Nacional - Seguridad y Justicia

Sistema anticorrupción, logro de lucha popular pero con resistencias

2016-07-19

Su paso por el Legislativo incorporó el polémico artículo 29, que exime a los...

Isabel Reviejo

México, 18 jul (EFE).- Con la promulgación de las siete leyes que lo ponen en marcha, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue presentado hoy por las autoridades mexicanas como un logro de la ciudadanía, a pesar de que se le diera la espalda al modificar un punto clave para la transparencia propuesto por la sociedad civil.

En un país en el que la corrupción y la impunidad son males arraigados en gran parte de los servidores públicos, más de 600,000 firmas respaldaron la iniciativa ciudadana 3de3, que pedía que los funcionarios publicasen su declaración patrimonial, fiscal y de intereses gubernamentales.

A pesar de que esta quedó incluida en el paquete de leyes del SNA, bajo el nombre de Ley General de Responsabilidades Administrativas, no lo hizo en su forma original.

Su paso por el Legislativo incorporó el polémico artículo 29, que exime a los funcionarios de publicar sus declaraciones si esto afecta a "la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución".

"Es el granito, la mancha que hay en todo el proceso y que revela todavía un enorme desafío que se tiene en el país para hacer comprender que ser servidor público (...) no es un privilegio de servirse de poder o de contar con inmunidad respecto a la revisión de cuentas", afirma a Efe Marco Fernández, investigador de México Evalúa.

Uno de los artículos de la Ley3de3, el 32, despertó críticas por parte de la confederación patronal mexicana, porque obligaba a presentar sus respectivas declaraciones a toda persona física o moral que reciba recursos públicos.

Finalmente, Peña Nieto cedió a las presiones y vetó este artículo, pero no respondió al clamor ciudadano que pedía eliminar el 29.

De acuerdo con Fernández, "la resistencia que se observó respecto a este punto revela el largo camino que se tiene para ir avanzando con mayor eficacia en el combate a la corrupción de este país".

El grito de los ciudadanos para establecer una lucha real contra la generalizada corrupción está respaldada por las cifras.

Según un reporte de 2015 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMC), el 44 % de las empresas del país reconocen haber pagado un soborno, ya sea a partidos políticos o a funcionarios para "acelerar" los trámites.

A esto se le suma el hecho de que el 14 % del ingreso promedio anual de los hogares mexicanos está destinado a pagos extraoficiales, como indica la organización Transparencia Mexicana.

Haciendo una suerte de "mea culpa", el presidente del Senado, Roberto Gil, reconoció en el evento de promulgación de las leyes del SNA la "bajísima capacidad de respuesta" del Estado para un problema que se fue convirtiendo en el "lubricante de nuestra gobernabilidad".

"Amanecemos en efecto una mañana (...) con la corrupción instalada en la sala, amenazando nuestra convivencia, amenazando la legitimidad del sistema político en su conjunto", afirmó.

Poco después, sacó pecho resaltando que el nuevo sistema es una "victoria de todos" y que, "como dicen por ahí, no lo tiene ni (Barack) Obama".

El SNA se pone en funcionamiento con la meta de paliar una problemática que, según el Banco Mundial, cuesta a México el 9 % de su PIB, aproximadamente 1,5 billones de pesos por año (unos 81.580 millones de dólares).

Y que la inmensa mayoría de las veces queda impune, ya que únicamente el 2 % de los delitos de corrupción son castigados, y siempre es en el caso de mandatos inferiores, reporta el IMC.

Dado que la corrupción no ha de verse como "una debilidad de orden cultural" -según dijo en una ocasión Peña Nieto, quien ahora prefiere referirse al problema como un "cáncer social"-, el SNA tiene que reforzar un punto clave: el funcionamiento institucional, asevera Fernández.

Lo que conseguirá el nuevo sistema es que "la lucha contra la corrupción ya no sea una lucha desarticulada, que no esté fragmentada la labor de las instituciones como ocurre actualmente".

El reto, continúa el también profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, está en configurar un marco jurídico "más sólido" y trabajar por "profesionalizar el Estado mexicano", a través de personas con las capacidades necesarias para su cargo, y que no estén ahí únicamente por sus conexiones políticas.

Aunque esta etapa es un "primer paso" para la lucha contra la corrupción, lo que ya revela todo el proceso es "una sociedad cada vez más indignada sobre un problema grave", y cuya voz tiene que ser canalizada "de forma activa" en el ámbito institucional, concluye el investigador.



JMRS