candidatos presidenciales.

La violencia ha disminuido en los últimos años y un antiguo militante del M-19, Gustavo Petro, fue elegido a finales del 2011 como alcalde de Bogotá, considerado el segundo cargo político más importante del país después de la presidencia.

Este avance clave de la izquierda ha sembrado esperanzas en algunos de que el balance de fuerzas políticas pueda cambiar poco a poco en Colombia.



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