Summum de la Justicia

Peña Nieto, verdugo mediático

2016-08-17

Kate fue linchada en el tribunal de los medios que siguió, en forma mayoritaria, el...

POR ERNESTO VILLANUEVA, Proceso

El juicio paralelo es el escrutinio, por parte de los medios de comunicación, de un juicio de derecho con el propósito de que se observe puntualmente el debido proceso. Es un mecanismo externo de control y defensa de la legalidad. Sin embargo, muy distintos son los juicios mediáticos que han surgido con el gobierno de Enrique Peña Nieto como vía para realizar ajustes de cuentas con sus adversarios, en una clara violación al principio de seguridad previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Desde el gobierno de Felipe Calderón se inició esta tendencia, que tuvo en los casos de Florence Cassez (quien finalmente fue absuelta por una atendible resolución de la Suprema Corte de Justicia que no resolvió si Cassez era culpable o no de los delitos que se le habían imputado, sino si se había observado o no el debido proceso, empezando por el montaje preparado para los medios por el gobierno federal), de Arturo Beltrán Leyva, quien después de ser abatido por la marina fue cubierto de billetes de dólares estadunidenses por los propios elementos de la Secretaría de Marina y difundidos profusamente por los medios, y del Michoacanazo, que fue ampliamente publicitado y el cual acabó por caerse al ser absueltos todos los presuntos responsables.

Estos casos entrelazaban juicios mediáticos con juicios de derecho a instancias del poder público.

Con Peña Nieto se inauguró una nueva forma de “sancionar” a los adversarios al gobierno: el juicio mediático sin juicio de derecho. Sobra decir que este estilo personal de gobernar se encuentra por entero al margen de la ley y lastima los derechos humanos esenciales de quienes se han visto en estos “casos”. El más emblemático es el de Kate del Castillo, quien sigue pidiendo que la PGR le defina su situación jurídica, lo que hasta ahora, también violando la ley, no ha sucedido.

Kate fue linchada en el tribunal de los medios que siguió, en forma mayoritaria, el guión oficial –filtraciones de por medio de la propia autoridad– para dinamitar la imagen de la actriz, medida que al final del día no logró su cometido, aunque pudo haberlo logrado.

Lo grave es que ese juicio mediático prohibido por la Constitución y la ley fue puesto en marcha por el gobierno federal contra una ciudadana. Lo que en un Estado de derecho hubiera pasado era, primero, integrar una sólida averiguación previa en sigilo, solicitar orden de aprehensión si se tuvieran los elementos requeridos, y después, sólo después, hacer que la información trascendiera a los medios. Pero el gobierno actuó exactamente al contrario de sus atribuciones legales.

El mismo comportamiento ilegal se reprodujo con Lucero Guadalupe Sánchez López, exdiputada local de Sinaloa, quien fue llevada a la hoguera de la inquisición mediática por una supuesta relación con Joaquín Guzmán Loera. El escándalo llegó a tal punto que hasta su desafuero fue solicitado por Ricardo Anaya, dirigente nacional de su propio partido, el PAN, quien incluso amenazó a su fracción parlamentaria en el Congreso de Sinaloa con expulsar de las filas partidistas a quien no votara a favor del desafuero de Sánchez López.

Al final, el Congreso local no desaforó a la entonces diputada, quien los últimos meses presentó permisos para ausentarse de las sesiones. Tampoco Anaya cumplió su palabra y los exdiputados locales del PAN siguen en las mismas filas del partido en Sinaloa. Muchas, muchísimas imputaciones en los medios a la joven sinaloense, pero sin ninguna evidencia ni acción de la autoridad en el marco de la ley.

Otra fórmula fue la de generar incentivos a empresarios o políticos para desgastar a periodistas incómodos ¿Quién, por ejemplo, con dos dedos de frente puede creer que el señor Joaquín Vargas, de MVS, en el interés de “cuidar” su prestigio decide demandar a Carmen Aristegui por el prólogo de un libro siete meses después de que la obra está en circulación? Si tanto le importara su prestigio al señor Vargas, ¿no debió haber demandado enseguida precisamente para evitar que sufriera una afectación en su patrimonio moral que tanto le inquieta?

Sin embargo, distinta fue la postura del gobierno federal a la nota de The Guardian sobre el uso de un lujoso departamento por parte de la primera dama, Angélica Rivera (junto al declarado por ella como suyo en Miami), propiedad de un empresario mexicano que incluso pagó el predial del departamento de la esposa del mandatario.

A la nota del diario británico siguió una fuerte aclaración del vocero de la Presidencia que fue rápidamente desmentida con datos duros del pago del citado predial, incluso por el propio empresario, quien aceptó que sí había pagado el impuesto y sí le prestaba el departamento a la primera dama.

¿No es raro que un “amigo” pague los impuestos nada más y nada menos que de la esposa del presidente de la República? Si la nota de The Guardian fuera falsa, ¿no hubiera bastado que la propia Presidencia hubiera convocado a los medios para verificar que los departamentos están debidamente separados y no se convirtieron en una sola edificación de facto? ¿No genera conflicto de interés, aunque sea aparente, este hecho?

En suma, si se trata de los adversarios, el gobierno de Peña Nieto viola la Constitución y la ley haciendo campañas de desprestigio en la mayoría de los medios mexicanos que tienen intereses económicos con la administración federal. Y en esos casos “olvida” que sólo puede llevar a afecto lo que la Constitución y la ley expresamente le permiten.

Pero si se trata de él o de su familia detectados in franganti violando la ley, también se usa a esa mayoría de medios para desvirtuar la nota, en este caso de The Guardian o de invisibilizarla. El gobierno peñanietista está compitiendo en serio en la carrera por ver quién puede hacer tantas cosas mal y fuera de la ley en el menor tiempo posible. Y la verdad sea dicha, va ganando la competencia, como lo apunta la más reciente encuesta del periódico Reforma, según la cual el 74% de la sociedad desaprueba la gestión de Peña Nieto.



JMRS

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