Nacional - Política

Peña Nieto acepta revisar la reforma educativa para reducir la tensión

2016-07-13

En plena tensión negociadora con la radical CNTE, el Gobierno blandió su gran baza,...

JAN MARTÍNEZ AHRENS, El País

Enrique Peña Nieto dio un golpe sorpresa. Tras años de negativas y forcejeos, aceptó revisar su última y mayor baza política: la reforma educativa. La medida, acordada con el sindicato docente mayoritario, supone en la corta distancia restar argumentos a los belicosos maestros disidentes, que se habían enrocado peligrosamente en su exigencia de que la ley fuese derogada. Pero más allá de ahuyentar la posibilidad de un nuevo incendio, la maniobra supone una señal clara de que el presidente quiere despejar el camino a su partido para las presidenciales de 2018 y evitar que, tras las muertes de Nochixtlán, el conflicto dé más combustible al líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

En plena tensión negociadora con la radical y levantisca Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Gobierno mexicano blandió su gran baza, la revisión de la reforma educativa, en otra mesa y con otro interlocutor. La maniobra le permitió ofrecer algo que había negado durante años sin tener que dar la sensación de haber cedido ante los maestros disidentes.

La oferta gubernamental es de calado. Por primera vez aceptó cambiar la ley, aprobada en 2013 por la mayoría del Parlamento, admitió la necesidad de modificar las evaluaciones docentes, uno de los puntos calientes de la reforma, y como remate ofreció un aumento salarial del 3,5%. Todo un paquete al que añadió un calendario concreto: una semana para presentar un nuevo modelo educativo y 45 días para el rediseño de los exámenes a los profesores.

Como interlocutor eligió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la fuerza mayoritaria en el país y ha mantenido buenas relaciones con el Ejecutivo desde la promulgación de la reforma.

El anuncio cortocircuita una de las principales reclamaciones de la CNTE, la fracción disidente de la SNTE. Embarcada en una larga y violenta lucha con la reforma, esta fuerza ha logrado con sus cortes de carreteras, bloqueos de aeropuerto y quemas de edificios oficiales desestabilizar la implantación de la ley en los estados que controla: Oaxaca y Chiapas. En su argumentario siempre ha figurado el rechazo a la evaluación docente a la que se ha presentado como una gigantesca cuchilla para segar a los disidentes. Pero su combate también, más allá de los contenidos formales, ha supuesto una defensa cerrada de la estructura clientelar que le ha dado poder en el sur. En un universo paupérrimo, con un PIB cinco veces menor que en la capital, la asignación de plazas docentes y destinos, durante décadas en manos de la coordinadora, representaba una de las pocas fuentes de ingresos a las que podían aspirar miles de familias. El pánico a perder el puesto de empleo, la desconfianza hacia un poder lejano y la torpeza del anterior secretario de Educación de presentar la ley como una reforma laboral dieron alas a la contestación. Pero la CNTE, pese a su músculo callejero, nunca gozó de un apoyo social mayoritario en México.

La reforma educativa, con un fuerte respaldo ciudadano, es vista por amplios sectores sociales como una necesidad en un país donde el 80% de los estudiantes suspende o aprueba por los pelos la evaluación internacional PISA. Basada en la imposición del criterio del mérito, la norma acaba con la compra-venta de plazas (100,000 a 200,000 pesos por una) y su heredad. A cambio impone el concurso-oposición y la evaluación de los docentes.

Este último punto, por sus consecuencias laborales en caso de suspender tres veces, se había convertido en uno de los grandes caballos de batalla de la reforma. Incluso el mayoritario SNTE había pedido su revisión, de forma que se ajustase a las diferentes configuraciones educativas de México. “No es lo mismo un profesor de la capital que uno de la sierra de Chiapas”, señaló ayer el líder de la SNTE, Juan Díaz de la Torre.

La cesión del Gobierno ante una fuerza sindical presta al diálogo supone, según los expertos consultados, la apertura de una segunda vía de negociación que puede reducir tensiones y acallar críticas sin ceder ante la CNTE, que exige no sólo la apertura de un debate nacional sobre el modelo educativo, sino la retirada de la ley.

La negociación con esta fuerza había sido rechazada por el Gobierno. Pero la muerte de al menos ocho civiles el pasado 19 de junio en Nochixtlán, en un enfrentamiento entre la policía y los maestros disidentes, forzó la apertura del diálogo.

 



JMRS

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