Nacional - Seguridad y Justicia
Nombramiento de aliado de Peña Nieto como procurador de México desata polémica
Por Juan Montes y Dudley Althaus
CIUDAD DE MÉXICO — La elección por parte del presidente Enrique Peña Nieto de un aliado político cercano para que se convierta en el primer procurador general independiente de México ha generado acusaciones de que tal medida protegerá a su gobierno de la clase de investigaciones para las que se creó el nuevo cargo.
Raul Cervantes, de 53 años, fue confirmado por el Senado la semana pasada después de un proceso acelerado que tomó apenas unas horas con un voto de aprobación casi unánime. Es el tercer procurador general en cuatro años.
Cervantes es un miembro de larga data del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece Peña Nieto, en el cual se ha desempeñado como representante legal y senador. También es primo del abogado personal del presidente y uno de sus confidentes.
Aunque los puestos del gabinete a menudo son otorgados a aliados del mandatario y personal leal al partido, esta nominación está generando controversia debido a una amplia reforma legal que busca mejorar el sistema jurídico del país, en el que sólo un 2% de los crímenes son resueltos, según cifras oficiales.
La reforma permite que la oficina del Procurador General se transforme en una entidad independiente. El nuevo procurador, cuyo período durará nueve años y no podrá ser despedido por el presidente, tendrá libertad para investigar casos de crimen y corrupción pública sin interferencia política.
De acuerdo con la reforma, la persona que sea Procurador General en el momento en que se apruebe la ley de implementación, probablemente el próximo año, automáticamente se convertirá en el Procurador independiente.
Eso pone a Cervantes en línea para asumir el cargo hasta casi 2026, mucho después que el sucesor de Peña Nieto deje su cargo en 2024.
Los líderes civiles y analistas legales de México están preocupados por el nombramiento y lo ven como un plan de Peña Nieto para protegerse y a sus aliados de un posible juicio luego que dejen el poder en poco más de dos años.
“El presidente Peña Nieto está riéndose de los ciudadanos mexicanos con esta decisión”, dijo el abogado Juan Francisco Torres Landa, miembro de México Unido Contra la Delincuencia, un grupo civil compuesto de conocidos abogados, empresarios y ex funcionarios del gobierno que presionan por reformas legales y derechos humanos. “En un momento en que México está ansioso por instituciones de justicia mejores e independientes, él nombra a un miembro activo de su partido con el propósito claro de cubrirse las espaldas cuando ya no sea presidente”.
Un vocero de Cervantes no respondió de inmediato a pedidos de comentarios.
Eduardo Sánchez, portavoz del presidente, afirmó que Cervantes fue nombrado por su experiencia y trayectoria como abogado. Agregó que el voto casi unánime era prueba suficiente de los méritos del profesional.
Fernando Herrera, líder en el Senado del opositor Partido Acción Nacional, dijo que la confirmación fue rápida porque Cervantes tenía una buena reputación como senador y agregó que no había acuerdo con el PRI para que asuma como el primer procurador general independiente.
“Esto será algo que tendrá que ser evaluado en el futuro cuando se discuta la legislación pertinente”, aseveró.
Sin embargo, a muchos analistas políticos en México les preocupa que la rápida designación sea señal de una falta de voluntad política para hacer frente a la corrupción en los principales partidos.
“Es un pacto entre los partidos por la impunidad”, dijo José Antonio Crespo, profesor de política en el Centro de Investigación y Docencias Económicas de Ciudad de México. “¿Para qué sirve el Senado? ¿Para qué sirve la pluralidad y la oposición política?”.
Las encuestas muestran que la corrupción se ha convertido en la principal preocupación de los mexicanos tras una serie de escándalos. Peña Nieto ha tratado de superar acusaciones de conflicto de intereses después de que se reveló hace dos años que su esposa compró una mansión en Ciudad de México gracias a un crédito de un prominente contratista del gobierno. El contralor, nombrado por el presidente, lo declaró libre de toda culpa.
La agitación por el nombramiento de Cervantes se produce cuando investigadores federales lanzan una cacería a nivel nacional de Javier Duarte, que el mes pasado tomó una licencia como gobernador del estado de Veracruz y huyó de la justicia después de ser acusado de malversación y fraude.
Duarte siguió a otros tres ex gobernadores —dos del PRI y uno del PAN — que han desaparecido para evitar cargos penales en Estados Unidos o México. Los gobernadores desaparecidos han negado haber cometido alguna irregularidad.
La oficina del procurador general, a la que responden todos los fiscales e investigadores penales federales, también ha recibido fuertes críticas por su investigación aún no concluyente sobre la desaparición y posible muerte en septiembre de 2014 de 43 estudiantes, presuntamente a manos de la policía local y una pandilla de delincuentes.
JMRS
