Migración

El obstáculo para los planes de deportación de Trump: las cortes de inmigración saturadas

2016-12-02

Los tribunales serán un gran obstáculo para el presidente electo Donald Trump y sus planes de deportar a hasta 3 millones de inmigrantes que según él tienen antecedentes penales. Muchas de esas deportaciones  tendrían que ser aprobadas por jueces de inmig

Julia Preston, The New York Times

ARLINGTON, Virginia — Al entrar a una corte de inmigración aquí, las escenas que se pueden ver en un día cualquiera evidencian un sistema de justicia en colapso.

En los tribunales saturados, un juez corría de una audiencia a otra, abriendo 85 casos en un solo día, y otros muchos no se quedaron atrás.

El juez en el Tribunal 2 tenía noticias inquietantes para Edhite Pouken Shienji, una mujer de Camerún que buscaba asilo. Después de 14 años de aplazamientos, por fin le programaron una audiencia. Sin embargo, en el último minuto el juez fue reasignado para llevar los casos de algunos migrantes centroamericanos. Su audiencia se pospuso una vez más… hasta 2019.

En el Tribunal 8 hubo una audiencia de deportación para Damián Martínez Huezo, proveniente de México. El juez no tardó en descubrir que se trataba de un bebé de 4 meses que dormía en el hombro de su madre. De alguna manera, el caso del bebé se había separado del registro del de su madre en el tribunal. La desorientada madre, en el juzgado y sin abogado, no tenía idea de cómo solucionar el problema.

El juez solo pudo recomendarle que se asegurara de que Damián estuviera “presente en todas sus próximas audiencias”.

Sobrecargados con más de 520,000 casos pendientes, los tribunales de inmigración de Estados Unidos están yéndose a pique y cada vez fallan más a la hora de tomar decisiones oportunas y justas para las personas que enfrentan la deportación o piden refugio, según entrevistas con abogados, jueces y funcionarios de gobierno. Con muy pocos jueces, secretarios saturados de trabajo y un registro anticuado basado en pilas de archivos de documentos, muchos de los 56 tribunales en todo el país se han paralizado por los retrasos y los colapsos burocráticos.

Los tribunales serán un gran obstáculo para el presidente electo Donald Trump y sus planes de deportar a hasta 3 millones de inmigrantes que según él tienen antecedentes penales. Muchas de esas deportaciones —por lo menos cientos de miles— tendrían que ser aprobadas por jueces de inmigración.

Trump también ha dicho que pretende congelar las contrataciones federales, lo cual evitaría que los tribunales contaran con nuevos jueces y secretarios, quienes son empleados federales. Sin nuevos recursos significativos, las cortes probablemente detendrían las deportaciones de Trump.

En una visita a la corte de inmigración en Denver hace cuatro años, los casos se movían rápidamente, pero los jueces comenzaban a preocuparse porque los retrasos en las audiencias alcanzaban los 18 meses. Ahora, en Denver, la corte con los tiempos de espera más largos del país, la mayoría de los casos se prolongan durante más de cinco años, según los hallazgos de Transactional Records Access Clearinghouse, un grupo de investigación que estudia la información federal. En Arlington, que tiene la reputación de ser una de las cortes mejor gestionadas del país, ocho jueces tienen más de 30,000 casos; algunos programan audiencias para el año 2022.

“El sistema ha estado fracasando, pero ahora está alcanzando un punto crítico”, dijo Benjamin Johnson, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración.

A diferencia de otras cortes federales, que son parte de la judicatura, las cortes de inmigración son dirigidas por el Departamento de Justicia, lo cual hace que estén sujetas a las prioridades políticas cambiantes en Washington.

Los casos pendientes comenzaron a acumularse hace años, cuando el presidente Obama aceleró el cumplimiento de las leyes de inmigración mientras el Congreso frenaba los gastos. Un congelamiento de contrataciones en el Departamento de Justicia bajo el secuestro presupuestal de 2011 a 2014 exacerbó el problema.

En los últimos dos años, la administración obtuvo aumentos para las cortes, y el número de jueces de inmigración ascendió de 65 a 300 actualmente. Pero la contratación de jueces es demasiado lenta. Ya que cada juez completa un promedio de 750 casos al año, las cortes necesitarían por lo menos 520 jueces para eliminar los casos pendientes en un año, de acuerdo con un análisis de Human Rights First, un grupo de veeduría en Nueva York.

La administración de Obama generó la peor crisis después de que el número de familias centroamericanas que cruzaron la frontera sur aumentó en 2014 y lo hizo de nuevo este año. A finales de 2014, funcionarios de justicia ordenaron a las cortes que apresuraran las peticiones de asilo de padres y niños centroamericanos para que fueran prioridad en sus expedientes, por lo que otros casos se retrasaron. Los funcionarios esperaban que los migrantes a quienes se les negaba la residencia fueran deportados rápidamente, con lo que se enviaría un mensaje a otros centroamericanos para que se quedaran en casa.

El juez Paul W. Schmidt señaló el impacto de este decreto desde su puesto en un tribunal austero de Arlington.

“Es un caos total”, dijo en una entrevista, luego de retirarse del puesto de inmigración en junio después de casi dos décadas.

A Schmidt le dieron casos que no eran prioritarios. Pronto, más de 10,000 casos quedaron apilados en su expediente. Las únicas fechas disponibles en su calendario de audiencia estaban a seis años de distancia.

Schmidt recordó el asombro en los rostros de quienes estaban ante él cuando anunciaba la fecha en la que podrían esperar una decisión.

“Se vuelve claro para las personas que esas solo son fechas imaginarias”, dijo. “Eso quita credibilidad a los jueces. Toda la corte pierde credibilidad”.

Paul W. Schmidt, quien era juez de inmigración en Arlington, Virginia, se retiró hace poco. La espera —que puede durar años— por un juicio “le roba la credibilidad a los jueces”, dijo. “Toda la corte pierde credibilidad”. Lexey Swall para The New York Times

El plan acelerado de la administración no tuvo éxito, según reconocen los funcionarios de justicia. En todo el país se abrieron más de 161,000 casos de padres e hijos centroamericanos desde 2014, pero hasta ahora los jueces solo han resuelto cerca de 67,000 —o el 40 por ciento— de ellos, de acuerdo con registros. Otros casos avanzan lentamente mientras los migrantes que temen por su seguridad ejercen presión.

En casi 41,000 de los casos resueltos, los jueces fallaron en contra de los inmigrantes y ordenaron su deportación, según muestran los registros. Pero en la práctica, con los agentes de cumplimiento que tienen órdenes por parte de la administración de darle prioridad a la deportación de criminales peligrosos, se han llevado a cabo pocas deportaciones de familias centroamericanas, en su mayor parte sin antecedentes penales.

“El sistema está ahí para brindar el debido proceso; no está ahí para enviar mensajes de cumplimiento”, dijo Schmidt.

Trump ha dicho que elegirá como su candidato a fiscal general al senador republicano Jeff Sessions, de Alabama, un defensor vigoroso de un fuerte cumplimiento de las leyes de inmigración. Con un amplio poder sobre las cortes de inmigración, Sessions podría asignar a jueces severos y cambiar procedimientos para que el sistema se mueva más rápido en el futuro y sea más restrictivo. Sessions podría eliminar a los cerca de 75 jueces nuevos que fueron seleccionados por la fiscal general Loretta Lynch para así poder elegir jueces a su discreción. Pero podría pasar un año o más antes de que asumieran el puesto.

Además, Sessions no tendría la autoridad para reducir de modo sumario los casos pendientes, dijeron abogados.

Mientras los casos pendientes aumentan, aparecen nuevos problemas. La gente que viene a las cortes con historias urgentes de peligros aterradores que los obligaron a salir de sus hogares se dan cuenta que nadie podrá escucharlos durante años. Las circunstancias cambian, la evidencia envejece, los testigos pierden relevancia. Los casos se traspapelan o se mezclan.

Cuando Reina Rojas de Ayala se registró por primera vez para pedir asilo en Arlington en 2012, tenía el sólido argumento de que estaría en grave peligro si la obligaban a regresar a El Salvador. Para cuando tuvo una audiencia cuatro años más tarde, su causa legal se había atenuado, aunque los peligros en su hogar no lo hicieron.

Ayala, de 37 años, vivía en Virginia con su esposo salvadoreño, un inmigrante legal. Pero ella era indocumentada, y en 2009 fue a El Salvador para intentar obtener documentos que le permitieran regresar de manera legal, y se llevó a dos hijos nacidos en Estados Unidos.

El peligro provino de uno de sus hijos mayores en El Salvador, Samuel Ayala, ahora de 26 años. Exigió dinero, pues decía que necesitaba pagarle deudas a una pandilla de criminales.

“Era violento y me decía que debía tener efectivo”, dijo Ayala. “Le dije que buscara un empleo. Muchas veces me tiraba al suelo y me pegaba”. Por temor a que la asesinara, envió a sus hijos estadounidenses a Virginia en avión mientras ella fue a la frontera para pedir asilo.

Con el paso del tiempo, la pandilla atacó a Samuel. Escapó a Estados Unidos e hizo las paces con su madre. Pero la causa legal de la madre, basada en las amenazas de Samuel, se cayó.

En su audiencia el juez le negó el asilo pero estuvo de acuerdo en rechazar su deportación. Está en un limbo de inmigración, donde le permiten quedarse con su familia pero sin la certidumbre de saber por cuánto tiempo.

Muchos extranjeros no pueden permitirse el pago a los abogados de manera indefinida, y en un sistema tribunal donde no tienen el derecho de contar con asesoría pagada por el gobierno, los voluntarios se muestran reacios a tomar casos que podrían durar años.

Entre quienes necesitaban un abogado está una mujer que cruzó la frontera en agosto de 2014, después de ocultarse durante meses en su propia casa oscurecida en una aldea montañosa salvadoreña para proteger a su familia de una pandilla. Cuando no pudo pagar los 6000 dólares que le exigieron, dijo, fueron a la preparatoria de su hija, la arrastraron a la calle y la golpearon hasta dejarla inconsciente.

“Vi su sangre”, dijo la mujer, de 36 años, quien pidió que solo se le identificara con sus iniciales, Z. A., que se utilizan en su expediente en la corte. Aún temerosa después de dos años en Virginia, en su pequeño apartamento mantiene las luces apagadas y las cortinas cerradas.

La hija tenía cicatrices de la golpiza, lo cual convenció al juez de otorgarle el asilo en enero. Z. A. también debió obtenerlo, pero el gobierno perdió su caso. Necesitó un abogado para recuperarlo, pero ahora el caso de Z. A. solo comenzará a avanzar en una audiencia en mayo próximo.

“Este caso podría terminarse en 10 minutos”, dijo su abogada Christina Wilkes. “Pero la corte está tan saturada, que nadie puede revisarlo”.

Hay algunos beneficios para la gente que está atrapada en las cortes, pues los inmigrantes pueden permanecer legalmente en Estados Unidos y muchos reciben permisos de trabajo mientras sus casos pasan por el sistema.

Pero para quienes buscan asilo la infinita espera puede ser una agonía. Hasta que los aprueben, no pueden ayudar a sus esposos e hijos para escapar de los mismos peligros que provocaron que ellos huyeran.

Otro inmigrante huyó de Etiopía en 2012; se les adelantó a los funcionarios de gobierno que iban a encarcelarlo. Un juez de Arlington programó la audiencia para decidir su caso en mayo de 2019. Su esposa y sus dos hijos pequeños, que aún están en Etiopía, han sido acosados constantemente.

“Mis hijos están sufriendo por mi culpa”, dijo el hombre, quien pidió que se le identificara solo con las iniciales de su expediente, S. Y. “Solía llamarles dos veces al día. Pero ahora dejé de hacerlo porque siento como si estuviera mintiéndoles. Solía ser sociable, pero ahora ni siquiera sé quién soy. Lo único que hago es sentarme solo en mi casa”.



JMRS