Educación

¿Tiene solución el colapso de la educación universitaria venezolana?

2016-11-23

Venezuela es la quinta nación latinoamericana en número de estudiantes matriculados y supera el porcentaje mínimo de investigadores por cada mil habitantes establecido por la Unesco.

Gisela Kozak Rovero, The New York Times

CARACAS – Una verdad, un tanto obvia, es que una educación superior de calidad logra que los países sean más aptos para la competencia global. Lo que no es obvio es que para alcanzar una buena educación, un país necesita mucho más que petrodólares. Y Venezuela es un buen ejemplo.

Según el gobierno venezolano, el país cuenta con dos millones y medio de estudiantes de educación superior y está entre los diez países que más invierten en investigación. Venezuela es la quinta nación latinoamericana en número de estudiantes matriculados y supera el porcentaje mínimo de investigadores por cada mil habitantes establecido por la Unesco.

Además, el gobierno destina al sector educativo el 5,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que lo ubica levemente por encima del promedio en la región que es de 5,2 por ciento. Visto así, es difícil entender por qué nuestras universidades e institutos técnicos atraviesan su peor crisis en más de cinco décadas.

La razón reside en el papel del Estado, que ha pasado de apoyar económicamente a la educación superior a controlarla por motivos políticos. Esto ya pasaba antes de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez pero nunca tanto como ahora.

Un aspecto importante es que las políticas educativas no han sido formuladas por expertos sino por funcionarios sujetos a intereses electorales y particulares sobre el manejo de la renta petrolera. Se ha confundido la equidad en el ingreso estudiantil con el otorgamiento de plazas por parte del ministerio de educación superior y con la prohibición de efectuar exámenes de admisión, sin importar el rendimiento académico ni el número de egresados.

Mientras tanto, el dinero que el sector privado aporta a la educación superior a través de la distintos acuerdos con el gobierno se orienta al gasto burocrático y a proyectos sin trascendencia, contabilizados como inversión.

Por si fuera poco, las cifras oficiales respecto a la productividad de la investigación no se basan en el índice estándar: el número de artículos publicados en revistas arbitradas. La producción de saber ha disminuido respecto a los años noventa y hoy solo generamos el 0,007 por ciento del conocimiento mundial. Los éxitos gubernamentales, por ende, no son tales. En realidad son una mezcla de propaganda y clientelismo.

Para superar la ruina económica y la polarización política, debemos superar la exaltación de la ignorancia en nombre de la justicia social. El gobierno chavista tilda de clasista, racista, neoliberal o colonialista a la docencia y a la investigación que no se pliegan a la ideología oficial. Como académica, pero también como escritora, feminista y activista LGBT, estoy en desacuerdo con que el Estado pretenda decidir cuál saber es válido y cuál no. La libertad académica y de pensamiento no pueden ser confiscadas por una parcialidad política.

¿Alternativas? Otro gobierno que propicie un acuerdo nacional de los partidos políticos (incluidos los oficialistas con credenciales democráticas), las empresas, los gremios, las academias y las instituciones educativas. Esto permitiría hacer una evaluación realista, según los criterios de la Unesco, para establecer el pluralismo académico y político, pues el empeño en promover una educación “socialista” ha significado el adoctrinamiento en nuevas instituciones sin calidad.

Este adoctrinamiento —típico de los gobiernos autoritarios— es uno de los mecanismos del control estatal, pero todavía peor es el recorte presupuestario. Un aspecto dramático ha sido la caída en picada de los salarios: un profesor universitario con doctorado, publicaciones, dos idiomas y quince años de trayectoria gana mensualmente 80,000 bolívares, lo que oscila entre 121 y 40 dólares, dependiendo de si el dinero se cambia a la tasa oficial o a la del mercado negro. El desplome del salario ha provocado que las cinco universidades principales de Venezuela hayan perdido 1600 profesores desde el año 2012. Por ejemplo, la Universidad Simón Bolívar, principal centro de estudios de ciencias aplicadas del país, ha perdido 18 por ciento del personal docente.

No basta con ofrecer salarios atractivos para contrarrestar los efectos de esta fuga de cerebros. La Unesco propone conectar las instituciones nacionales entre sí y conectar estas con otras en el mundo para facilitar la movilidad profesoral y estudiantil. Hay que aprovechar las potencialidades de cada una y no repetir esfuerzos; apoyarse en las tecnologías de la información para virtualizar el campus y democratizar la docencia, y revisar el modelo de escuelas y facultades para fortalecer las ventajas competitivas.

Las políticas de investigación y docencia deben ser decididas por las instituciones y orientadas hacia el crecimiento económico sostenible, sin olvidar la formación humanística para la promoción de una ciudadanía democrática y pluralista.

El enfoque dado a la lucha sindical en las universidades ha incidido en la crisis actual y también debe cambiar. Parte sustantiva del presupuesto de las instituciones se va en jubilaciones de un personal que pasa a retiro con su sueldo completo de por vida tras veinticinco años de servicio; para colmo, en los años ochenta se aupó que el Estado y el gremio docente decidieran los salarios sin mediar diferencias de calidad y localización geográfica ni tampoco los méritos individuales.

Para recuperar la calidad de la educación superior, las universidades deben abrirse a enfoques de financiamiento novedosos. Un cambio importante sería separar las jubilaciones del presupuesto de cada institución, administradas por un organismo nacional con aportes del personal y el Fondo para el Desarrollo Nacional; otro sería establecer un impuesto a los egresados manejado por cada universidad o tecnológico. Asimismo, estas deben ofrecer los sueldos que consideren adecuados.

Por último, si se cumple la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, se contaría con recursos para la investigación universitaria provenientes directamente de la empresa privada sin pasar por la burocracia estatal.

Solo tomando medidas como estas (con el consenso de los actores involucrados) la educación superior podrá colaborar con la indispensable reconstrucción de Venezuela en el futuro.



JMRS